Venezuela: fin de año con varias leyes en favor de las mayorías y contra los sectores oligárquicos
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Nuevas leyes, que fueron debatidas por el pueblo y el parlamento, surgieron este fin de año en Venezuela, en un avance de la Revolución Bolivariana. Son leyes para apoyar y proteger los sectores más vulnerables y combatir a los sectores oligárquicos, burgueses y proimperialistas ue tratan de desestabilizar el país y terminar con el proceso revolucionario. He aquí una síntesis de las normas aprobadas:
Ley de Responsabilidad Social de los Medios, incluso los electrónicos
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó este miércoles la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el pasado lunes y que da a la producción nacional protagonismo para la construcción del nuevo modelo comunicacional. La norma, que se aprobó por mayoría calificada, reemplazará a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Resorte), vigente desde el 15 noviembre de 2005.
El Objetivo central del recién aprobado instrumento jurídico, es "establecer, en la difusión y recepción de mensajes la responsabilidad social de los prestadores de servicios de radio y televisión, proveedores de servicios de Internet y medios electrónicos, anunciantes y usuarios (…) para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses".
La Ley prohíbe "en todos los horarios" la transmisión de mensajes que contengan elementos de sexo tipo C, D y E, además de "los que puedan incitar y promover al odio y la intolerancia por razones políticas, religiosas, diferencia de género por racismo o xenofobia".
Del mismo modo, queda prohibido la transmisión de contenido que puedan constituir manipulaciones mediáticas, inducir al magnicidio, hacer apología del delito, fomentar zozobra en la ciudadanía o los destinados a desconocer a las autoridades legítimamente constituidas, entre otros.
Además, la mencionada legislación insta a los proveedores de Internet a establecer mecanismos que permitan restringir la difusión de los mensajes anteriormente mencionados y, en este sentido, el acceso a los portales que los publiquen.
La reformada normativa establece como Producción Nacional a todos aquellos programas que tengan capital, locaciones, guiones, autores, personal artístico y técnico, así como valores de la cultura de Venezuela.
De acuerdo a los argumentos expuestos para su aprobación, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos democratiza la distribución del espectro radioeléctrico, para lo cual reserva espacios de la programación diaria de los medios audiovisuales para difundir producciones nacionales y producciones nacionales independientes.
El texto jurídico de la ley, en su articulo dos, plantea que "la interpretación y aplicación de esta Ley estará sujeta, sin perjuicio de los demás principios constitucionales a la libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos.
Además, contempla la comunicación libre y plural, prohibición de censura previa, responsabilidad ulterior, democratización, participación, solidaridad y responsabilidad social, soberanía, seguridad de la Nación y libre competencia. Desde que se comenzó a debatir, la normativa ha despertado críticas en el sector opositor que afirma que restringe el acceso a Internet.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba, aseguró que Internet no será regulado. Con el instrumento legal "se busca darle un buen uso a este medio informativo, además de velar por la integridad de la población más vulnerable, los adolescentes y niños", apuntó el parlamentario.
Por su parte, el diputado y periodista venezolano, Earle Herrera, explicó que Venezuela no es la única nación del mundo donde se han adoptado leyes para regular el uso de Internet, pues cada ciudadano debe responsabilizarse de los mensajes transmitidos. "La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla un conjunto de prohibiciones contra el anonimato, propaganda de guerra, mensajes de discriminación sexual, agresión a niños, niñas y adolescentes", resaltó el diputado reelecto.
Descartó que la reforma tenga que ver con la campaña desatada por la oposición, que afirma que lo que se planea es una supuesta erradicación de Internet, puesto que se contradice con la realidad venezolana.
El Gobierno de Caracas ha democratizado el acceso a las tecnologías de la información y los medios de comunicación, con el surgimiento de los Infocentros y medios comunitarios, programas que han sido reconocidos a nivel internacional. Lla reforma de Ley busca optimizar el flujo de información y regular a “los medios de comunicación que usan como plataforma el Internet”, no a la red en sí misma.
“Esta Ley, como su nombre lo indica, no busca regular el Internet, busca regular a los medios de comunicación que utilizan como plataforma el Internet, es decir medios electrónicos”, aclaró la comunicadora. El estamento jurídico no contempla el bloqueo de redes sociales, portales de información, observancias de correos electrónicos o conversaciones, ni el establecimiento de censura previa, como ha señalado la oposición venezolana.
Ley de Partidos, reuniones públicas y manifestaciones
La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes en sesión extraordinaria la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, norma que establece que constituye un fraude a los electores las conductas que se aparten de las orientaciones y posiciones políticas que se presentaron como oferta electoral.La Ley busca que exista la correspondencia con lo que se está prometiendo y que no se engañe al pueblo con la intención de conseguir votos.
La ley aprobada contempla que todo ciudadano electo por voluntad popular y de conformidad a la Constitución y las leyes, está sujeto al compromiso electoral plasmado en el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral al momento de inscribir su candidatura. Así mismo, que todos los diputados responderán ante el electorado que los eligió, por sus conductas y acciones en el desempeño de sus funciones parlamentarias en el seno de la Asamblea Nacional y fuera de ella
De acuerdo a las modificaciones introducidas a la ley, en su artículo 30 se considerarán conductas fraudulentas al electorado:
1.- Votar en contra de los postulados del programa de gestión, en términos de su contenido programático y su orientación político-ideológica.
2.- Hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta del programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral y presentada a los electores y electoras durante la campaña electoral.
3.- Hacer causa común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que respaldaron el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral.
4.- Separarse del Grupo Parlamentario de Opinión perteneciente a la organización política o social que lo postuló, para integrar o formar otro Grupo Parlamentario de Opinión contrarios al programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral.
La ley fue sancionada con los votos negativos de Podemos, PPT y Frente Humanista Ecológico “por considerar que varios artículos son inconstitucionales”.
Ley de Educación Universitaria
Asimismo, la ley ratifica la prohibición del cobro de intereses sobre intereses y la capitalización de los mismos, con lo que deben desaparecer los créditos indexados y mecanismos similares, como la cuota balón aplicada en la compra de vehículos. Igualmente, prohíbe los sistemas de información crediticia privados paralelos al que llevará la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y el uso irregular de la información en perjuicio de los usuarios.
La nueva norma otorga al Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional la potestad de establecer los límites máximos y mínimos de títulos de la deuda pública que deberán tener las instituciones del sector bancario, exceptuando los utilizados por el Banco Central de Venezuela (BCV) para actuar en la redistribución de la liquidez del sector bancario nacional. Asimismo, le asigna al BCV la especificación de los términos, limitaciones y modalidades de las transacciones y riesgo de cambio externo con la opinión vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero.
Otras medidas de protección del usuario es que se determinan los supuestos de vinculación con personas naturales y jurídicas y se prohíben las transacciones con empresas o personas relacionadas para evitar fraudes. Esta norma prohíbe a las instituciones bancarias que posean activos que superen 15% del total de los del sector bancario para evitar la concentración de riesgos en instituciones excesivamente grandes.
Cinco leyes para el fortalecimiento del Poder Popular
En Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.011, con fecha del martes 21 de diciembre, fueron promulgadas las cinco leyes que fortalecen la organización del pueblo y coadyudan a la consolidación del Poder Popular, a través del ejercicio de lademocracia protagónica, participativa y revolucionaria. Esras son las leyes para el Poder Popular, para la Planficación Pública y Popular, de las Comunas, del Sistema Económico Comunal y de Contraloría Social, tienen como finalidad construir las bases y los mecanismos para la organización del pueblo en pleno ejercicio del poder que les fue conferido para la consolidación de la sociedad socialista, democrática y de justicia.
Estas cinco normas asientan las bases jurídicas para consolidar el modelo democrático de participación social y promover el desarrollo de las organizaciones sociales, así como también sustentan los preceptos constitucionales que ofrecen plenas garantías al pueblo soberano de desarrollarse como elemento fundamental para el Estado comunal.
La Ley Orgánica del Poder Popular tiene por finalidad desarrollar y consolidar la organización del pueblo, generando condiciones a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de las iniciativas que surjan de la iniciativa popular.
En cuanto a la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, esta normativa facilita la incorporación al sistema de planificación pública a las instancias de carácter ciudadano, como los consejos comunales y las comunas, junto a los organismos gubernamentales. Tiene por finalidad establecer los lineamientos para la organización y funcionamiento de un Sistema Nacional de Planificación, orientado al logro de los objetivos estratégicos del desarrollo económico y social de la Nación.
La Ley Orgánica de Contraloría Social establece competencias de control al Poder Popular para velar por el buen manejo de la administración pública. El texto legal estipula que el objetivo de la referida Ley es establecer las normas, mecanismos y condiciones para la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como medio de participación y de corresponsabilidad de los ciudadanos mediante el ejercicio compartido entre el Poder Público y el Poder Popular.
En el conjunto de leyes, también fue promulgada la Ley Orgánica de las Comunas, la cual, entre otros amplios aspectos que fortalecen al poder del pueblo, establece nuevas figuras como el Banco de las Comunas y la Carta de la Comuna, ésta última contiene las normas de convivencia, la visión del buen vivir y cómo el colectivo puede diseñar el modelo de vida que quiere desarrollar. Esta Ley consolida la conformación de las comunas como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del poder popular, ejercen el pleno derecho de la soberania y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y justicia.
La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal es considerada como la base fundamental para la conformación de un sistema de relaciones de producción en el marco del modelo económico socialista que privilegia la visión colectiva y la organización comunal, en búsqueda de la justicia social, donde el pueblo se convierte en un hacedor de sus cambios. La misma permite a las organizaciones comunitarias su pleno desenvolvimiento en lo económico, en los sistemas de intercambio que permitan su participación en el progreso continuo de los mecanismos socioproductivos del país.
Este grupo de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional la semana pasada y cuya constitucionalidad avaló el Tribunal Supremo de Justicia, abren espacio para la constitución del Estado Comunal, donde las organizaciones populares adquieren un mayor peso en la planificación y toma de decisiones, así como en la contraloría y definición de sistemas macroeconómicos de intercambio y producción.