Venezuela. – PERPETUACIÓN EN EL PODER O PODER POPULAR

Una reforma «diseñada para seguir transfiriendo más poder al pueblo” dijo el presidente venezolano es el contenido del proyecto presentado ante la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) en Caracas que implica reformar 33 de los 350 artículos de la Constitución política del país, aprobada y vigente desde 1999. El proceso de entregar nuevas cuotas de poder decisorio a las organizaciones ciudadanas, en palabras de Chávez, tiene como objetivo continuar rompiendo cadenas y permitir la transformación de la sociedad hasta que «termine de nacer el nuevo Estado y termine de morir la vieja sociedad».

La muerte de la vieja sociedad la estima una etapa en el «proceso de construcción de la patria socialista». El Poder Popular se plantea como una instancia más entre los poderes públicos actualmente vigentes –los básicos de la teoría política clásica: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que suman el Electoral y el Moral–; el debate sobre la reforma constitucional no acabará en la Asamblea Legislativa: requerirá su aprobación por medio de un referéndum.

Todo señala que se abrió una segunda etapa en el debate sobre la reforma, que bien podría extenderse hasta fines de año. Uno de los puntos conflictivos para las atomizadas fuerzas de oposición –entre las que se cuentan desde firmes sostenedores de la democracia representativa hasta sectores golpistas– es la propuesta de ampliar las atribuciones de la Presidencia de la República en orden a designar autoridades locales para la formación de Consejos Comunales con capacidad para proponer y en ciertos casos decidir asuntos –culturales, energía, etc… relacionados con la vida comunitaria.

La oposición, empero, centra sus críticas en dos aspectos de las reformas: la ampliación del mandato presidencial de seis a siete años y la posibilidad de la reelección continuada –mientras cuente con la aprobación ciudadana manifestada en elecciones nacionales–, asunto que parece no importar demasiado a la mayor parte de la ciudadanía, que cuenta –en todo caso– con la posibilidad de revocar el mandato presidencial por referéndum como el que debió sortear el mismo Chávez.

El mismo miércoles 15 de agosto de 2007, luego de haber presentado el presidente el proyecto de reforma a la Asamblea Nacional, diversos personeros de oposición rechazaron la iniciativa –aunque el texto propuesto por Chávez no había tenido tiempo de distribuirse, ni menos de analizarse en profundidad– aduciendo que rompía con el modo de vida nacional. Según la agencia de prensa británica Reuters, el profesor universitario Vicente Carrasquero expresó: «Va a haber resistencia por parte de gente que se va a ver totalmente amenazada en lo que es su forma de concebir la vida».

Cabe señalar que si bien el proyecto definitivo estaba en proceso de distribución, quienes escucharon la intervención de algo más de cuatro horas del presidente ante la Asamblea Nacional, dijeron que éste no presentó sorpresas ni mayores novedades respecto de lo que la Presidencia de la República ha venido señá´lando en los últimos meses.

Otros dirigentes opositores manifestaron que la magnitud de las reformas exigían el llamado a una Asamblea Constituyente con el objeto de que la ciudadanía pudiera discutir sus términos. El proyecto pasará por el tamiz de tres discusiones en el nivel legislativo para consensuarlo e introducir eventuales cambios; posteriormente será en definitiva aprobado o rechazado en un referéndum nacional.

Con miras a ese referéndum las incipientes organizaciones populares ciudadanas se aprestan a abrir un vasto ciclo de discusiones: que nadie llegue al referéndum son saber qué se votará y porqué.

Uno de los asuntos que confía el presidente movilizará las discusiones en el seno de la ciudadanía es el rango que tendrán nuevas definiciones de la propiedad, toda vez que se impulsará –para generar una «nueva geometría del poder»– la propiedad comunal, social y estatal, con el mismo nivel jurídico y de protección que goza en la actualidad la propiedad privada.

Cualquiera que fuere el destino de las reformas propuestas por el presidente Chávez, resulta por lo menos notable que éstas, que persiguen cambiar de manera radical la constitución misma de las relaciones sociales, se propongan dentro de la legislación vigente y en un clima que no parece buscar para ello la ruptura de las normas de convivencia política. Que la mayoría de la oposición vea en el proyecto nada más que la intención de Chávez de perpetuarse en el poder es cuando menos ceguera política y pone en evidencia su incapacidad de articular un discurso en consonancia con la realidad histórica que se abre paso en el país.

Contrario sensu, pensar que las reformas por sí solas son la llave del socialismo del siglo XXI es también falta de visión y expresión de un voluntarismo que fatalmente se estrellará contra la realidad. Las leyes no hacen ni deciden la historia, en el mejor de los casos reflejan cómo las relaciones entre las fuerzas sociales organizadas procuran establecer el marco futuro de los conflictos, pero no siempre –casi nunca, en verdad– el diseño del campo de batalla se corresponderá con el modo en que tendrá lugar la batalla ni en la manera en que se decida.