Dic 11 2014
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Pol铆tica

Verdad y Memoria, pero sin Justicia en Brasil

Ha sido una ceremonia breve, solemne y emotiva, que llev贸 a la presidenta Dilma Rousseff 鈥揺lla misma v铆ctima de la brutalidad de la dictadura, que la tortur贸鈥 a llorar. Luego de trabajar durante dos a帽os y siete meses, de o铆r 1116 testimonios, de ellos 633 en sesiones cerradas, de reunir 4328 p谩ginas que fueron resumidas en un informe final de 976 hojas con otras 700 de 鈥渁djuntos y anexos鈥, la Comisi贸n Nacional de la Verdad oficialmente instalada por Dilma Rousseff termin贸 sus trabajos.

Son 377 personas, en su mayor铆a militares y polic铆as, denunciadas como responsables directos por todo tipo de violaci贸n de derechos humanos en el per铆odo de la dictadura c铆vico-militar que dur贸 21 a帽os, entre 1964 y 1985. Casi todos est谩n muertos, inclusive los cinco generales dictadores. Hay, en la lista, m茅dicos legistas que falsificaron certificados de defunci贸n y diplom谩ticos que controlaban acciones de espionaje y secuestro de brasile帽os en el exterior, con destaque para los que ocuparon puestos en Montevideo y principalmente en Buenos Aires. Un ex ministro de Relaciones Exteriores, Azeredo da Silveira, fue especialmente activo en sus tiempos de embajador brasile帽o en la capital argentina.

El informe suscit贸 elogios del secretario general de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon (ver aparte) y la ira esperada e incontrolada de militares retirados. En la lista de denunciados hay 88 oficiales de las tres fuerzas armadas. Pocos siguen vivos. Uno de ellos, el general del ej茅rcito Nilton Cerqueira, hizo un pronunciamiento que bien refleja el sentimiento de sus pares: 鈥溌縔o, que cumpl铆 la ley, soy el que viol贸 derechos humanos? 驴Y los terroristas? 驴Y la terrorista que hoy preside el pa铆s?鈥.

El general Cerqueira siempre mereci贸 la admiraci贸n de sus compa帽eros por haber matado al ex capit谩n del ej茅rcito Carlos Lamarca, que abandon贸 el ej茅rcito para comandar una organizaci贸n guerrillera. Fue localizado mientras dorm铆a bajo un 谩rbol en el interior de Bah铆a. Estaba desnutrido y enfermo. Su organizaci贸n hab铆a sido diezmada y 茅l deambulaba sin otra compa帽铆a que la de un muchacho de 18 a帽os, 煤ltimo sobreviviente de su grupo. Cerqueira podr铆a haberlo detenido. Prefiri贸 asesinarlo sin darle posibilidad de reaccionar, y se hizo h茅roe.

Por la tarde, el Club Militar, que re煤ne a poco m谩s de 16 mil socios, entre militares retirados, otros en actividad y algunos civiles, divulg贸 un comunicado. Ninguna sorpresa: clasific贸 el informe de la Comisi贸n Nacional de la Verdad como una sarta de 鈥渕edias verdades, calumnias y mentiras enteras鈥. Para el presidente del Club, general retirado Gilberto Pimentel, el texto merece el calificativo de 鈥渞isible鈥.br comision de la verdad2

A lo largo del tiempo en que la Comisi贸n trabaj贸, las fuerzas armadas dejaron claro que no contribuir铆an con ninguna informaci贸n. Hace poco m谩s de un mes, los integrantes de la Comisi贸n obtuvieron indicios concretos de la existencia de al menos dos rollos de microfilms en dependencias del ej茅rcito y la marina en R铆o de Janeiro. Se reunieron con el ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, pidiendo que los rollos fuesen encaminados a la Comisi贸n. A ra铆z de la legislaci贸n que la cre贸, la Comisi贸n ten铆a poder para recurrir a la Justicia y los militares ser铆an obligados a entregar el material solicitado. Sus integrantes prefirieron negociar. Amorim se reuni贸 con el brigadista Junini Saito, comandante de la aeron谩utica, con el general Enzo Peri, del ej茅rcito, y el almirante Moura Neto, de la marina. Los tres respondieron, en mon贸tono un铆sono, que la informaci贸n no ten铆a ning煤n sentido. Los miembros de la Comisi贸n de la Verdad entregaron detalles exactos de la localizaci贸n 鈥揺dificio, piso, sala鈥 de los rollos de microfilms. En vano. Prevaleci贸 la orientaci贸n de no confrontar de manera directa con los militares.

Hubo, a lo largo de sus trabajos, innumerables ocasiones en que los comandantes de las tres fuerzas armadas se negaron claramente a colaborar. Quiz谩 la m谩s impactante haya sido cuando la Comisi贸n pidi贸 que se investigaran nueve unidades militares en que hubo torturas y asesinatos. El pedido inclu铆a fechas, localizaci贸n y nombres de las v铆ctimas y tambi茅n el testimonio juramentado de sobrevivientes.

La respuesta de ej茅rcito, aeron谩utica y marina fue de una iron铆a ol铆mpica: dijeron no haber hallado indicio alguno de 鈥渦so inapropiado de tales instalaciones鈥. Es decir: torturar y asesinar fueron, en determinada 茅poca, los fines apropiados de instalaciones militares en Brasil.

El informe final de la Comisi贸n Nacional de la Verdad poca informaci贸n agrega a lo ya sabido. Trabajos anteriores, como el 鈥淏rasil Nunca M谩s鈥, iniciativa del entonces cardenal arzobispo de San Pablo don Paulo Evaristo Arns, y de su par de la Iglesia Presbiteriana, Jaime Wright, o el informe 鈥淒erecho a la Memoria y a la Verdad鈥, publicado por la Secretar铆a de Derechos Humanos nacional durante la gesti贸n de Paulo Vannuchi, un ex preso pol铆tico, ya hab铆an revelado todo el funcionamiento del terrorismo de Estado, con nombres de torturadores y asesinos, as铆 como los m茅todos de la represi贸n.

Sin embargo, por primera vez los responsables son denunciados bajo el sello de la Presidencia de la Rep煤blica. Y tambi茅n por primera vez se denuncia formal y oficialmente lo ya sabido: la brutalidad fue resultado de un sistema establecido por 贸rdenes directas de los generales que se apoderaron de la presidencia del pa铆s.

Se revelan detalles de los lazos con colaboradores extranjeros m谩s all谩 de la Operaci贸n C贸ndor, se confirma que entre 1971 y 1974 un alto funcionario del Consulado de Estados Unidos en San Pablo visit贸 nada menos que 47 veces la Operaci贸n Bandeirantes, la OBAN, en la 茅poca el principal centro clandestino de tortura y muerte de la ciudad (Dilma Rousseff pas贸 por el lugar).

Se admite que nada menos que 6591 militares de las tres armas fueron perseguidos (muchos de ellos presos y torturados) por no haber adherido al golpe de 1964. Se confirma que entre los articuladores del golpe estaba Julio Mesquita Filho, entonces due帽o del influyente diario O Estado de S.Paulo, y que el propietario de otro gran diario, Folha de S.Paulo, Otavio Frias de Oliveira, no s贸lo colabor贸 prestando veh铆culos de la empresa para el traslado clandestino de secuestrados sino que fue uno de los financiadores civiles de la OBAN.

Un detalle del Informe de la Comisi贸n Nacional de la Verdad caus贸 furiosa irritaci贸n entre los militares: se propone que se inculpe judicialmente a los denunciados y que se revise la Ley de Amnist铆a que protege a los que cometieron cr铆menes de lesa humanidad. Adem谩s de militares, todos los grandes medios de comunicaci贸n tambi茅n critican la iniciativa.

El gobierno, a su vez, prefiri贸 no manifestarse sobre el tema. De alguna manera ha sido la contrapartida por no haber confrontado la negativa de los comandantes militares a colaborar.

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