Argentina. – LA DELGADA LÍNEA ROJA ENTRE EMPRESAS Y RECURSOS DEL ESTADO

El accidente en la Universidad de Río Cuarto donde murieron hasta ahora dos personas, como el paciente fallecido en el Hospital Fernández, tratado con un protocolo de laboratorio extranjero, permite debatir sobre la relación privados-Estado.

El taxista Eduardo D’Angelillo murió en enero de 2007 en el Hospital Fernández de la Capital Federal, pero recién la semana pasada se conoció el caso luego de una investigación publicada por Clarín. Que tuvieran que transcurrir once meses desde el deceso para hablar del tema parece un indicio de que no fue una muerte más, o que hubo poderosos intereses que lograron demorar las circunstancias de ese fallecimiento.

D’Angelillo fue internado en diciembre de 2006 con un infarto de miocardio y se le hizo firmar la aceptación para un protocolo de investigación médica y probar la eficacia de remedios. ¿Qué podía hacer en esas condiciones ese hombre de 65 años, fuera de poner la firma? Le suministraron los medicamentos del laboratorio norteamericano Janssen Cilag, en el protocolo Finesse, que pagaba 18.000 dólares anuales por cada paciente que conseguía el titular de Cardiología, Simón Salzberg.

La figura del conejillo de Indias podría emplearse en este caso. El conejillo, D’Angelillo, murió treinta días después de ser tratado con esos remedios que los norteamericanos experimentan con corazones y arterias ajenas, del barato Tercer Mundo.

¿Habrá sido un caso aislado? No parece porque a raíz de la denuncia judicial de los familiares y de la publicación han salido a luz más informaciones de cómo se experimenta con nuevas drogas y cómo los aprueba la dependencia que certifica los alimentos, medicamentos y tecnología médica, ANMAT.

El director de esa dependencia, Manuel Limeres, declaró que no puede controlar a los médicos sino el resultado final de los ensayos en cuyo caso el medicamento será fabricado y vendido. No se sabe muy bien quién controla a quién ni cómo lo hace, en el caso que lo haga. Sí se conoce que el 80 por ciento de los ensayos corresponden a laboratorios extranjeros y que éstos pagan a clínicas privadas y hospitales públicos según el tipo de experimento. Diez empresas intermediarias los contactan y luego les pagan entre 500 pesos y 45.000 dólares por paciente para los ensayos.

La tasa del taxista fallecido habría sido de 18.000 dólares.

Sería importante que en la etapa que comenzó ayer con la asunción de Cristina de Kirchner se ponga en debate si es correcto o no que los hospitales públicos acepten estos protocolos de laboratorios extranjeros. El Estado va allí a pura pérdida porque pone las instalaciones, el tiempo de sus profesionales y en el mejor de los casos recibe un ‘aporte’ del profesional que arregló con Janssen Cilag o quien fuera. Aparece como sensato prohibir ese tipo de tratos.

La explosión en Río Cuarto

El cinco de diciembre pasado hubo una explosión en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Río Cuarto y murieron el estudiante Juan Andrés Politano (22) y la investigadora Liliana Giacomelli (41). Se teme que no serán las únicas víctimas fatales porque aún están en el Instituto del Quemado, de Córdoba, cuatro heridos en estado gravísimo.

Esa mañana comenzó un incendio en ese laboratorio, aparentemente por la perforación de un tanque de 200 litros de hexano, un solvente de uso muy riesgoso que debería guardarse en lugares bajo techo y ventilados, alejados de la gente.

Sin embargo el tanque que dio lugar al incendio no era el único. Había 18 en esa dependencia, donde se trabajaba en extracción de aceites para la fabricación de biodiésel. Y no estaban en el lugar inadecuado desde un día o dos atrás sino veinte, según los testimonios.

Quienes mandaban en ese lugar, sin ser las autoridades formales, eran las empresas que tenían contratados los experimentos. Los privados, por medio de sus representantes, eran los que decidían si los tachos de hexano quedaban allí o no. Si se trabajaba de noche o de día. La primera víctima del incendio, Politano, le había dicho a su padre: «estamos trabajando de noche, nos acostamos a las 2 de la mañana. Estamos trabajando con hexano, es muy peligroso, por eso necesitamos que haya poca gente en la planta».

O sea que eran conscientes de que era un trabajo de riesgo.

¿Por qué lo hacían? Uno de los sobrevivientes manifestó: «era una bomba de tiempo pero había que seguir trabajando». Tenían que seguir porque las empresas así lo determinaban con una orden o con el retraso de los aportes que habían establecido con la Universidad.

Cómo será que mandaban los privados, que el rector Oscar Spada siguió diciendo después de la tragedia que en ese laboratorio «no se trabajan con productos químicos, porque es una planta donde se hace la extracción de aceites esenciales».

Admitiendo de hecho que no mandaba en el lugar, Spada puntualizó: «en lo que compete al rectorado no tenemos el control absoluto de lo que ocurre en cada una de las áreas, por lo que no puedo decir si se utilizaba o no hexano».

Había 18 tambores con ese solvente pero el rector dijo ignorarlo. Quizás negó conocer los hechos para quedar mejor parado de cara a una investigación judicial, pero es cierto que en el lugar siniestrado mandaban las firmas privadas.

¿Por qué las Universidades públicas, igual que el Conicet y otras dependencias estatales se prestan a convenios poco transparentes con firmas de abultados patrimonios? Estas, a cambio de unos pesos, aprovechan de la mano de obra especializada, los conocimientos y hasta las instalaciones que pertenecen a 37 millones de argentinos.

Que Urquía –dueño y senador– explique

¿Cuáles son las empresas que trabajaban en la planta siniestrada? De movida, el padre del chico Politano, fallecido, manifestó que era una empresa aceitera de General Deheza, otra de Rosario y otra belga, vinculadas entre sí.

Fue el primer impacto directo a la Aceitera General Deheza, que en 2006 se ubicó como la quinta exportadora nacional con 1.360 millones de dólares. Su dueño, Roberto Urquía, es senador nacional y tendrá a cargo la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda.

Posadas las miradas sobre la empresa, un gerente de Recursos Humanos, Miguel Ferrero, trató de aventar sospechas diciendo que AGD era ajena al proyecto. Pero Diego Moitre, decano de la facultad de Ingeniería de la que depende el laboratorio, expresó a todos los medios que uno de los heridos, Diego Bonassa, estaba en el lugar como representante «por su vinculación con General Deheza».

Ante la gravedad del suceso, ¿no habría sido imprescindible que el senador Urquía diera la cara y aclarara si su compañía tenía que ver con los ensayos?

Es que después sucedió aquello de ‘no aclare que oscurece’. Un directivo de la belga De Smet, Carlos Juni, salió a hacerse cargo de los dos heridos en la planta como empleados suyos. Sin embargo esto no puso claridad total, pues en octubre último se inauguró en la zona del Paraná una planta para biodiesel de AGD-Bunge, con tecnología De Smet.

Como se sabe, Bunge es de origen belga y tiene en ese país buena parte de sus operaciones. Lo mejor sería que Urquía diga la verdad y esclarezca su relación empresaria con el laboratorio que se incendió, por su bien y por el del gobierno de Cristina de Kirchner que tanto lo elogió en los últimos años.

¿Es un caso aislado que dos o tres empresas dispongan como dueñas de un laboratorio de una universidad pública?

No. El ingenio Ledesma aprovecha investigaciones de la Universidad de Salta, Pecom Agro (Pérez Companc) hace lo propio con un laboratorio de Ciencias Exactas de la UBA para investigar sobre el cultivo de papa, Techint se aprovecha del Conicet y los ingenieros repatriados, Repsol-YPF succiona a la UTN y demás universidades con su sistema de becas vía fundación YPF, la Universidad de San Juan es socia de la minera Barrick Gold, la Universidad Nacional de Tucumán está cooptada por Minera Alumbrera Limited (MAA), etc…

Esa vinculación crea dependencia. ¿O acaso esas universidades van a proyectar investigaciones y denuncias contra la contaminación de la Barrick o la MAA?

Lino Barañao no parece llegar para cambiar esa dependencia. El sostuvo: «En la Argentina todavía debemos pasar por el proceso de ‘legitimación’ del concepto de empresa en el ámbito universitario. La actividad productiva está todavía asociada al concepto de ‘lucro’ como algo éticamente inaceptable. Debemos pues modificar esta mentalidad y asumir que la creación de riqueza no sólo no es un pecado sino una obligación moral».

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* Periodista. Publicado originalmente en la rebvista La Arena.
Despacho de ARGENPRESS, agencia de noticias independiente argentina.