Argentina: la nueva criminalización (de los movimientos sociales)
C. Korol, M. Svampa, N. Giarracca, R. Gargarella, A. Pérez Esquivel*
Declaraciones como las que vienen realizando los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, identificando a los movimientos piqueteros con la violencia son absolutamente funcionales a las políticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad claman por mayor represión a la protesta social, en nombre de la “seguridad” de los propietarios y del castigo a los desposeídos. Diarios como Clarín, La Nación y los medios de comunicación a ellos asociados se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones.
Quienes firmamos esta declaración no tenemos ninguna relación con el gobierno nacional. Somos críticos de sus políticas, fundamentalmente en lo que éstas tienen de compromiso con las trasnacionales de la minería, del agronegocio, de la energía e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y los derechos humanos. En el marco de los debates de los movimientos populares hemos polemizado muchas veces con posiciones o metodologías utilizadas por uno u otro movimiento piquetero, ligado o no al gobierno kirchnerista. Sin embargo, hemos aprendido de la experiencia argentina que cada vez que comienza a agitarse el “fantasma” de la “violencia” por parte de cierta dirigencia del sistema lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Kosteki y Santillán, o al asesinato de Carlos Fuentealba. Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la “guerrilla fabril”, que crearon el clima para la escalada golpista.
En la actualidad, la criminalización de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales con el delito, estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos y transformando toda protesta en causa penal. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los ’90 hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes.
Quienes impulsan estas políticas de criminalización de los movimientos populares están atacando los derechos humanos y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso de resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalización de los movimientos sociales y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares, frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora y de sus representantes políticos y mediáticos.
* También firman este documento publicado por Página/12, Alejandro Grimson, Horacio Tarcus, Julián Rebón, Atilio Boron, Hernán Ouviña, Mario Pecheny, José Luis Coraggio, Ezequiel Adamovsky, Inés Izaguirre, María Teresa Sirvent, Alberto Binder, Patricia Agosto, Eduardo Rosenzvaig, entre muchos otros docentes e investigadores universitarios.