Argentina: tras 25 años de impunidad juzgan a Videla por crímenes en Córdoba
Alejandro Tesa
Entre marzo y octubre de 1976 fueron fusilados 29 presos políticos confinados en el Servicio Penitenciario Provincial de la ciudad de Córdoba. Comandaba entonces el III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, en tanto que al frente de la IV Brigada Aerotransportada –de la que dependía el Servicio 
Penitenciario– se desempeñaba Juan Bautista Sasiaiñ. La jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano resolvió finalmente procesar al ex dictador Jorge Rafael Videla y otros mandos de la dictadura. Más benévolo fue el destino con su colega Pinochet, al que la justicia –y la política– chilena permitió morir en su cama.
La decisión fue adoptada en el marco de la causa que investiga los 29 asesinatos cometidos durante simulacros de fuga montados por efectivos policiales y miembros de la IV Brigada Aerotransportada que obedecía a Luciano Benjamín Menéndez, quien cumple doble condena a prisión perpetua.
La mayor parte de los asesinatos tuvieron lugar entre abril y octubre de 1976 y se describieron como enfrentamientos en supuestos intentos de fuga. Videla seguirá detenido en la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. Los otros cinco militares seguirán en sus hogares. La jueza Cristina Garzón de Lascano ostenta el récord de militares y policías detenidos en lugares de privilegio.
Además de Videla, el procesamiento comprende a cuatro ex oficiales: el coronel Vicente Meli; los tenientes coroneles Mauricio Carlos Poncet, Raúl Eduardo Fierro y Jorge González Navarro, y el general de brigada Víctor Pino Cano. El tribunal, además, embargó sus bienes hasta por 200 mil pesos. 
Todos tienen más de 70 años y esperan llegar a juicio sin pisar la cárcel: González Navarro y Fierro en sus casas de Córdoba, Meli y Poncet en sus departamentos de Recoleta y Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, respectivamente, Pino Cano en su residencia del exclusivo "country" Las Tortugas, en la provincia de Buenos Aires.
El criterio de Garzón de Lascano se contrapone al de la Cámara Federal de Córdoba, que la semana pasada revocó el arresto domiciliario del gendarme Luis Alberto Cayetano Quijano y lo envió a la cárcel . Y también el del Tribunal Oral Federal 1, que en julio pasado condenó a Menéndez y otros reos a pasar el resto de sus días en la cárcel.
La impunidad de que han gozado los asesinos, nada menos que por 25 años de gobiernos democráticos,,fue consagrada por los gobiernos de Alfonsín y de Menem. Uno con la Obediencia Debida y el Punto Final; el otro con los indultos. A ello se suma que los magistrados que en su momento tuvieron la posibilidad de impedirlos no lo hicieron y los que debieron investigarlos tampoco. El castigo a los asesinos todavía está pendiente.
Totalmente aislados del mundo exterior, los detenidos estaban hacinados en pequeñas celdas, sin las más mínimas condiciones de higiene, obligados a hacer sus necesidades en latas o en el piso, sin ningún elemento personal propio, salvo una manta; con las ventanas de las celdas tapadas y raciones de hambre.
La ferocidad de los asesinos era sólo comparable al placer que visiblemente les proporcionaban sus crímenes, como lo demuestran las palabras algun vez dichas por el general Sasiaiñ: "Les vengo a comunicar que todos ustedes están condenados a muerte. 
Pero no se pongan contentos, pues morirán uno a uno, muy lentamente, de manera que se arrepientan de haber nacido".
Lo ocurrido en la penitenciaría fue reconstruido en base a informes y testimonios de muchos de los 800 presos políticos que pasaron por esa cárcel luego del golpe militar de 1976.