Ayuí Grande: Buscan prevenir otro conflicto de Argentina con Uruguay
Diego Ghersi*
El canciller argentino Héctor Timerman reiteró formalmente al gobernador del Corrientes, Ricardo Colombi, un pedido de información sobre "los antecedentes y la información completa” –con los estudios de impacto ambiental- vinculados a la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí Grande
Se trata del segundo pedido relacionado con el tema. El primero –que jamás tuvo respuesta del Ejecutivo provincial- había sido efectuado el 16 de febrero de 2010, por el entonces vicecanciller Vitorio Taccetti.
El canciller Timerman pretende paralizar las obras hasta que las autoridades nacionales competentes evalúen si dicho proyecto cae en el ámbito de aplicación de los artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 y, por lo tanto, determinar si correspondería someter el mismo a la Comisión Administradora del Río Uruguay, en el marco del mecanismo de información y consulta previas previsto en dicho acuerdo internacional.
El arroyo Ayuí Grande es un afluente del río Miriñay, que cruza los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros antes de su desembocadura en el río Uruguay. Se trata de un arroyo navegable, en una zona de especies vegetales exóticas y protegidas, que también es hábitat de rica fauna. Además, las aguas nutren pastizales de una importante región agroganadera.
Todo el asunto comenzó en 2008 cuando –en forma paulatina- tomó estado público la construcción de un dique –la “Represa Ayuí Grande”- sobre el arroyo homónimo a efectos de crear un lago artificial de 8 mil hectáreas y así disponer del agua que permita el riego de unas 20 mil hectáreas de cultivos de arroz que se instalarían en esa zona.
El proyecto pretende interrumpir el flujo del arroyo Ayuí con una muralla y así crear un lago que facilitará un control de agua para irrigar 28 mil hectáreas de cultivos. Con esa obra desaparecerían 50 kilómetros de costas con sus bosques ribereños y todo su contenido.
Pero más allá de esta inaudita idea, el incidente se complicó todavía más cuando se supo que el consorcio privado impulsor del proyecto era una sociedad constituida entre el vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el empresario húngaro George Soros.
La cuestión es significativa porque da una idea del concepto de negocios que manejan los ejecutivos más encumbrados del multimedios.
Y es que el caso del arroyo Ayuí representa un avance privado sobre bienes públicos que carece de precedentes en la historia argentina<. Represas de estas dimensiones son hidroeléctricas y al servicio de una comunidad, pero nunca en beneficio exclusivo de grupos privados.
Por otra parte, la obra permitiría a sus dueños aumentar exponencialmente su producción de arroz hasta llegar a 120 mil toneladas anuales cuya mayor parte se exportaría a Venezuela, cuestión irónica si se recuerda que el diario del cuál Aranda es vicepresidente ha motorizado una ofensiva antigubernamental cuyo argumento fundamental eran las denuncias por presuntas coimas relacionadas con operaciones comerciales con el país bolivariano, en el marco de lo que se conoce como “El caso de la Cancillería paralela”.
Además, resulta inaudito y sin antecedentes que un emprendimiento privado se apropie de un bien público de esta magnitud, porque –según la Constitución Nacional, el Código Civil y la misma Constitución de Corrientes– los ríos y los arroyos no pertenecen a los propietarios de tierras a su alrededor, sino que son bienes de todos.
Este es precisamente el argumento que utilizan los ambientalistas que han denunciado al pomposamente autodenominado “emprendimiento arrocero más grande del Mercosur”.
Los que se oponen al proyecto señalan también un agravante mayor: tanto la Legislatura como el gobierno de Corrientes lo avalaron en su momento.
La posibilidad de un nuevo enfrentamiento bilateral entre Uruguay y Argentina, de proporciones similares al que se protagoniza en torno a la pastera Botnia, alertó a las autoridades, que dejaron su preocupación por escrito. El 18 de enero de 2010, la Delegación Argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (DACARU) exigió información al gobierno correntino para determinar "el efecto negativo que podría tener que en la Argentina se autorice una obra tal, en momentos en que la Corte Internacional de Justicia delibera sobre la demanda por violación del mecanismo de información y consulta previa del Estatuto del Río Uruguay".
Dada la falta de respuestas previas, la actitud asumida por el canciller Timerman más que una reiteración de pedidos de informes es un verdadero ultimátum que anuncia el fin de una descabellada idea y el retorno, con toda su fuerza, de los controles del Estado.
*Agencia Periodística del Mercsur, UNLP