Nov 13 2008
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Política

Causa AMIA: Piden la indagatoria del ex presidente argentino Carlos Menem

surysur

El ex presidente argentino Carlos Menem fue citado a declaración indagatoria en el marco de la investigación por irregularidades en el juicio por el atentado a la Asociación Israelita Argentina (AMIA) ocurrido el 18 de julio de 1994, en Buenos Aires.
 
El juez federal que entiende en la causa, Ariel Lijo, citó además al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex magistrado Juan José Galeano y al ex comisario Jorge "Fino" Palacios. Se los acusa de protección e impunidad brindada a uno de los involucrados en la causa.
 
Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Alberto Nisman quien asegura que el juez tuvo por probada la visita que le hizo Alberto Kanoore Edul (padre) al ex presidente Menem en la Casa Rosada el 1 de agosto de 1994, en el preciso momento en que se encontraban allanando la vivienda de su hijo y acreditó también el posterior llamado telefónico que efectuó Edul a la oficina de Munir Menem.
 
En tanto, existirían pruebas sobre la vinculación entre Kanoore Edul y Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, y con pedido de captura avalado por Interpol, por su participación en el atentado.
 
El ex juez Galeano, está acusado de dar de baja las intervenciones telefónicas de los abonados de Kanoore Edul, omitir el análisis de elementos secuestrados en uno de los allanamientos a Edul y de la desaparición de los legajos con las transcripciones de las escuchas telefónicas.
 
Si bien Edul era dueño de una empresa textil, se hallaron en su agenda once números de teléfonos y direcciones de talleres mecánicos. Además, se encontró la dirección de Moshen Rabbani.
 
La decisión de Lijo responde a un pedido judicial que hizo en mayo de este año el fiscal Nisman. Entre los delitos mencionados en el escrito, figuran el incumplimiento de los deberes de funcionario público, destrucción de objetos destinados a servir de prueba, falsedad ideológica de instrumento público y falsedad por supresión o destrucción de documentos públicos, delitos por los que les puede corresponder una pena de hasta 21 años de prisión.

 

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