Chile: el caso Clarín y los errores que le dieron el triunfo a Garcés y Pey

El texto de la decisión de CIADI tiene 236 páginas. Darse el trabajo de leerla toma tiempo, pero es instructivo. Porque la decisión del tribunal con más credibilidad y prestigio en el ámbito del comercio internacional, rechaza en casi cien por ciento la versión de los hechos que ha prevalecido en la percepción pública en Chile, una versión única de los opositores a Clarín dentro y fuera del gobierno.

1-. Víctor Pey nunca compró el diario Clarín a su dueño Darío Sainte-Marie, el famoso Volpone.

En el párrafo 179, el tribunal concluye: "El Sr. Pey Casado procedió efectivamente a la adquisición de las sociedades CPP S.A. y EPC Ltda., contrariamente a lo que alega la Demandada [el gobierno de Chile]. En segundo lugar, estima que esta adquisición debe ser considerada como una inversión de acuerdo al artículo 25 del Convenio CIADI".

En otro párrafo (197), el Tribunal comenta la debilidad del argumento del gobierno: "La convicción del Tribunal se ve reforzada por el hecho de que la versión de los hechos defendida de manera activa por el Estado de Chile no se sustenta en ninguna prueba pertinente."

2-. Los verdaderos dueños de Clarín son los herederos de Volpone y de varias personas más a quienes el gobierno pagó una compensación de US$ 9 millones de dólares por una decisión administrativa del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de la Resolución 43 del 28 de abril de 2000.

El párrafo 674 del fallo dice: "En resumen, en este caso concreto, al conceder compensaciones –por razones que sólo ella [la Demandada/gobierno de Chile] conoce y siguen sin explicarse– a personas que, según el Tribunal de arbitraje, no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o rechazar las reivindicaciones del Sr. Pey Casado referentes a los bienes confiscados, la República de Chile cometió una manifiesta denegación de justicia y se negó a tratar a las Demandantes [Víctor Pey et al.] de manera justa y equitativa."

3-. Salvador Allende se apoderó del diario Clarín en 1972 después de haber amenazado físicamente a Volpone, obligándolo a vender el diario a Víctor Pey como testaferro y a salir del país".

No fue considerado. Si bien entre sus argumentos ante el CIADI el gobierno apenas menciona esta versión y no menciona la supuesta amenaza, sí argumenta en contra de la acusación de que el diario fue comprado por testaferros (ver los párrafos 138 y 139). No obstante, en Chile, el gobierno avaló la versión del testaferro y la amenaza como verídica.

La referida versión está basada en lo escrito por el fallecido periodista Román Alegría en su libro Entre dos generales, la que ha sido muchas veces citada por la prensa chilena. Una investigación de CIPER a esta misteriosa aseveración concluyó que, a pesar de algunas evidencias, entre ellas la descripción de riñas entre Allende y Volpone hechas por su viuda Carmen Káiser, la trayectoria de la relación entre ambos en absoluto confirma que Allende le haya arrancado el diario por la fuerza a Volpone.

En la investigación de CIPER queda claro que, si nos remitimos a los hechos, poco después de dejar Chile Sainte Marie seguía vinculado al Presidente Allende. Lo anterior está avalado además, por una carta enviada a Allende desde España –publicada en El Mercurio–, en la que Sainte Marie le muestra afecto y lealtad.

En la carta, de mayo de 1972 (después de la supuesta amenaza de muerte), Volpone le dice a Allende: "a pesar de todo lo que me has pelado y desplumado en nuestra larga y peleadora amistad, yo y Clarín no sólo hemos estado siempre firme junto al pueblo, sino también firme junto a ti".

4-. Víctor Pey es chileno y por lo tanto la compra de Clarín no pudo haber sido una inversión extranjera.

El gobierno ha insistido en la nacionalidad chilena de Pey para argumentar la incompetencia del tribunal, que sólo tiene jurisdicción sobre casos de inversión extranjera. Pey sostiene que fue privado de su nacionalidad por el gobierno de Pinochet y que además, formalmente, renunció a su nacionalidad chilena. La conclusión del Ciadi, después de un largo análisis de la ley chilena y las leyes internacionales, rechaza en el párrafo 323 el argumento del gobierno: "El Tribunal de arbitraje estima que no está en condición de admitir la excepción de incompetencia basada en el argumento de que la primera parte demandante poseía en la fecha pertinente la nacionalidad chilena".

5-. La confiscación de Clarín ocurrió mucho antes de la entrada en vigor del tratado APPI, de marzo de 1994, que rige las inversiones entre Chile y España.

Si bien el Tribunal rechazó el argumento de Pey referido a que la confiscación conformaba una violación continua que seguía desde la época del régimen militar hasta la entrada en vigor del tratado APPI en tiempos de democracia, es en este punto donde se agrega una ironía que se constituye en el triunfo de Víctor Pey.

Este capítulo del fallo (de la página 185 a la 211), es uno de los pocos puntos en discusión en que el CIADI da la razón al gobierno de Chile y en un tema importantísimo. Como el daño ocurrió antes de entrar en vigencia el tratado (1994), Pey no hubiera tenido ningún derecho a reclamar contra Chile, y su petición de compensación hubiera sido rechazada por completo. Pero el gobierno de Chile cometió un grave error que dio vuelta el destino del caso. En abril de 2000, en virtud de la Resolución 43 del Ministerio de Bienes Nacionales, un acto administrativo no judicial, el gobierno decretó que otras personas –y no Víctor Pey– eran los dueños de Clarín y los indemnizó en US$ 9 millones.

En la investigación que hizo CIPER de los hechos, se comprobó en documentos y entrevistas con los actores principales, que la decisión del Ministerio de 2000 tenía como fin anular el litigio con Pey y la Fundación Allende de España en el CIADI, el que ya había comenzado en Wáshington. La resolución lleva la firma del entonces ministro Claudio Orrego, quien reconoció en una entrevista con el autor: "Entiendo que el Comité de Inversiones Extranjeras estaba involucrado. Recuerdo que se invocó el tema internacional [el pleito en el CIADI] como uno de los factores de premura para resolverlo rápidamente."

A juzgar por la reciente decisión del CIADI, al gobierno le salió el tiro por la culata. El Tribunal ha considerado la Resolución 43 una "nueva desposesión" de la propiedad de Víctor Pey que, por haber ocurrido en 2000, cae dentro de la vigencia del tratado entre Chile y España.

En efecto, en el párrafo 600, el Tribunal primero da la razón al gobierno: "Después de examinar los hechos y pretensiones de las partes, el Tribunal llegó a la conclusión de que la expropiación resultante del Decreto Número 165 no se puede considerar un hecho ilícito continuo y no se le pueden aplicar las disposiciones sustantivas del APPI." Pero inmediatamente concluye que la "desposesión" de la Resolución 43 reactiva el vigor del tratado: "En cambio, las disposiciones sustantivas del APPI son aplicables ratione temporis a la violación resultante de la Decisión Número 43 y a la denegación de justicia alegada por las Demandantes, ya que dichos actos son posteriores a la entrada en vigor del tratado."

El reciente vuelco en el caso también determinó el monto y los intereses de la indemnización. El Tribunal rechazó la petición de Pey de ser indemnizado en $517 millones, cálculo hecho sobre los dineros que la inversión de Pey dejó de recibir durante todos los años después de la clausura de Clarín en 1973. En cambio, concedió a Pey $10 millones, prácticamente el mismo monto que el gobierno le adjudicó a Clarín para efectos de la indemnización a otras personas por la Resolución 43. Según el fallo, los intereses corren no desde el año 1973, sino desde 2000, es decir, desde el momento de la "nueva desposesión". La suma llega a superar los US$ 16 millones gracias a otros conceptos de recuperación de gastos en el proceso.

Otra vez Joan Garcés