Colombia, derechos humanos: abogados rechazan injerencia de mandos militares
Los abogados Germán Romero y Jorge Molano, defensores de derechos humanos y representantes de algunas de las víctimas de desaparición forzada en los hechos del Palacio de Justicia rechazaron los pronunciamientos del Comandante de las Fuerzas Militares General Alejandro Navas, relacionadas con el proceso que se adelanta en contra del Coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.
En su pronunciamiento han señalado: “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del estado de derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”.
Adicionalmente indicaron que: “Es inadmisible que una persona que ha sido condenada por un crimen internacional como es la desaparición forzada de personas, sea calificada como héroe nacional. Este tipo de calificaciones desconoce el deber del Estado de garantizar la no repetición de estos crímenes. Nunca un violador de derechos humanos, podrá ser un héroe”.
Precisaron que “En un Estado de Derecho la declaratoria de inocencia de una persona condenada, no es de la competencia del Comandante de las Fuerzas Militares, esta es una labor exclusiva de los Jueces y Magistrados, a quienes se les debe permitir actuar con libertad y tranquilidad”.
Recordaron los abogados en su declaración que “Colombia y la comunidad internacional conocen a plenitud que el Coronel Plazas Vega fue condenado por la justicia colombiana, en un proceso en el que ha contado con la plenitud de las garantías, teniendo para ello como base sólidas bases probatorias”.
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EEUU: en Colombia se respetan los derechos humanos
Estados Unidos "certificó" que el Gobierno de Colombia respeta en general los derechos humanos, aunque critica que aún existen "problemas significativos", como las amenazas y ataques a activistas, informó hoy el Departamento de Estado.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EEUU informó sobre la certificación, enviada al Congreso el 8 de septiembre y que da vía libre a la rama legislativa para desembolsar los fondos restantes asignados para el año fiscal 2011 a las Fuerzas Armadas colombianas.
"Durante el periodo de certificación, el Gobierno colombiano tomó una serie de pasos importantes para mejorar el respeto a los derechos humanos, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en el país en general", indica el comunicado. Desde que llegó al poder en agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos ha "firmado un nuevo Código Penal Militar, facilitado el nombramiento de una fiscal general tras un vacío de 16 meses y ha apoyado los esfuerzos contra la corrupción de las autoridades judiciales", asegura el Departamento de Estado.
Además, señala, ha "fortalecido los esfuerzos para desmantelar a grupos armados ilegales, y firmado leyes que endurecen las penas para los delitos contra activistas de derechos humanos", entre otros pasos. Sin embargo, los ataques a ese colectivo siguen produciéndose y a medida que el Gobierno colombiano ha avanzado en su política de restitución de las tierras usurpadas por culpa de la violencia, "las bandas criminales se han enfocado en los activistas" de esa área, de los cuales "más de una docena" han resultado muertos este año.
Las organizaciones no gubernamentales del país siguen denunciando que "el gobierno no está protegiendo eficazmente a los activistas", y abogan por "una estrategia de seguridad integral que permita la implementación efectiva de la Ley de Tierras sin violencia". La nueva fiscal general, Viviane Morales, "se ha comprometido a mejorar la administración de justicia y ocuparse del trabajo atrasado en casos pendientes de derechos humanos", asegura el gobierno estadounidense. Entre ellos, hay "alrededor de 1.500" presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales.
Wáshington pidió al gobierno colombiano que apoye a Morales en su cometido "con los recursos apropiados y una determinación política clara". Por su parte, las Fuerzas Armadas —tanto militares como policía— deben "centrarse en el largo proceso de construir una cultura de derechos humanos dentro de sus instituciones". En concreto, Washington llama a restaurar la confianza "en aquellas comunidades más afectadas por el conflicto", donde "persisten las alegaciones de connivencia" entre las fuerzas oficiales y los grupos criminales.
Además de determinar los fondos aportados a las Fuerzas Armadas colombianas, el respeto a los derechos humanos puede ser un factor determinante en el progreso del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., tras el plan de acción suscrito el pasado abril entre Santos y el presidente estadounidense, Barack Obama. EFE
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