Colombia. – EL IMPERIALISMO ECOLÓGICO

La esencia del Imperialismo es la depredación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo realizada por los consorcios del capital financiero, y que en fase actual ha llegado a desarrollar tres características básicas no poseídas en 1917:

Una, los monopolios se concentraron en oligopolios y el capital financiero se independizó de las otras formas de capital, adquiriendo una propia autonomía y supremacía exportadora.

Dos, se ha completado el proceso de transancionalización de consorcios, sobre la plataforma tecnológica e informática de la actual revolución tecno-científica.

Tres, la potencia del complejo militar industrial financiero de los Estados Unidos ha adquirido la Hegemonía mundial, en el sentido dado por Gramsci a este termino, creando las guerras que él necesita.

Colombia, esquina geo-estratégica del continente americano, durante los últimos 8 años ha padecido como ninguno otro país del hemisferio esta lógica Imperial a través del plan estadounidense llamado Area de libre Comercio para las Américas (ALCA) y su componente militar denominado Plan Colombia/Iniciativa Andina. Repasemos:

1- El ALCA

El Área de Libre Comercio de las Américas para el año 2005, más conocido como ALCA, fue presentado oficialmente en Mayo del 2002 durante la «cumbre» hemisférica y de la cual fue excluida Cuba, pero su diseño y conceptualización vienen desde principios de la década de 1991/2000, durante la presidencia de Bush padre y ha sido continuado con algunas adecuaciones por las administraciones siguientes (Clinton y Bush hijo), por ejemplo suscribiendo Tratados de Libre Comercio bilaterales como los que se acaban de firmar con Perú y algunos países centroamericanos.

Es un proyecto que originariamente fue planteado como una integración del Continente Americano mediante un aparente e inofensivo Tratado de Libre Comercio (TLC), que en realidad es un tratado de desregulación y flexibilización entre la mayor potencia económica, financiera, cultural, mediática, científica, tecnológica y militar del mundo y sus vecinos, quienes –con excepción de Canadá– a su lado aparecen como unos limosneros desarrapados, cuya agenda oculta siempre ha sido construir una superestructura jurídico política e ideológica transnacional, dirigida por el monarca electo de la república imperial de los Estados Unidos y que le permita hacer frente a la competencia europea y asiática, cumpliendo los siguientes objetivos generales:

– Consolidar a través del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, integrado a un sistema satélite de grandes bases militares, la hegemonía político-militar de los EEUU en el hemisferio americano, trasladando los mecanismos de control mundial alcanzados durante la guerra fría, a una supuesta guerra contra el narco-terrorismo.

– Lograr un ajuste tanto de las instituciones como del aparato de producción de todo el hemisferio, que garantice, por un lado, altas tazas de ganancia al capital financiero transnacional especialmente de origen norteamericano, mediante los procesos de las privatizaciones, la flexibilización laboral que significa la reducción al mínimo de los costos salariales, la regulación del flujo de capitales financieros llamados «langosta», y, por otro lado, el cumplimiento de los pagos de la deuda externa controlados por organismos trasnacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial manejados por inversionistas estadounidenses.

– Controlar férreamente las crisis y estallidos sociales del continente y su posible desborde hacia los EEUU en la forma de migraciones descontroladas.

– Garantizar el acceso preferencial de los grandes inversionistas estadounidenses a los recursos estratégicos del hemisferio especialmente en la región andino-amazónica: (petróleo, gas, minerales y maderas), y a los recursos de la vida (biodiversidad genética, agua, oxígeno) convertidos en una mercancía más.

– Desarrollar grandes proyectos agroindustriales para la exportación, sin aranceles, de productos transgénicos y de agro-combustibles mal llamados biocombustibles –principalmente gigantescos plantíos de palma aceitera y caña dulce productora de etanol–, con una justificación ecologista: evitar el efecto invernadero del planeta, pero que en realidad son un desastroso «desierto verde», que constituye una doble ganancia tanto para las grandes compañías transnacionales agroindustriales como Chiquita (banano), Philip Morris (tabaco – café), las productoras de agroquímicos y glifosato, como Monsanto, y un ahorro de las reservas de petróleo que poseen las poderosas petroleras internacionales como la Oxy , la BP, Texaco y Chevron.

– Aprovechar las «oportunidades de negocios», es decir: inversiones que se desprenden de los megaproyectos estratégicos de integración del continente como la gran Red intermodal de transporte, el sistema de telecomunicaciones por satélite y cableados y la producción de energía.

Y para la región andino-amazónica desarrollar los siguientes objetivos específicos:

* El canal alterno a Panamá en el Chocó colombiano (Atrato-Truandó) y comunicación física con el megaproyecto denominado Plan Puebla-Panamá

* La red Fluvial Suramericana (SARS-IFSA) que unirá el río Orinoco con los ríos Negro, Amazonas, Madeira, Mamoré-Guaporé, Paraguay, Tiete, Paraná y de La Plata; y permitirá el transporte desde Venezuela hasta Buenos Aires.

* La comunicación desde el delta del Amazonas al Océano Pacifico, a través del río Putumayo atravesando los Andes en su punto mas angosto y bajo para llegar por autopistas al puerto de Tumaco (Nariño) en Colombia y a San Lorenzo (Esmeraldas) en Ecuador.

* El dominio efectivo económico y militar de la zona llamada «de las 5 fronteras (Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela), en donde se halla una gigantesca bolsa de petróleo compartida, y en la actualidad explotada por estos países el cual es enviado por oleoductos transandinos a los puertos de Tumaco y Esmeraldas.

* La carretera marginal de la selva que desde el Perú llegue a Surinam.

* Y por último el control de la región en donde nacen los grandes ríos que dan origen a la reserva de agua más importante del planeta en el Gran Amazonas: ríos Caquetá, Putumayo, Apaporis y Vaupes en Colombia, Napo en Ecuador y Marañon y Ucayalli en Perú.

2 – Plan Colombia

El componente militar del ALCA lo constituye el Plan Colombia, ahora denominado Iniciativa Andina, que –como todo plan– tiene su esquema de justificación, objetivos, ejecución y control.

Andrés Pastrana una vez elegido como Presidente en 1998, presenta ante el Congreso de Colombia el Plan de Desarrollo que por mandato de la Constitución debe hacer aprobar. Este Plan, elaborado en inglés por el gobierno de Estados Unidos y titulado Plan for Peace, Prosperity and the Strengthening of the State, reemplaza sutilmente la formulación que antes se venía haciendo de lucha contra las drogas, por la fórmula más acorde con lo anteriormente expuesto de «Guerra contra las drogas». Su versión definitiva se tiene a principios del año 2000, varios meses antes del 11-septiembre.

Los 7.000 millones de dólares que originariamente costaba, se planteó financiarlos mediante un aporte del gobierno de los EEUU de 3.000 millones, y los restantes 4.000 millones de dólares por el de Colombia (80% mediante endeudamiento externo y 20% por el ajuste fiscal y los impuestos en un proceso controlado por el Fondo Monetario Internacional).

La financiación proveniente de lo que se llamó la Comunidad Internacional o Mesa de Aportantes, no se pudo realizar al no haber sido aprobado este plan por la mayoría de países europeos y su condición más onerosa consistió en que de cada dólar invertido 0.70 irían para el gasto militar, dejando demostrado desde su inicio que era un plan de guerra con la justificación propagandística de combatir el terrorismo y las drogas narcóticas, fusionados allí arbitrariamente con el término «narco-guerrilla», acuñado en 1981 por el redactor de los documentos del Grupo Santa Fe, Lewis Tambs, cuando era Embajador estadounidense en Colombia; su verdadero objetivo militar: derrotar a la insurgencia guerrillera colombiana que se encuentra precisamente en el área en donde se inicia el plan.

Para cumplir este objetivo, se propuso también reestructurar radicalmente el ejército colombiano mediante una operación llamada de reingeniería para ponerlo bajo órdenes directas del Comando Sur del ejército de EEUU, e integrarlo al dispositivo al dominio y el control militar del hemisferio, construyendo y dotando tecnológicamente un cerrado sistema de varias bases militares en Colombia, todas ellas bajo estricto control estadounidense, tales como; Larandia, Tolemaida, Tres Esquinas, Puerto Legízamo, Tateyé, Leticia, Araracuara, Mitú, Puerto Inárida, Barranco de minas, Marandúa, Arauca, Tame, Tumaco, Juanchaco, Iscuandé, Turbo, Coveñas, Cartagena, Riohacha, Maicao, Catatumbo, La Dorada y Barrancabermeja, entre las más destacadas.

Según lo planificado, la primera fase de ejecución se realizó en el departamento colombiano del Putumayo, para luego ampliarlo en una segunda etapa al sureste y finalmente al centro de Colombia, finalizándolo al cabo de tres años con el control militar de todo el país y habiendo erradicado totalmente el tráfico de drogas en Colombia.

El dispositivo mayor de bases militares de EEUU que entraron a reemplazar a las del Canal de Panamá, tiene, además de su centro en Miami, una importante Base Aeronaval en Manta, Ecuador, ubicada a orillas del Océano Pacífico, a la espalda de la ya descrita bolsa petrolera andino-amazónica de las cinco fronteras, y que es complementada por las bases estadounidenses de Vieques en Puerto Rico, Guantánamo en Cuba, Reina Beatriz en Aruba, las de Liberia en Costa Rica, Sotocano en Honduras y Comalapa en El Salvador, las que a su vez están protegidas y apoyadas por las siguientes bases que amplían el anillo de la cadena militar. En Perú Iquitos, la de Alcántara, cerca de Manaos, que cuenta con las Bases Satélites de Tabatinga, enfrente de Leticia y la de Yavaraté en el Vaupes.

La Guerra contra las Drogas se adelantó en varios frentes:

Primero, una combinación de guerra química y ecocidio mediante fumigaciones masivas sobre cultivos de coca, del veneno derivado del famoso agente naranja usado en la guerra de Vietnam llamado Glifosato (los colombianos lo llaman glifosfacho), y de guerra biológica mediante la aspersión indiscriminada del «hongo mata-coca», que es una manipulación genética del fusarium oxysporum, descubierto en una intoxicación masiva en la antigua Unión Soviética.

Segundo, mediante la guerra psicológica y mediática –adelantada por las cadenas televisivas y periódicos que forman parte del gobierno colombiano– tendiente a polarizar a la sociedad a favor de la guerra y en contra de su solución política, y a desprestigiar hasta más no poder a la Insurgencia colombiana, en el entendido erróneo de que desprestigio es igual a derrota política. Y decimos erróneo, pues una supuesta derrota política de la Insurgencia vendría cuando se realicen los cambios estructurales en la sociedad colombiana, que los rebeldes tienen como programa bandera.

Tercero, mediante el incremento de las operaciones militares abiertas, y de las acciones encubiertas realizadas por los paramilitares oficiales y los mercenarios y caza-recompensas de toda índole, reclutados por corporaciones privadas de EEUU, como la DynCorp, contratista del Departamento de Estado en Irak y Afganistán y quienes se han constituido en verdaderas puntas de lanza del Plan, aumentando las secuelas económicas, políticas y sociales que el escalamiento de este tipo de conflictos de baja Intensidad conlleva, tal y como lo estamos presenciando.

3- Evaluación

Hoy, después de ocho años (1999-2007) de la implementación del Plan Colombia, con sus 5.000 millones de dólares invertidos en matar cerca de 100.000 colombianos de uno y otro lado, de haber desplazado tres millones de campesinos y haberles arrebatado a punta de motosierra cinco millones de hectáreas para dedicarlas a los grandes cultivos de agro-combustibles –palma aceitera y caña dulce para alcohol–, y con todas las evaluaciones hechas por organizaciones no gubernamentales y por agencias oficiales de los Estados Unidos y Colombia, se puede decir que el primer objetivo de transnacionalizar el ejército colombiano, convirtiéndolo en un ejército cipayo, está cumplido.

No así el segundo, de acabar con la producción de plantas de coca y con el trafico internacional de narcóticos, y mucho menos se ha cumplido con el objetivo central del plan: derrotar a la insurgencia o siquiera haber resuelto el histórico conflicto social y armado de Colombia, que viene desde hace muchísimos años, incluso desde antes de que el narcotráfico apareciera en el país con la complicidad de la clase dirigente colombiana y se hubiera convertido en el problema transnacional que hoy día es.

Según las cifras oficiales en estos ocho años (a Julio de 2007), se han fumigado 800.000 hectáreas de selva y cultivos de plantas de coca y se han erradicado por 3.300 erradicadores auxiliares militares de la policía y el ejército colombianos otras 109.000 hectáreas; sin embargo, en 1999 existían 163000 has, y en mayo del 2.007 se confirma que existen 157.000 has. Es decir que después de ocho intensos años de ecocidio y metralla, de haber fumigado y arrasado cerca de 900.000 has de selva ¿como se explica que solo exista una diferencia de 6.000 has. en el área dedicada en Colombia a los cultivos de coca?

La respuesta es sencilla: solo basta recordar las incalculables ganancias generadas en la gran industria química transnacional que produce el comercio de los precursores químicos para la extracción del alcaloide cocaína y el glifosato para la fumigación, además de los 7.000 mil millones de dólares anuales que deja la comercialización de la cocaína en las calles de las grandes ciudades estadounidenses y del primer mundo, en donde se calcula que existen cerca de 23 millones de adictos a los narcóticos.

El 85% de estos 7.000 millones se queda circulando y alimentando el capital financiero trasnacional después de ser lavado en los grandes bancos transnacionales que tienen sus sedes en Miami, Las Vegas, las islas Caimán y demás paraísos fiscales del globo; un 13 % llega a las mafias colombianas, que financian las operaciones de los grupos paramilitares y las campañas presidenciales, y un miserable 2% llega a las manos de los colonos y campesinos productores y pequeños transportadores, que es suficiente para continuar reproduciendo este circuito infernal.

Pero además existe otra explicación sociológica que apenas empieza a profundizarse: la correlación positiva y de sinergia encontrada entre la expansión acelerada en el país de los megacultivos de agro combustibles, especialmente palma aceitera y caña dulce productora de etanol, durante los ocho años de guerra de baja intensidad implementada por el Plan Colombia, los desplazamientos de campesinos, indígenas y afro-descendientes, la expropiación de cuatro millones de hectáreas de sus mejores tierras y el control territorial de recursos, que sellaron la fusión definitiva entre mafias del narcotráfico con los paramilitares oficiales.

Citaré algunos de estos estudios: Banco Mundial-Universidad de los Andes 2.004. Molano Alfredo 1.997 y 2.006. Fajardo Darío 2.005. Contreras Orlando Dic 2.004. CINEP 2.004. CAVIDA 2.004. Comisión Inter eclesial de Colombia 2.004. Defensoría del Pueblo Abril 2.005. INCODER 2.005. Word Rainforest Movement. 2.004. Fensuagro 2.005. Asociación del valle del río Cimitarra 2.005-2.006.

Es más, el investigador H. Mondragón en 2006, antes de conocerse las declaraciones del capo narco paramilitar de origen calabrés Salvatore Mancuso y de que la fiscalía italiana hubiera solicitado oficialmente su extradición a Italia por exportar cocaína, escribe estos sugerentes párrafos que cito a continuación:
En Colombia los megaproyectos de palma aceitera, como otros, han estado estrictamente asociados a la expansión del paramilitarismo. La rápida concentración de la propiedad de la tierra entre 1981 y 2006 ha tenido objetivos especulativos, pues los grandes propietarios no cultivan la mayoría de las tierras que dominan. Pero la palma les ha ofrecido el pretexto y negocio adecuado para apoderarse de tierras de campesinos y especialmente de afro colombianos.

Los paramilitares colombianos han seguido el modelo de la mafia calabresa denominada ndrangheta, que consiste en Italia en estos tres aspectos:

1- Expropiación mafiosa: Coacción armada para que los pequeños propietarios vendan tierras en zonas que se van a valorizar.

2- Apropiación de los subsidios de la comunidad europea, en especial los entregados a los productores de oliva y aceite de oliva.

3- Apropiación de áreas para cultivos ilegales o de los cultivos ilegales. (Furet 2.004).

La convergencia entre los paramilitares y la mafia calabresa no es una casualidad. Objetivos y métodos coinciden. Pero lo que en Italia es mafia tradicional relegada a la ilegalidad por el desarrollo capitalista que puede utilizarla, pero no la reconoce como suya, en Colombia es parte esencial del sistema de tenencia de la tierra que sigue vigente desde la conquista española y que desplaza violentamente una y otra vez al campesino a las selvas, convirtiéndolo en colono y en ocupante de territorios indígenas.

En el modelo agrícola de la mafia calabresa, al despojo de tierras valorizables se agrega el apoderamiento de los subsidios agrícolas de la Unión Europea y en especial los destinados a los olivares.

En este caso también lo que en Italia es mafia aquí se desarrolla como virtud en la forma de capitalismo burocrático. Reciben los créditos del Banco Mundial, los subsidios del Estado, las exenciones de impuestos «para el desarrollo de proyectos productivos en sistemas de producción de carácter empresarial», subordinando a los pequeños productores a estos proyectos si quieren recibir el subsidio Ndrangheta, el subsidio aparentemente entregado a los pequeños, fluirá realmente para proyectos de «los empresarios eficientes de San Alberto» de que hablaba el presidente Uribe en la campaña electoral.

La patente colombiana de este procedimiento capitalista burocrático, la tiene el «olivo del trópico», como se denomina la palma africana. El negocio para el «empresario» es ideal: no tiene obligaciones laborales porque los trabajadores son socios; inclusive si los trabajadores campesinos han recibido tierra o si han entregado su tierra, tampoco tendrá que pagar impuesto predial; y, para completar, como el precio internacional del aceite tiene una tendencia a la baja, el «socio campesino» corre con las pérdidas, incluido el grave deterioro del suelo, según es la experiencia de Malasia.

Finalmente el pequeño propietario pierde la tierra que ya no valdrá para la agricultura ni para él, pero sí para los proyectos de inversión no agrícolas de los socios mayores.

En la situación colombiana la rentabilidad de las plantaciones de palma adquiere un sentido diferente, en la medida en que en varias regiones la expansión de la palma está ligada con la economía de la cocaína y la inversión inicial en viveros y años de espera para producir es posible gracias a la preexistencia de grandes capitales acumulados en el narcotráfico o de pequeños ahorros fruto de la producción de coca.

En este sentido la expansión de la palma ha resultado una forma de lavar dinero eficientemente y además bajo la protección y el fomento estatal e internacional. Si por lo menos esto fuera dirigido a sustituir definitivamente la economía de la cocaína, tendría al menos ese efecto positivo, pero el dominio de ambos negocios por el paramilitarismo lo que ha hecho es articular ambos negocios en uno y ligarlos al despojo de las tierras de los afro colombianos y otras comunidades rurales.

Esta máquina sigue siendo fomentada por el estado colombiano y la comunidad internacional.

La legislación a favor de la palma aceitera y otras plantaciones abunda: están exentas de impuesto de renta, según la ley 939 de 2.004 y el decreto 1970 de 2.005; según la ley 939 el biodiesel está exento del impuesto a las ventas y del impuesto al ACPM. El Plan Colombia y el Banco Mundial han establecido programas de fomento de la palma aceitera. Proyectos de ley actualmente en curso, prevén subsidios e inversiones estatales.

Ahora ha quedado claro que la prisa del presidente Pastrana por romper las conversaciones de Paz del Caguán iniciadas en 1997, un poco antes de la implementación plena del Plan Colombia, no era tanto tomar un respiro político para reestructurar y rearmar el ejercito colombiano duramente golpeado por la insurgencia los años anteriores, sino cumplir con los objetivos establecidos en plan, y por esta razón el 1º de marzo de 2001, en Malasia, ofreció como presidente de los colombianos a los inversionistas y financistas asiáticos tres millones de hectáreas de tierra colombiana para convertirlas en un cultivo de palma africana, con el propósito transnacional de producir aceite.

«La extensión de los cultivos de palma de aceite –dijo– se ha convertido en un verdadero propósito nacional, para que, con ella, lleguen el progreso, la inversión y el desarrollo social a amplias zonas de Colombia que hoy están listas para unirse al cultivo y el procesamiento de este bien primario».

El desarrollo de estos megaproyectos, propuso, se haría con núcleos de producción de al menos 20 mil hectáreas, cada uno con planta extractora de aceite y con una inversión de 70 millones de dólares por núcleo. Era regalar la construcción de un Desierto Verde en Colombia.

Pastrana gestionó con el Banco Mundial un crédito para fomentar los mega cultivos de palma aceitera; pero las ocho zonas seleccionadas para el programa estaban bajo el dominio de los grupos paramilitares (Urabá antioqueño, Córdoba-Sucre, Cesar, Magdalena Medio, Meta, Caldas, Tolima y Cundinamarca. En 1998 cuado se inicia el Plan Colombia, existían ya en el país 149.000 has cultivadas en palma aceitera y en 2.002, cuando Pastrana termina su mandato, ya llegan a 157.000.

Luego viene por parte de Uribe Vélez la implementación de su plan de gobierno de convertir a Colombia en una potencia productora de agro combustibles, mediante la adicción de los megaproyectos del Urabá chocoano, Chocó y toda la costa pacifica, y la fase definitiva del proyecto de Gaviotas en los llanos Orientales, que los paramilitares dirigidos por Víctor Carranza, llamados carranceros, venían preparando desde hacía 30 años, con la expropiación de las mejores tierras del Meta y el Vichada, y cuyo objetivo continua siendo la de construir, con ayuda de inversiones financieras provenientes de Europa y Japón, otro desierto verde en el corazón de nuestros llanos orientales, con tres millones de hectáreas adicionales cultivados con palma aceitera.

Según Fedepalma, el emergente y poderoso gremio de nuevos latifundistas cultivadores de palma aceitera surgido al calor del la guerra del Plan Colombia y que se autodenomina los los palmicultores, Colombia en 1998, tenía 148.996 hectáreas de mega-cultivos de palma africana, repartidos en siete departamentos, con 25.538 trabajadores produciendo 458.427 toneladas de aceite de palma y palmaste, por un valor de $ 382.444 millones de pesos, propiedad de 2.751 latifundistas uno de los cuales se llama Alvaro Uribe Vélez.

En 2.004 –son los datos actualizados disponibles– había en las fértiles planicies colombianas, 157.000 hectáreas de mega-cultivos de palma aceitera, incluyendo las cerca de 12.000 has del grupo paramilitar del «Alemán» en el Urabá y Chocó, con una producción total de 650.000 toneladas de aceite y palmaste, una tasa anual de crecimiento del 20% y un rendimiento de cuatro toneladas por hectárea –la optima es de 4.2 toneladas/hectárea en Malasia primer productor mundial de este aceite–, convirtiendo a Colombia en el honroso 5° quinto productor mundial, con una exportación a la economía global de 249.000 toneladas.

El gremio de los palmicultores colombianos, tiene proyectado, con gráficos y todo, para los años 2010 tener un desierto verde de 300.000 hectáreas de palma africana, con un rendimiento de 5.5 toneladas/hectárea. En el 2014 llevar la mancha verde a 500.000 hectáreas, y para el 2020 haber llegado a las 750.000 hectáreas, produciendo 2.700.000 toneladas de aceite de palma destinadas en forma de biodiesel a la economía global, con la finalidad de que ésta pueda guardar y ahorrar combustible proveniente del petróleo.

Esa es la pequeña cuota local de nuestro país impuesta, mediante la guerra del Plan Colombia, por el nuevo ordenamiento global del mercado.

Pero aquí surge otro añadido: para producir biodiésel, se necesita mezclar el aceite de palma con el etanol proveniente de la caña azucarera. Es así como se puede explicar el mecanismo íntimo de soldadura del bloque de clases dominante en Colombia a través de la más estrecha fusión de los latifundistas o empresarios agrícolas, afianzados durante los ocho años de realización del Plan Colombia, con los cuatro financistas transnacionales colombianos apodados «los cacaos», uno de ellos, el conocido magnate monopolista Ardila Lülle –el productor individual de azúcar más grande del mundo–, miembro destacado del partido conservador colombiano y sostén fundamental de los dos últimos presidentes de Colombia.

El conglomerado Ardila Lülle es uno de los más grandes y poderosos de Colombia. Se originó hace más de 40 años, en la industria de bebidas gaseosas, la quel llegó a monopolizar totalmente asociado a la multinacional Pepsi Cola. Posee además empresas textiles y, sobre todo, la cadena de telecomunicaciones y televisión RCN, tan adicta al gobierno del presidente Uribe Vélez, que el pueblo de Colombia en su sabiduría ha bautizado como Radio Casa de Nariño.

El interés de Ardila Lülle por el azúcar nació de su plan para controlar toda la cadena productiva de los refresco y gaseosas, para lo cual adquirió una fábrica de botellas de vidrio, de tapas metálicas, corchos y de papeles de etiqueta. Además compró los cinco más grandes ingenios azucareros de Colombia en donde produce, además de azúcar, la totalidad del alcohol obtenido de la caña dulce utilizado para la elaboración de biodiésel mezclado con el aceite de palma, o también como carburante añadido a la gasolina.

Y con este fin, en septiembre de 2001, durante la administración de su copartidario y protegido Andrés Pastrana, hizo aprobar por el parlamento democrático de Colombia, una supuesta ley ecológica que ordenó que a partir de septiembre de 2006 (cinco años después de aprobada), la gasolina en las ciudades colombianas de más de 500 mil habitantes, debería contener etanol.

Con lo cual redondeó su negocio trasnacional, pues el costo de producción del etanol proveniente de la caña dulce es superior al de la gasolina, ya que un galón de etanol vale U$S 2.40 mientras que el de gasolina es vendido por la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, a U$S 1.26, y como si no fuera suficiente un año después cabildeó e impuso con sus parlamentarios la expedición de la ley 788 de 2002 que exoneró al etanol del impuesto al valor agregado IVA y de los impuestos y sobretasas a los combustibles, exenciones que cuestan al fisco colombiano más 100 millones de dólares al año.

La selva de nuestra América había soportado hasta ahora con algún relativo éxito, los anteriores ciclos depredadores de agro exportación, como el de la quina, el añil, la tagua o marfil vegetal, las maderas preciosas, el caucho, etc., porque no implicaron un radical y masivo reemplazo de su tejido vital.

En cambio el megaproyecto político militar del imperialismo, de convertir a Colombia en una «potencia exportadora» de biodiésel con destino a la economía transnacional a base de etanol de azúcar y grandes plantíos de palma aceitera, sí cambia total y permanentemente grandes porciones de la estructura selvática con una especie única y exótica y que los científicos han denominado el desierto verde.

Y así, con esta resumida revisión del tema, creo haber aportado alguna claridad inicial, a la afirmación contenida al comienzo de este escrito.

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* Médico, antropólogo.

En ARGENPRESS, agencia de noticias independiente argentina.
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