Colombia, la extraña matanza. – »UN GRUPO MILITAR NO IDENTIFICADO»
Al iniciarse el último fin de semana de junio lo único cierto que se puede decir acerca de la masacre de un grupo de prisioneros políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia es que todo resulta demasiado confuso en cuanto a los hechos mismos y que, en el terreno político interno, debilita aun más a Álvaro Uribe, timonel de la nave del gobierno de ese país.
En Colombia todas las realidades se entrecruzan y enredan, formando un tejido que, al revés del paño de Penélope, no sólo no se desteje por las noches sino que se hace más y más complejo desde que hace 43 años un grupo político inició la aventura militar por refundar la república suramericana.
Mientras los gobiernos han anunciado a lo largo de cada año de estas décadas la «inminente» derrota de la guerrilla –a estas alturas un verdadero ejército regular–, la deserción de sus combatientes, su conversión en el brazo armado del narcotráfico –o el narcotráfico quintaesenciado–, a lo que las FARC ressponden con un tan cauteloso como estudiado silencio –que a veces interrumpe con algunas acciones espectaculares–, la tragedia colombiana de cuece en una orgía de muertes y fugas masivas de población sin precedentes en la historia.
Una de esas acciones tuvo lugar en abril de 2002 en la ciudad de Cali; el escenario fue la Asamblea Departamental legislativa. Ese día murieron un policía y dos periodistas.
Cali es la tercera ciudad en importancia del país, una de las sedes de la principal industria exportadora colombiana –drogas: cocaína, amapola procesada en forma de heroína y cannabis–. Es también una por cuyas calles caminan las mujeres más hermosas del mundo –algunas de las que son a su vez «exportadas» a México, EEUU y otros países.
Annacol, agencia periodística cuya casa matriz se domicilia en el otrora reino de las tres coronas, fechó la información el 23 de junio (2007); ésta se contiene en un comunicado del Comando conjunto de occidente de las FARC, emitido por Alfonso Cano, número dos de la organización: once rehenes habían sido muertos cinco días antes como consecuencia del ataque de «un grupo militar sin identificar» al campamento donde se encontraban.
Lo curioso es que, primero, el historial de las FARC no registra mentiras de carácter militar –sus declaraciones en el campo político son, para muchos analistas, materia diferente–. De hecho la supervivencia de tantos años de la organización y su capacidad militar prueba que incluso bien podría constituirse en un segundo Estado en los territorios que controla. Y, segundo, los contingentes armados que se mandan desde Bogotá no están en condiciones –por moral de combate y entrenamiento– de una ofensiva.
Las preguntas, entonces, son: ¿hubo un asalto al campamento o baso de las FARC? Y si lo hubo, ¿quién lo realizó?
No pocas sospechas existen, incluso por parte de quienes se asocian al poder formal, de eventuales vínculos entre Uribe Vélez y la dirigencia de los paramilitares, grupos bien disciplinados, en los que prima una visión racista, de ultraderecha y probadamente relacionados con facciones narco, de que el ataque haya sido una operación de los «para».
Puede leerse en esta revista
Lo que levanta un interrogante no menor: ¿cuál fue el objetivo? Quizá la respuesta, paradójicamente, resida en el único de los 12 apresado que no murio en el asalto, porque –señala el comunicado– «no estaba en ese instante junto a los demás». Se trata de Sigfredo López, ex alcalde de La Pradera.
Pradera es uno de los dos municipios de la región del Cauca que la FARC exige desmilitarizar para negociar el intercambio de rehenes y prisioneros en su poder por guerrilleros que, a su modo, son también rehenes y prisioneros del Estado. Matar a los 12 asesinados no habría constituido un acto propicio para las FARC ni se condice con la legalidad que éstas mantienen en la porción del país que ocupan.
Cabe recordar que las FARC tienen entre sus prisioneros, «invitados» o»rehenes», como los llama la prensa oficial a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de nacionalidad franco-colombiana, su compañera de fórmula, Clara Rojas, y al pequeño hijo de ésta nacido de una relación con un guerrillero durante su cautiverio, así como a otros ocho políticos. A ellas se suma unos 15 oficiales y suboficiales del ejército y alrededor de 20 integrantes de la policía y a tres contratistas estadounidenses llegados a Colombia según el pacto de ayuda militar de ese país para combatir el narco.v
Más allá de las explicaciones –en rigor especulaciones, justificaciones, maniobras de prensa– de fuentes de gobierno en Bogotá, la muerte de casi una docena de personas se asemeja demasiado a operaciones cuasi militares realizadas en Iraq y atribuidas, en ese país, en principio tanto a guerrilleros chiítas como suníes. según el lugar y la ocasión, para terminar develándose como actos planificados por los aparatos contrainsurgentes estadounidenses.
Colombia es el primer receptor de ayuda militar –con todo lo que eso significa– de América Latina y uno de los países «más favorecidos·» del mundo en esa materia.
Otra explicación que se abría paso el jueves 28 era que las FARC consideró que estaban ante un operativo de rescate por parte de la fuerza pública y habrían asesinado a sus rehenes con tiros de gracia. Explicación, por lo demás, que si bien diluye, es un decir, la responsabilidad del crimen, no se sostiene.
Al contrario, el análisis desprejuiciado indica que hubo tan ataque, y que habría sido efectuado por un comando autónomo y secreto con ayuda de los paramilitares. Sobra en Colombia mano de obra que entró para proveer de efectivos una segunda fase del Plan Colombia, lo que quiere decir personal especializado en formas de guerra no convencional.
Más allá de las personalidades de las víctimas, quizá convenga rescatar lo dicho por Marleny Orijuela, que preside una asociaciòn de familiares de soldados y policías apresados por las FARC: «Nosotros seguiremos con nuestra lucha libertaria. Seguiremos por los que siguen vivos». Ella estima que sí hubo un intento de rescate, y recordó que recientemente el presidente Uribe ordenó a la fuerza aérea –virtualmente bajo control estadounidense– bombardeos masivos en las zonas guerrilleras.