Costa Rica: sobre la autonomía universitaria
Adriano Corrales Arias*
Un compañero, en Consejo del Centro Académico de San Jose ampliado, y en buena hora, se encargó de recordarnos que el insigne poeta e intelectual Isaac Felipe Azofeifa, desde su cátedra en la Universidad de Costa Rica o en cualquier otro sitio, y cuando el tema lo ameritaba, de inmediato apostillaba: la autonomía no se cuestiona, se defiende. Por esa razón no entraré a definir ni a valorar lo concerniente a la autonomía universitaria.
Eso está claramente expresado en el artículo 84 de la Constitución Política y en otros pronunciamientos de la Sala Constitucional (Voto 1313- 93) y de la Procuraduría General de la República. Se trata pues de defender nuestra autonomía, una vez más, amenazada.
Pero para hablar de autonomía debemos ubicarnos en la coyuntura actual, tanto nacional como institucional. A nivel nacional, por una parte tenemos que luego del referéndum y su demostrado fraude, el TEC, por el digno papel jugado por nuestro rector y la mayoría de miembros de la institución al lado de los sectores más avanzados del pueblo costarricense, empezó a recibir advertencias y amenazas, veladas algunas, abiertas otras, especialmente en los medios de comunicación comercial, voceros de los intereses transnacionales y cipayos que encabezaban el sí.
Por otra parte el grupo de los 38, encabezados por los diputados Pacheco y Del Vecchio (otrora universitaria) se han apresurado en aprobar, a golpe de tambor, la Universidad Técnica de Alajuela en clara “competencia” con el TEC y en contra del proyecto inter-universitario que venía desarrollando CONARE y, específicamente, el TEC. La proliferación de universidades privadas y la privatización galopante de la enseñanza media, son otros elementos a considerar dentro de la actual coyuntura.
En el ámbito interno, desde la lucha del referéndum se manifestaron grupos y personas en contra de la autonomía y autogobierno universitario, invocando la presencia de fuerzas externas y tratando de manipular el movimiento estudiantil a favor del sí. A esa gente la apellidé entonces la “quinta columna”. Coinciden con algunas personas que han venido haciendo una cruzada para restarle autoridad a la figura del Rector en el Consejo Institucional.
La temprana campaña, que algunos y algunas, pretenden montar desde ya de cara al nombramiento del próximo rector, aunado al nombramiento del nuevo Auditor y de su notoria manera de tratar de llevar los diferendos laborales y políticos a esferas externas de la institución como la Procuraduría de la República o los colegios profesionales, ha polarizado al Consejo Institucional en contra del Consejo de Rectoría.
La pugna no es nueva, pero en la actual coyuntura toma un nuevo matiz porque hay compañeros directamente afectados y nuevos actores, es decir, funcionarios que acaban de ingresar a la institución y que desconocen, en mucho, la historia de las luchas por la democratización y la autonomía universitaria en el TEC, el país y más allá.
En otras palabras, hay una especie de pérdida del espíritu universitario que, al parecer, se trata de suplantar por una nueva cosmovisión académica donde el mercado y la “eficiencia “serían los raseros del nuevo proyecto de universidad que algunos esgrimen y pretenden imponer.
Ahora bien, debemos ser críticos pero también autocríticos. La institución y sus jerarcas no se han volcado seria y responsablemente, como amerita, al análisis y respuesta del proyecto de la Universidad Técnica de Alajuela, la cual, entre sus objetivos encubiertos, pretende debilitar al TEC convirtiéndolo en un instituto con ámbito solamente en Cartago al reconfigurar la asignación de recursos provenientes del FEES.
Tampoco nos hemos apresurado a ejecutar y operacionalizar los acuerdos del Tercer Congreso, entre ellos los de desarrollar los campus universitarios, pensando sobre todo en la ampliación y crecimiento del Centro Académico de San José y la posibilidad de generar nuevos campus en algunas regiones estratégicas del país. Hemos, debemos admitirlo, descuidado tareas perentorias y estratégicas abriendo portillos a los enemigos de la universidad pública.
Por eso se trata de reforzar la autonomía denunciando los hechos lesivos a la misma y señalando a quienes pretenden pescar en río revuelto aprovechándose de las debilidades que todos hemos permitido debido a la carencia de celo y a una actitud de vigilia académica permanente.
Ello no quiere decir que descuidemos la transparencia ni la rendición de cuentas. Se trata de definir el sujeto de esa rendición de cuentas dado el fuero especial que nos concede la constitución política, el cual posibilita nuestro autogobierno, la democracia doméstica y la toma de decisiones colectiva, sin desatender por ello los mecanismos de control interno.
Recordemos que la autonomía universitaria fue concebida para que las instituciones de educación superior tengan la prerrogativa de gestionar las condiciones jurídicas necesarias para el logro de su misión educativa y cultural con independencia de cualquier poder ajeno a su ámbito que pudiese, en alguna medida, someterlas. La autonomía se convierte así en una garantía para que las universidades públicas se consoliden como centros de pensamiento libre, exentos de presiones o medidas que logren alterar su quehacer, o impedirle el cumplimiento apropiado, objetivo y justo de sus funciones.
Por eso la lucha es ardua y debemos replantearla con el espíritu universitario propio de esclarecidos intelectuales tales como Isaac Felipe Azofeifa y cientos de académicos, funcionarios y estudiantes que, a través de la historia, han librado innumeras batallas en defensa de la universidad pública y su autonomía.
* Profesor del ITCR, escritor.