¿Desarrollo sostenible o desarrollismo destructor?

Fue aprobado por el Poder Ejecutivo, en Consejo de ministros el Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la Reserva Forestal de Imataca (RFI), definiendo «legalmente» el destino que tendrán casi 4 millones de hectáreas de una zona natural del territorio, ubicada al sur del río Orinoco.

Este proceso sobre esta parte del territorio comenzó realmente hace 43 años, cuando en febrero de 1961, el gobierno de turno, la define legalmente como una Reserva Forestal , donde podía establecerse o «reservarse» una explotación sobre el bosque natural que dominaba la región, con el fin de mantener la industria maderera.

Recordemos que para esa fecha no se conocía con profundidad la importancia climática, hidrográfica y en biodiversidad que han adquirido los bosques tropicales húmedos en el planeta como hoy día, sobre todo después de su enorme devastación. Solo imperaba la miope visión extractiva-comercial, en la mente de los únicos que decidían: los gobernantes.

Tal aseveración se vio tristemente reafirmada a través de los años, con lo que ocurrió en todas las reservas forestales al norte del territorio, donde se inició una intensa explotación maderera, por estar ubicada cerca de la mayor parte de la población.

Después de acabar con las reservas forestales del norte, desde hace relativamente poco tiempo es que se despierta el interés maderero, mirando a las reservas del sur, iniciando con el gobierno de 1985 en la RFI una zonificación, que termina en 1987 otorgar 11 concesiones madereras que comprometen entre 20 y 40 años, casi 45 % del área de la reserva, que están vigentes hoy día.

Luego de la deforestación y limpieza de área que causará la explotación de madera, se abre campo para la otra actividad de mayor interés; que representa la minería de oro, que aunque no lo permite legalmente esta figura, se ha tratado de introducir de cualquier forma, por lo gobiernos anteriores: a través del Ministerio de Minas y la CVG, donde ya se había comprometido ilegalmente con una larga lista de 175 concesiones y 309 contratos mineros para explotar oro, una extensión que ocupa alrededor de 33 por ciento de la extensión de la RFI.

Esto significa que casi 80 por ciento de la RFI, ya los gobiernos anteriores se la habían repartido a los madereros y mineros. Por lo tanto la zona natural de Imataca no tenía ningún chance de que sobreviva.

Sin embargo la reciente época de cambios y transformaciones del acontecer político en Venezuela, que se inició con la nueva Constitución Bolivariana, obligan a una nueva visión y perspectiva ambiental en esta nueva república, como para que al sector del gobierno al que competen los asuntos ambientales fuese tomado la «revolucionaria medida» de cambiar esa figura por otra que garantizase la protección, y no la destrucción, de esta importante zona. Más aun cuando aparece todo un nuevo capitulo (IX) que eleva a rango constitucional las consideraciones ambientales.

Compromisos

Es cierto que había un compromiso por parte del presidente, desde hace años, durante su campaña como candidato, para solventar el problema de Imataca, pero el compromiso era con el movimiento ecológico, no con el sector maderero y mucho menos con el minero, pues fue un amplio sector ambiental los que proyectamos públicamente el grave error del gobierno de Caldera, que fue el decreto 1850.

Evidentemente el movimiento ecológico, jamás aspiró un nuevo plan de ordenamiento y reglamento de uso para una reserva forestal, que sólo termina por reafirmar y consolidar una decisión equivocada y llena de mezquino interés, que se tomó desde lo que se llama la Cuarta Republica.

Ahora aparece un nuevo plan ordenamiento y reglamento de uso que presume que ha bajado el porcentaje de área de 38 por ciento que antes le entregaba el decreto 1850 a la actividad minera, hasta apenas 12 por ciento; sin embargo todos saben que estos permisos anteriores otorgados para la actividad minera necesitan para ser ejecutados a plenitud dos procedimientos administrativos claves: como son la autorización de ocupación del territorio otorgadas para estos casos tanto por el MARN como por el Ministerio de Energía y Minas y la afectación de recursos naturales renovables otorgados solamente por el MARN. Se puede determinar que los compromisos mineros que cumplen con estos requisitos totalizan 240 parcelas para una superficie de 526.826 has., que representan el 13 por ciento de la RFI.

Qué coincidencia: 12 y 13 por ciento exactamente.

Los ecologistas también nos preguntamos: si es posible que nadie toque el suelo y subsuelo de la RFI para sacar oro, despues de que se haya eliminado el bosque con la extracción de madera, al otorgarle con el nuevo decreto más de la mitad del área de la RFI a la explotación maderera.

El trabajo de Investigación, que supuestamente le dio bases de argumento al MARN para determinar finalmente este decreto sobre la RFI presenta enormes huecos de información, que llegan a más de 400.000 hectáreas de la reserva y con un criterio técnico totalmente cuestionable.

Cuando se refiere a la zonificación para determinar el potencial forestal, toma como elementos: densidad de árboles, volumen de madera y el acceso, ubicando un porcentaje de 61,2 por ciento apto y muy apto -evidentemente para la actividad de explotación maderera-.

Con el nuevo decreto se entrega casi esa extensión; la mitad de la RFI, a una destructiva actividad de explotación maderera, que causará la desaparición irreversible y total de un frágil bosque tropical húmedo, que se encuentra sobre un macizo precámbrico, donde abundan suelos antiguos (ultisoles), gruesos, altamente lavados que presentan una extrema pobreza en nutrientes.

Los otros posibles usos forestales no madereros, se basarían en una genuina investigación con el estudio de las potencialidades y endemismo de este bosque, que no aparece en el decreto y que solo estará confinado con este ordenamiento a reducidas áreas como partes inundables y escarpadas de la región, con escaso o ningún bosque.

¿A quien beneficia este nuevo decreto?

Los habitantes genuinos de estas zonas poco intervenidas del sur del territorio son comunidades indígenas de siete etnias diferentes, no los invasores mineros y madereros que ahora son el 56 por ciento de la población en la RFI, más de la mitad extranjeros e indocumentados.

Si fue la obsesión del oro por los invasores, la causa principal de la injusticia que sufrieron nuestros pueblos nativos desde la conquista, hoy día con el nuevo decreto solo se favorece actividades extractivas y explotadoras, que no tienen nada que ver con las desempeñadas por las comunidades indígenas en su modelo de vida y su cultura tradicional. El respeto por sus territorios es pisoteado y se promueve un terrible impacto sociocultural.

Cuando se le entregan partes de la RFI a los invasores mineros y madereros en la práctica se plantea el inexistente y engañoso uso forestal minero para comunidades indígenas, que terminará tristemente por prostituir a sus mujeres y explotar como jornaleros a los hombres, transformando sus culturas de independencia para engrosar la masa de marginados venezolanos.

Este 12 de Octubre cinco centurias después ¿se han reivindicado en la realidad los derechos de los pueblos nativos?

Ante el hecho que el otro aval para este equivocado decreto fueron seis consultas públicas, es necesario que se sepa que la mayoría de las propuestas no solo no fueron aceptadas, sino que el ordenamiento final que define el nuevo decreto es exactamente, en ubicación y dimensión, el mismo que se planteaba para discutir en las consultas.

Alerta con la traición
que se avecina con La misión Piar

Este apoyo a la «pequeña minería» acaba de fortalecerse, cuando sobre la RFI, ya estaba planificado el desarrollo de todo un eje minero. Todo el limite este de la RFI corresponde al inicio de la delicada zona en reclamación que quedó como parte del legado territorial que nos dejó el libertador Simón Bolívar, cuando el río Esequivo era el limite oriental de la Gran Colombia, correspondiendo a una zona de 159.500 Kms.², que reclama en justicia nuestro país a la Guyana inglesa, sujeta al acuerdo de Ginebra del 17 de Febrero de 1966 y al protocolo de Puerto España el 18 de Junio de 1970.

Esta misión hacia los mineros les entrega concesiones directas para la explotación de oro, además de un programa de construcciones de viviendas y hasta hospitales locales.

¿Es posible que no se tome en cuenta el carácter itinerante o nada sedentario de estos mineros? Su dinámica de trabajo se basa en las llamadas «bullas» donde aparece oro, mudando continuamente su campamento, luego de dejar, posterior a la explotación, a su alrededor un paisaje degradado, sin vegetación y altamente contaminado con mercurio, como para que ninguna otra población pueda establecerse después.

Por esta razón ha quedado ya un área de 90.314 hectáreas de la RFI totalmente convertidas en un desierto, después de ser abandonadas por la minería, al sur del río Cuyuni.

Posterior a la destrucción total de esta zona por esta actividad -que beneficiará solo a unos pocos- se desmejoraran todas las condiciones necesarias, para el establecimiento de nuevas poblaciones venezolanas para posiblemente recuperar territorio, y sólo quedará un ambiente destruido donde no podrá progresar ningún plan futuro: sin recursos como agua, suelos, vegetación y fauna local.

Sin olvidar su evidente efecto destructivo, la mampara de ayudar a la pequeña minería, con la misión PIAR, terminará en más concesiones a grandes trasnacionales mineras, que operan incluso en la zona del Esequivo y que ahora tiene una nueva oportunidad. con este decreto, de entrar a nuestro territorio, a ocupar la parte que falta de la RFI por comprometer. Sólo el tiempo nos dará la razón.

Esta zona en reclamación mayormente cubierta de selva tropical, debería ser reclamada para la vida y no para disputarse su explotación y deterioro por gobiernos ambiciosos.

Es importante que el gobierno actual en su totalidad se de cuenta a tiempo, antes que sea demasiado tarde y perdamos enormes extensiones de territorio natural, por la arbitraria decisión y engaño de unos pocos, que se encuentran dentro del propio entorno gubernamental.

Insistimos en una entrevista urgente con el presidente, para darle nuevos argumentos en los asuntos ambientales, con que hacer la revolución dentro de la revolución.

* Integra la Unión Nacional Ecológico-Social. UNES.

Tomado del portal Aporrea (www.aporrea.org).