Ecuador. – LA INFINITA PERSECUCIÓN Y EL PODER DEL PETRÓLEO
El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, frente a la detención de cinco de sus miembros realizada el pasado 27 de julio de 2006 en la ciudad de Puyo, manifiesta:
Los compañeros Marcelo Gualinga, Isidro Gualinga, César Vargas (menor de edad), Humberto Santi y Máximo Cuji fueron detenidos en un operativo realizado por las Fuerzas Armadas entre las 11:00 y la 1:00 pm, el día Jueves 27, en la ciudad de Puyo, basado en un supuesto informe de inteligencia militar que los vincularía con tenencia de explosivos, informe que no consta en el proceso. La detención y la orden de allanamiento carecieron de sustento legal.
El Consejo de Gobierno de Sarayaku no ha tenido conocimiento de ninguna supuesta extracción de pentolita por parte de sus miembros y rechaza las versiones de la CGC aparecidas en la prensa, que pretende vincularlo al pueblo y sus órganos directivos con hechos que se están investigando judicialmente.
El referido operativo fue realizado con la participación de personal «encubierto», presuntamente parte de una investigación militar. En realidad simplemente parece tratarse de personas que aprovecharon la ingenuidad de un compañero de Sarayaku, para hacerle caer en una trampa tendida para que aparezca ante la opinión pública como un delincuente.
Estos hechos desvían la atención del incumplimiento por parte del estado ecuatoriano de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre las cuales consta la obligación de retirar la tonelada y media de pentolita que la compañía petrolera CGC dejó en territorio de Sarayaku en 2002, cuando entró de manera ilegal. Se pretendería además justificar el ingreso arbitrario, inconsulto y violento a la comunidad por parte de la CGC.
El pueblo de Sarayaku rechaza cualquier intento de desprestigiar su legítima lucha en defensa de sus derechos humanos y del ambiente, pretendiéndola desfigurar con acusaciones injustificadas.
Rechazamos también las acusaciones de robo, sin ningún medio de prueba, efectuadas a través de algunos medios de prensa por parte de personeros de la empresa CGC.
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* En ALTERCOM, agencia de prensa ecuatoriana. Comunicación para la libertad.
Addenda
La cadena satelital www.cre.com.ec informó el 28 de julio desde Guayaquil que la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) señalaba que el material explosivo era parte de un cargamento que le había sido robado en 2002, mismo que significó entonces suspender los trabajos de exploración de yacimientos.
CGC no ha vuelto, desde febrero de 2003, a ingresar al territorio indígena –Bloque 23– debido al «accionar de grupos que actuaron siempre con total autonomía e independencia del Estado nacional, formando y estableciendo sus propias leyes».
Acción Ecológica (www.accionecologica.org) en un informe sobre la actividad de la petroleras en Ecuador señala:
«La actividad petrolera en la Amazonía ha ido aumentando su distribución y hoy tiene una amplia extensión. Los gobiernos de turno, después de las 400.000 hectáreas entregadas en su tiempo a la Texaco, iniciaron en 1985 las rondas de concesiones petroleras. Tras 8 rondas repartieron 3.2 millones de hectáreas a 12 empresas privadas transnacionales y nacionales que ocupan 16 bloques de 200.000 hectáreas.
«El mercado de los derechos de concesiones es muy dinámico. Los gobiernos arrancan el derecho de posesión, sin consulta, a los pueblos indígenas y venden a las empresas. Las empresas se venden entre sí o negocian sus derechos unas veces por presiones, otras por evadir responsabilidades o bien por razones económicas.
«En la actualidad (2001) estas empresas son: Alberta (Canadá), Occidental (EEUU), Repsol-YPF (España-Argentina), KERR-McGEE (EEUU – Deja el país y le sustituye Perenko de EEUU), Vintage (EEUU), Pérez Companc (Argentina – acaba de ser comprada por Braspetro), Agip (Italia), CGC (Argentina), Burlington (EEUU), Tripetrol (Ecuador), Cayman (Ecuador), Lumbaqui Oil (Ecuador).
«Pero fueron otras las empresas que iniciaron la actividad: Texaco, Shell, British Petroleum, Conoco, Braspetro, Petrocanadá, Elf, Arco, Unocal, Mobil, Orix Santa Fe, Tryton, Hispanoil.
«Estas empresas están operando sin ningún control. Muchas de ellas dentro de las 6 áreas protegidas de la Amazonía: Reserva Biológica de Limoncocha, Reserva de Cuyabeno, Parque Nacional Yasuní, Bosque Protector de Pañacocha, Parque Nacional Sumaco y Parque Nacional Llanganates; o afectan a las 8 nacionalidades indígenas: Quíchwa, Siona, huara, Cofán, Secoya, Huaorani, Tagaeri y Achuar, además de la población colona que se asentó en la región.
«Además de estos grandes bloques, el gobierno ha repartido los denominados “campos marginales” que no tienen la extensión de los anteriores ni su capacidad de producción y han quedado en manos de Tecpecuador Bermejo), Bellwether (Charapa), Petrosud (Palanda-Yuca Sur, y Pindo), y Petrocol (Tigüino) con capitales básicamente de Argentina y Colombia.
«Estas empresas asumieron el manejo de campos descubiertos por la empresa estatal. Sin control actúan hoy en 2 áreas protegidas, el B.P.Bermejo y el P.N. Yasuní (área de amortiguamiento), afectando también a 4 nacionalidades: Cofán, Shuar, Quíchwa y Huaorani, además de los colonos de los alrededores».