May 8 2012
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Política

Ecuador, ley de Medios: no hay peor sordo que el que no quiere oír

Hay un mandato constitucional; pero admitamos que aquel no llegó o no lo escucharon bien los asambleístas. No obstante el pueblo ecuatoriano, por amplia mayoría (el 7 de mayo del 2011), volvió a ratificar que deseaba una ley de comunicación social (no de medios). Pero sigue la sordera. Apenas si 63 legisladores de 124 aprobaron que dicho proyecto será votado, artículo por artículo, pero hasta la fecha se dan largas al asunto.| ALBERTO MALDONADO S.*

 

No hay sanción que valga para los que no quieren una ley y hacen todo lo posible para que no se dicte.

 

Recuerdo al abuelo que decía: “No hay peor sordo que el que no quiere oír”. Es la pura verdad. En todos los órdenes de la vida, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y cuando no se quiere oír, uno puede reventarle un petardo en la oreja, pero “al sordo de conveniencia” no le da la gana oír la detonación. Peor si el “mandato” viene de otros lados.

 

El pueblo ecuatoriano ha demostrado, a lo largo de la historia, tener no solo dos oídos sino cuatro o más, de manera especial en los asuntos de primer orden o cuando hay alguna disposición que no es la común y corriente. Este el caso de la ley de comunicación. Los “sipianos” (de la SIP-CIA) no oyen o no quieren oír.

 

Desde luego, han escuchado una Declaración de Chapultepec (pobre ciudad mexicana) de la SIP-CIA, y allí se dice que en comunicación social “la mejor ley es la que no existe”. En eso andan. Y el Estado Ecuatoriano (que sí existe y que no es ninguna ficción) tiene que aguantar el diario desafío que hacen de este mandado, los asambleístas que no quieren sino oír a la SIP, al GDA, a Fundamedios, etc.

 

A propósito de esta SIP, bajo la égida de un “afronorteamericano” de nombre Milton Coleman, del Wahington Post, por más señas, ha tenido que refugiarse en el viejo Cadiz de la también vieja (pero no anti franquista) España, para poder decir lo suyo. Porque en América Latina ya pocos le creen a la SIP. Solo los asalariados del sector privado, que para eso están. Yo me pregunto: si han dado tantos pasos los sipianos (que hasta Juan Montalvo ha pasado a ser uno de ellos) ¿por qué no uno más? ¿Qué les cuesta patrocinar una nueva ley de comunicación si ahora los medios privados son más papitas que el Papa. O que el MPD?

 

Alguna vez escuché que hay que oír por lo menos al sentido común. A pesar de que para algunos el sentido común es el menos común de los sentidos, pero (lo que no han dicho los sesudos editorialistas de los diarios sipianos) si se ofrece una ley “timorata” yo creo, por sentido común, que es preferible a que los diarios del sistema tengan que pagar multas millonarias o que sus ejecutivos o sesudos editorialistas, vayan a la cárcel por unos tres años. Que a eso se exponen.

 

Los sipianos no lo dicen, pero lo que le ocurrió al diario El Universo (que se edita en Guayaquil, no en Quito; en Quito, la capital, se editan El Comercio, Hoy, La Hora, lo cual es más que suficiente) es que, de acuerdo a una vieja ley (que tiene varias décadas en Ecuador) fueron sentenciados a penas de prisión y multas millonarias. Entonces, a los primeros que les interesa la nueva ley de comunicación es a los sipianos.

 

Pero la pobre SIP (que a este paso, ya da pena) tiene en nuestros países sus seguidores, “a ultranza”. Son los medios impresos privados —y los medios audiovisuales que también—. Me explico: como siempre, entre el pasado y “lo virtual” hay una distancia, en nuestros países que son del tercer mundo. Lo que ya es pasado para algunos, es presente para otros. Y los medios sipianos siguen repitiendo lo que ya no creen ni los mismos sipianos. De lo contrario, harían algo por superar la desinformación que reina en Estados Unidos de Norteamérica, que está en manos de 10 (ni más ni menos, para una población que supera los 360 millones de seres humanos, incluidos los migrantes, con o sin papeles).

 

En EEUU se difunden solamente los mensajes “positivos”. De lo contrario, habría que preguntarles a los académicos y estudiantes de la Universidad de Sonoma (California) porqué publican, cada año, su anuario que, en castellano, es “El proyecto censurado”. En palabras más entendibles: lo que cada año no se publica o muy poco de los principales problemas que aquejan al mundo y al gran país del norte. Y, en las últimas ediciones, tuvieron que aumentar 25 “informaciones” más que no se publican en el gran imperio.

 

Eso es en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos en el Ecuador, en donde se publica inclusive lo impublicable. Por ello es que pienso en los 61 asambleístas que votaron en contra de la ley de comunicación. ¿Qué hacer con ellos? es la pregunta, sin respuesta. Porque olímpicamente han votado contra una disposición constitucional reforzada por una disposición popular. Se han reído de las dos disposiciones.

 

Y no les ha pasado nada. ¿Son gentes especiales que escapan a la también disposición constitucional, que todos somos iguales ante la Ley, no digamos ante la Constitución; y no les pasa absolutamente nada?

 

La máxima sanción a la que se han hecho acreedores es a que los y las ecuatorianas con derecho a voto, es echen al canasto de la basura en la próxima contienda electoral. Ahora se han quedado riéndose de la Constitución y del edicto popular.

 

Yo le escuché al señor Jerónimo Yantalema (Radio Pública, edición matutina) repetir lo que los pelucones de Guayaquil —y de todo el país— dicen a cada rato. Y él lo hacía a nombre de Pachakutec, ya que es uno de sus asambleístas. ¿Y qué es Pachakutec? Pues el brazo político de la CONAIE y, por lo tanto, del sector indígena. El nombre de Jerónimo Yantalema es muy sonoro, inclusive para un dirigente indígena. Pero este señor ¿responde al mandato de sus partidarios? Yo lo dudo. Pero el caso es que este asambleísta es más papista que el Papa, en el que, según lo dicho, sí cree.

 

Es decir, en lugar de cumplir con un mandado constitucional y con un mandato popular, lo más fácil es encontrar “culpables” de todo lo que por culpa de ellos (de Pachakutec y del MPD) no pueden, desde el Parlamento. Según el decir del señor Yantalema, la Ley de Aguas y la Ley de Tierras duermen por culpa de los “malos” de Alianza País. Ellos “sí quieren”, pero los que se oponen son los “malos” del gobierno. Y ellos, que son las madres teresas de la actual Asamblea Nacional, pues están esperando.

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Yo, que soy un ingenuo incurable, pregunto:

 

¿Han hecho ellos alguna revolución? Porque para mandar, hay que hacer primero una revolución. Que yo sepa, la única revolución que “avanza” es la “revolución ciudadana”. Y ¿quién es el único revolucionario de esa revolución? Pues el Presidente Correa. Por ahí, algunos asambleístas y algunos políticos que le acompañan; pero, desde el principio Pachakutec y el MPD (que son los únicos que en apariencia pueden hacer una revolución) no quieren esta revolución, porque no ha sido hecha por ellos.

 

Y como no puede ser de otra manera, están en su contra. Para ello, bastan y sobran las disculpas. Dicen los entendidos que “desde que se inventaron las disculpas, nadie queda mal”.

 

En esta parte, cuatro aclaraciones. Yo no dudo que muchos en el Movimiento Popular Democrático (MPD) honestamente, deben estar por un proceso revolucionario; pero, como esta revolución está dada por un católico, apostólico y ecuatoriano, no vale. Y no solamente no hacen nada porque salgan la ley de aguas y la ley de tierras, sino que votan en contra, cada vez que se ofrece, Nada más fácil, entones, que echarle la culpa, al del otro lado. Ellos, pobrecitos, siguen conversando (las dirigencias) con la Junta Patriótica de Guayaquil, que sigue siendo el sumun de sumun de los pelucones del Ecuador.

 

En segundo lugar, acostumbrados como han estado a una situación que les era favorable, no vale nada el país, sino es por ellos. De acuerdo al último censo de población, apenas un 7% son indígenas puros. ¿Y los demás, que se han calificado de mestizos, no tienen derechos? No, mientras el tal por cual del Correa no quiera darles todas las potestades, para que manejen el agua, en todo el país. No, mientras le quieran cobrar los impuestos al señor Salvador Quishpe, que es el Prefecto de Zamora; y que ha caminado en carro junto al Prefecto del Azuay. Y si es prefecto de una provincia, tiene derecho a no pagar impuesto alguno, al SRI. No solo el señor Noboa, tiene ese derecho; ellos también.

 

Y una tercera pregunta, ¿Por qué no le piden cuentas al MPD? que gobernó la UNE y la FEUE de todo el país (en especial, en la Universidad Central de Quito) durante tantos años. He leído que, por lo menos, el señor Castello trata de dar cuenta del dinero que está acumulado en algún banco de Guayaquil; que si no es por ese dinero, los pobres profesores no tendrían casa. ¿Tienen casa todos los profesores del país? Y sobre lo que recibieron de la Central, (que fue mucho más que cualquier facultad universitaria) no han dado cuentas a nadie; ¿qué hicieron con ese dinero?

 

Y tengo una cuarta inquietud, que ya la he expresado hace rato: ¿por qué los cientistas sociales no advirtieron que, entre los indígenas, podía darse la lucha de clases? Desde hace rato, yo, sin ser ningún cientista de nada, advierto que entre nuestros indios hay grandes diferencias. Por ejemplo, un otavalo no es lo mismo que un cañari. Un saraguro no es lo mismo que un salasaca. Y encuentro además que es más decente la actitud, por ejemplo, del Auki Tituaña (exalcalde de Cotacachi) que del señor Cholango. O del maestro Micuel lluco y la del señor Vargas. Y así por el estilo.

 

En fin, creo que es mucho “más cristiano” apoyar los intentos revolucionarios del presidente Correa que estar junto a los de la Junta Cívica de Guayaquil o del señor Jaime Nebot, que, según me dicen, ya pinta como socialdemócrata. ¿Qué dirán de todo esto el asambleísta señor Páez o el exlegislador Henry Yanez? ¿Le irán a dar ingreso a la ID? ¿Qué dirá a todo esto el doctor Borja?
——
* Periodista.

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