Ecuador, los malos pasos: el primero: «blanquear» la Asamblea Nacional

Alberto Maldonado S.*

Lo están consiguiendo. Dicen los “manuales” de la contra insurgencia que, cuando no ha sido posible derrocar a un mandatario “disociador” hay que comenzar un proceso de “blanqueamiento”  del enemigo; blanqueamiento que puede comenzar por el deterioro de uno de sus flancos más importantes; en este caso, la Asamblea Nacional que reemplazó, según la nueva Constitución, al viejo y corrompido Congreso Nacional.

Entre los vicios que “adornaban” al antiguo parlamento pelucón, estuvo el de la incuria, entendida esta como una actitud constante en el incumplimiento de sus obligaciones fundamentales: discutir y aprobar leyes o reformas legales, de conformidad con las exigencias ciudadanas, en un momento dado. Los congresistas de antaño estaban dedicados a todo menos a esta obligación; y si lo hacían, era por fuerza de las circunstancias o para aprobar algún cuerpo legal que era de interés del grupo o del sector político, social, económico al que se “debían”

Para no ir muy atrás, recordemos que para el 2006, último año en que estuvo en vigencia el viejo Congreso Nacional, según sondeos de esos años, ocupaba el último lugar en materia de credibilidad y confianza ciudadana. Y una de sus críticas fue que no legislaba, que estaba dedicado a cualquier  cosa menos a lo que le correspondía.

Bajo el gobierno de Rafael Correa y la revolución ciudadana, el viejo Congreso fue disuelto y se impuso la tesis de la Asamblea Constituyente; asamblea que en Montecristi (la cuna de Alfaro) dictó la nueva Constitución, que está en vigencia desde hace poco más de un año, con el voto afirmativo del 70%  de la ciudadanía. Por lo tanto, la nueva Asamblea Nacional nacía con la obligación de superar para siempre las viejas prácticas legislativas; y dar paso a nuevas leyes que, de acuerdo con decisiones de la propia Constituyente, debían aprobarse  en un plazo perentorio, que resultó insuficiente.

Cierto que, al comienzo de la nueva Asamblea, los 54 asambleistas (de un total de 124) del movimiento de gobierno (Alianza País) más grupos “afines” aprobaron leyes, decretos, reformas, como nunca antes había ocurrido. Pero, poco a poco, los grupúsculos en oposición y los que fueron separándose del bloque oficial por distintas razones (Pachakutik, ADE, MPD, Socialistas, PRE) comenzaron a darse cuenta que, aunque no llegaban a una mayoría legislativa (63) podían sin embargo neutralizar a la Asamblea  y boicotear la aprobación de las leyes más importantes y necesarias para que la “revolución ciudadana” fracase.

Tal ocurrió con el proyecto de Ley de Aguas, que fue abiertamente boicoteado por la dirigencia indígena aglutinada en la CONAIE, otrora un frente progresista que inclusive dio al traste con el gobierno de Jamil Mahuad, junto al coronel de inteligencia, Lucio Gutiérrez Borbúa, con quien se pelearon después. Todos fuimos testigos y recordamos que hace poco hubo un desate de movilizaciones, paros y grescas con la fuerza pública, de sectores indígenas que sostenían que estaban contra la ley porque “privatizaba” el agua. No pudieron  nunca probar este acierto; pero, lograron que el interior de la Asamblea, los asambleistas que hacían mayoría, no pudieran aprobar la ley; así como tampoco los de oposición, que se la negara. Por lo que el Presidente de la Asamblea no tuvo más remedio que declarar que el proyecto “quedaba en el limbo” una manera decir que se neutralizaba, nadie sabe hasta cuándo.

La misma táctica está siendo aplicada con el proyecto de Ley de Comunicación que ha sido atacado durante meses por la “gran prensa” ecuatoriana (impresa, radial, televisiva) como nunca se había dado. Y al parecer, esta campaña mediática (un auténtico terrorismo mediático) ha causado “preocupación” entre no pocos asambleistas, que dependen de la gran prensa sipiana, para una posible reelección o para futuras elecciones provinciales.

Desde luego, nunca un proyecto de ley de comunicación podrá ser perfecto y definitivo. Dentro del sistema que vivimos, sin embargo, se impone una legislación que restituya para el consumidor (la amplia mayoría de la población) el derecho universal que tiene a una libertad de expresión concreta y cierta; y no la que ejercen los medios sipianos. Con decirles que una de las objeciones al proyecto es el de que se exige que la información sea verídica, contrastada; un mandato (si se aprueba) que ha estado siempre en todos los códigos de ética y en la formación de comunicadores y periodistas; pero que, para la gran prensa sipiana, es una disposición que descubre que, lo que se prepara, es “una ley mordaza” ¿No advierten que esta objeción es un reconocimiento tácito a que, desde hace rato, informan sin un apego a la veracidad, a la contrastación de la noticia?

Sin embargo, el asambleista neopelucón César Montúfar (respaldado por prensa, radio y televisión mercantiles, que para eso están, arriba der.) ha confundido a lo que ellos denominan “opinión pública” y ha logrado, al interior de la Asamblea Nacional, aglutinar a buena parte de los grupos oposicionistas (incluidos algunos que se identificaban con la oficialista Alianza País); y  en primera instancia, neutralizar el debate y la aprobación de la ley. Algo que lo veíamos venir; y que, al parecer, es la tónica que comienza a  imponerse en el nuevo parlamento ecuatoriano: la repetición de la vieja sentencia castellana: “el perro del hortelano ni come ni deja comer”.

Es ya casi un lugar común, asegurar que, en los grandes cambios sociales, lo más difícil es que cambie el interés, las costumbres y el propio pensamiento de las personas. Tal parece que, en algunos asambleistas sigue primando ese “inefable” ¿y qué sacó yo de tal o cual decisión? Antaño, el diputado exigía prebendas o mando político en su circunscripción o, simple y llanamente, que pase por su lado “el hombre del maletín” Es evidente que aquello ya no se da en la Asamblea Nacional; pero, eso quiere decir, que, política e ideológicamente, los líderes del oficialismo debían desplegar una intensa campaña a fin de que los sectores que se habían acercado, por lo menos no terminen en desbandada, frente a las “tentaciones” que seguramente les hacen “a futuro” sus compañeros pelucones.

En cuanto a objetivos (que no se apruebe la ley) esta “operación” tiene además un doble propósito: desprestigiar a la Asamblea e impedir que cumpla con sus deberes. Se advierte la misma táctica que con la Ley de Educación Superior, en trámite. Viejos dirigentes de la vieja universidad (especialmente estatal) alineados impúdicamente con la universidad privada, encuentran “una y mil objeciones al proyecto en trámite”.

Dicen que demandan “plena autonomía” ya sea para que la universidad privada siga haciendo lo que le viene en sus propios intereses políticos, económicos, sociales;  y que a la universidad pública se le reconozca su “autonomía de siempre”, la que le permitió al MPD un dominio total de más de tres décadas y un aprovechamiento de “facilidades” de las que nunca rindieron cuentas. En los dos casos, a los dirigentes universitarios, al parecer, les importa un pepino que el atraso de décadas que arrastra la universidad ecuatoriana siga “vigente” y no quieren entender que, en países como el nuestro, la suerte del país sigue la suerte de sus universidades.

Es decir, la oposición, especialmente mediática, comienza a aplicar una táctica que, si no hay un cambio oportuno y aceptable de una conducción coherente y mayoritaria, pues hay que ponerse a pensar que ha comenzado en el Ecuador un proceso de retroceso político-ideológico. Y que el movimiento oficialista y el propio Presidente de la República, por un rápido deterioro del Parlamento de la revolución ciudadana (la encuestadora de Santiago Pérez daba a conocer que la Asamblea Nacional tenía, al comenzar julio/2010 una aceptación de apenas el 4% más un 36% de opiniones favorables a medias), pues a lo menos que se podrá ir es a una clausura de la Asamblea, a una renuncia obligada del Presidente Correa y a unas elecciones anticipadas.

Desde luego –y como si todo este aparataje respondiera a una misma secuencia- la gran prensa sipiana  “denuncia” que al interior de la Asamblea Nacional han comenzado a reeditarse las “viejas prácticas” de los congresos anteriores. Se preguntan el por qué tres o cuatro asambleistas de oposición, que habían firmado un compromiso con la oposición para invalidar el informe de la Comisión de Comunicación (y por lo tanto su discusión), no aparecieron a la hora y la fecha en que debían votar; y dejaron a sus compañeros solo con 60 votos a favor (de las 63 que necesitaban) No se preguntan en cambio, qué les han ofrecido a unos tantos asambleistas “independendientes” para que plieguen a la oposición, que es la que tiene recursos para hacerlo.

¿Le conviene eso al país? De lo que no queda duda es el de que el sector ultra conservador y facistoide de la oposición, como en el fútbol, es un sector que no debe ser desestimado; que es mucho más ducho para echar abajo lo que los asambleistas oficialistas con tanto esfuerzo levantaron, o pretendieron levantar. 

* Periodista.