Sep 30 2012
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OpiniónPolítica

Ecuador: todos hablan sobre libertad de expresión

Hasta hace poco, hablar sobre el tema era arriesgarse a ir a parar en la hoguera bárbara o en cualquier otra forma de morir. No voy a referirme a la furia desatada en el mundo musulmán, por esa película mal hecha, que denigra al profeta Mahoma. Solo quiero recordar que no hace dos siglos para la Iglesia Católica Apostólica y Romana aquello podía significar la muerte más brutal por los llamados Tribunales de la Santa Inquisición. Esto a pesar de que en la misma Biblia consta ese numeral que dispone el “libre albedrío” para el ser humano.| ALBERTO MALDONADO S.*

 

Digo esto porque el derecho a pensar como le dé la gana a uno, es reciente. Data del fin de la segunda guerra mundial y la constitución de las Naciones Unidas. Según uno de sus postulados “nadie debe ser perseguido por las ideas que profese” Y aquello que está en vigencia, desde hace cerca de 70 años, no es un cuento.
Pero muy pocos países pueden decir que lo han respetado a plenitud. Sin duda, algo (o mucho) hemos ganado si lo comparamos con aquellos tiempos de las “bárbaras naciones” como cuando los nazis (que fueron europeos) sentenciaban a morir bajo la cámara de gases a niños y niñas, por el solo hecho de ser descendientes de judíos.

 

Hay, sin embargo, un límite a esa libertad: no es absoluta ya que muchas personas tienen también derecho a su buen nombre, a su reputación. No es que uno no puede hacer una denuncia sin dar las pruebas de lo que dice; o por lo menos indicios ciertos, como dicen los abogados.
Es decir: no es cuestión de gastarse en una imprenta (o una radio AM o FM o una televisora) y decir cualquier cosa. Hay que acusar pero con pruebas.

 

Lo contrario es arriesgarse a que le enjuicien no solamente a uno sino a la compañía anónima que le auspició. Sino que le pregunten a El Universo y al señor (no digo periodista) Emilio Palacio, que está gozando del tío Sam, allá en los “Unaites”, junto a Luis Posada Carriles o a los hermanos Isaías, entre
otros.

Pero veo que todo el mundo se cree en la obligación de hablar sobre la libertad de expresión. Igual podemos hablar (y hablamos) de Jurisprudencia, de Economía, de Medicina y hasta los maestros mayores y menores, se dan el lujo de hablar de Arquitectura y de Ingeniería. Lo que digamos, felizmente, cae en saco roto y no se toma en cuenta.

 

¿Qué tal, por ejemplo, nosotros, los periodistas, queriendo dar clases sobre la jurisprudencia? ¿o a los abogados diciéndonos qué entender por economía? ¿O a los médicos hablando de arte? Y conste que tienen derecho a ello; a decir algo (sea una verdad o una estupidez). Y conste también que de “todólogos” todos tenemos un poco, si no que le pregunten a los que tienen la cultura revisteril o de diarismo; y que se atreven a ser hasta decanos de periodismo.

 

Por lo menos, escucho a los “sabios” (con el perdón de los sabios, de verdad) que ya reconocen como un derecho universal, el derecho a pensar como le dé la santísima gana. Pero hay quienes siguen pensando que solo los “grandes” medios comunicacionales, tienen el derecho a la libre expresión. Por preguntar algo: ¿no está cometiendo la señora Tibán (conste que le digo la señora) el mismo pecado al “disponer” (los que todavía le hacen caso) que los periodistas, así sean reporteros del sector público, tienen derecho a entrar a una rueda de prensa convocada por el (o la) “líder”? Por lo menos el Alberto
Acosta, ex Alianza País, y candidato “de la izquierda” a presidente,
seguirá pensando así.

 

Es decir, en este proceso (que tiene poco tiempo) se ha llegado a una conclusión que es aceptada por toda la humanidad: que la libertad de expresión es de todos. Solo falta que los sipianos la reconozcan como un derecho universal. Y, como toda libertad, tiene sus límites. No se puede decir que nadie es culpable de un delito así tenga un juicio que está por cerrarse, o un indicio que nos lleva a tal o cual conclusión “anticipada”, etc. Según los diarios sipianos (de la SIP-CIA) solo basta que se transcriba lo que dice un abogado, que defiende o ataca una causa. Y todos sabemos que los abogados están para defender lo indefendible; que dicen cualquier cosa, como si fuera la última verdad, que para eso son abogados.
¿Podemos decir lo mismo los periodistas? Hace años, nada menos que la Corte Suprema de Justicia de Francia pidió públicamente que los periodistas no pretendamos juzgar anticipadamente, a nadie.

 

Yo (y muchos como yo) sostenemos que los principales enemigos de la libertad de expresión, género humano, son los grandes diarios del mundo, asistidos desde hace décadas por estaciones de radio y de televisión; ahora, por el internet. Y son los principales enemigos de la libertad de expresión, por muchas razones, en especial porque tienen que defender a capa y espada el supuesto “derecho” que todos tenemos a la sociedad de consumo. Y vaya que la publicidad mundial (miles de millones de dólares, en juego) seguía a la gran prensa y hoy prefiere a la televisión y después a la radio.

Según datos oficiales, de la gran torta de la publicidad, se lleva un 85 por ciento la televisión (en especial, los programas llorones o que destacan lo anormal de la vida) Y solo queda un 15% para la gran prensa escrita y la radio.

Además, en estos años, la prensa mundial ha adoptado un temperamento partidario. Antes (hasta los años 60 del siglo 20) trataban de disimular y de aparecer como sujetos a una supuesta objetividad y a una neutralidad, que nunca existió. Recordemos (porque es reciente) la actitud de los medios frente a la extinta URSS. Hoy estamos viendo que esos mismos medios, hundidos que han sido los llamados partidos políticos del pasado (en especial, el Conservador, el Liberal, el neocapitalismo o social-cristianismo, el neofascismo, el PP europeo y hasta la extinta Izquierda Democrática – ID etc. ) han asumido la defensa del sistema. Eso lo vimos y lo sentimos desde 1959, en adelante, en Cuba; lo estamos viendo en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, en Nicaragua y hasta en Argentina.

 

En palabras sencillas, la libertad de expresión no es potestativo de los grandes medios comunicacionales. Por lo tanto no hay que creer en los perseguidos del sistema, tipo Janet o Gonzalo. No me vengan con el cuento de que les están amenazando por lo que dicen o hacen. Otra cosa es creerse la “mamá de Tarzán” y que yo puedo decir lo que se me ocurre del gobierno “que odio con todo mi corazón”. Y, desde luego, el bolsillo.

 

En esta parte quería hacer una distinción: las antiguas dictaduras (o las supuestas democracias porque habían recibido votos) tenían mucho que esconder, en especial porque el dinero, que era de todos, por arte de “magia política” iba a parar en anónimos grupos o personas. O cuando se daban a ojos vistas y era inocultable, iba a parar en manos de la familia (sino que le pregunten al coronel Lucio).
Es decir, defendían lo indefendible y, por ello, muchos ciudadanos de primera y que no se hacían los mudos y los sordos, fueron “desaparecidos” fueron asesinados, muchas imprentas fueron allanadas, etc. Un cuadro semejante, no hemos visto en nuestro país; en épocas recientes. Ni tan siquiera en la época del Ingeniero.

 

Pienso (luego existo, lo dijo Sócrates o Descartes) que en estos tiempos no es posible aceptar de buenas a primeras perseguidos por este gobierno, así pretendan aparecer como tales. Se cita y se dice que el primero fue el señor Carlos Vera, que fue botado por los dueños de Canal 8 de Quito (Canal 2 de Guayaquil) y que después de una presencia política en la derecha, no se ha vuelto a saber nada de él, como no sea encabezando esta lista. Un segundo, es el periodista Jorge Ortiz, que fue víctima del Canal 4 de Quito cuando sus ex dueños lo iban a vender.
Los nuevos dueños quisieron (si es verdad la primera versión) que les den dicha estación televisiva pero sin Jorge. Yo dudo de esta versión porque, de lo contrario, los nuevos dueños del canal 4 no hubieran contratado a la señora Janet Hinostrosa, que resultó peor (más agresiva) que el Jorge.

 

Uno de los nuevos perseguidos es el periodista Gonzalo Rosero, de Radio Democracia (Quito). Él, no sé si ha renunciado a su alto cargo; pero se ha declarado perseguido por el actual gobierno; al que auspició, de alguna manera, cuando le entrevistaba cada semana. ¿Quién le persigue al señor Rosero? No sé, pero supongo que hay formas de contrarrestar esa persecución. Por qué no denuncia para saber de quién debemos cuidarnos.

En todo caso, el señor Vera, la señora Hinostrosa, el señor Ortiz, deben reclamar por sus cargos a quienes les botaron, ya sea por lo que dijeron o no dijeron. Es como a los partidos y movimientos políticos, reclamando al Consejo Nacional de Elecciones (CNE) lo que hicieron en cuanto a firmas y otras. O debieron denunciar a los que las vendieron o a quienes recogieron las firmas. Por malos y mediocres. ¿Qué tiene que ver el CNE en todo esto? Es como acusar al profesor de colegio por las copias de sus alumnos, como el causante de tales atropellos.
¿Son los jóvenes mejores que los viejos? pregunto.

 

De acuerdo a esta (y anteriores) Constitución somos iguales ante la ley. Lo cual no es verdad. Ya llevamos cuatro años del mandato constitucional de que deben aprobar una ley de comunicación (no de medios) y cerca de dos de la reiteración plebiscitaria, en el mismo sentido. Si los pelucones de todo el país hubiesen leído el proyecto de nueva ley, habrían dado sus votos para la aprobación de esta y de otras leyes, que les favorecen. Pero: tienen que oponerse a todo, que para eso son de oposición; no se dan cuenta (o no quieren o no pueden porque les mandan de otro lado) que la ley que se propone es “más mejor” que la tenemos y por la que fue sentenciado el señor Palacio y los principales del diario El Universo.

Igual, el quincenario Vistazo, que por ser tal se creyó en el derecho de recomendar que voten por el “no” la víspera de la consulta plebiscitaria, cuando la vieja ley prohibía a los medios comunicacionales que digan lo que piensan, en esos días. No es por la opinión que ha sido sancionado Vistazo sino por haber transgredido la ley, que es para todos.

 

Por estas razones y por muchas más que pienso que los principales enemigos de la auténtica libertad de expresión son los diarios y las empresas peluconas. Y por lo mismo que no acepto que todos somos iguales ante las leyes. Ni qué decir tengo de los llamados asambleístas que, a título de ser inmunes (impunes) pueden decir y hacer lo que les da la gana. Aquellos, por lo menos, se merecen que no sean reelegidos.
——
Periodista
Quito, septiembre 29 de 2012.

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