Sep 18 2010
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Sociedad

El crimen organizado avanza sin control en Centroamérica

Marco A. Gandásegui, h.*
Nelson Quintanilla, sociólogo salvadoreño, acaba de escribir un artículo de alerta, que los panameños y latinoamericanos debemos tomar muy en cuenta. En El Salvador las pandillas declararon un paro del transporte público que paralizó el país. ¿Debe sorprendernos o es la consecuencia de políticas públicas equivocadas? Según el sociólogo, el país centroamericano “vive una ola de criminalidad que afecta los transportistas víctimas de asesinatos.

El gobierno no logra definir una política que garantice la seguridad de la población. El paro del transporte decretado por las pandillas tiene como antecedente la ley de Proscripción de Organizaciones de Naturaleza Criminal”.

Mientras los gobiernos – el panameño entre los primeros – se apresuran en aprobar una legislación laboral que crea más desempleo e informalidad y, además, pone su política exterior al servicio de intereses bélicos de EEUU, como consecuencia directa la sub-región cae cada vez más en manos del crimen organizado. En el caso de El Salvador, las pandillas se han convertido en un actor político que disputa su legitimidad de igual a igual con otros sectores de la sociedad civil.

El Ejército declaró que tienen "la situación del transporte controlada”. Sin embargo, “lo que no estamos controlando es el rumor", declaró el ministro de Defensa, general David Munguía. El 1º de septiembre de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que impone hasta 10 años de cárcel a cualquier persona que integre esas agrupaciones.

Según la ley aprobada, "son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras Salvatrucha, MS-trece, Pandilla Dieciocho, Máquina y Mao Mao". Además, quedó establecido que los bienes, valores, dinero y otras posesiones derivadas de las actividades ilícitas de las pandillas serán confiscados y pasarán a manos del Estado. En 2010, según el periódico Heraldo, en represalia al rechazo de los empresarios del transporte a pagarles la llamada "renta" (extorsión), han asesinado a 107 personas, entre choferes y cobradores.

El incremento de la violencia se ha politizado, convirtiéndose en un arma de la extrema derecha para atacar al gobierno que cuenta con el apoyo político del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN). Según el sociólogo Quintanilla “no se puede negar que la situación es complicada y que necesita firmeza para resolverlo… (Sin embargo), no necesitamos una dictadura militar para evitar la zozobra, el pueblo mismo puede y debe participar decididamente para evitar una guerra social”.

Se necesita una política pública que reincorpore a la juventud, que se ha unido a las pandillas, a las escuelas y a los centros de trabajo. Política que consolidaría a la institución familiar y fortalecería a las comunidades y centros culturales.

Hay que estudiar cuales son las fuerzas políticas que se encuentran detrás de las pandillas manipuladas por el crimen organizado. En el caso de El Salvador, plantean sus reivindicaciones y publican sus comunicados abiertamente en busca de legitimidad. La semana pasada circularon una declaración insólita pidiendo disculpas por la paralización del transporte público pero explicando sus motivos: "Los miembros de las pandillas MS y 18 le pedimos al pueblo salvadoreño, en general, nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados, a través de un paro de buses. La MS y la M-18 piden al presidente salvadoreño vetar la "Ley de proscripción de maras, pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal".

Las pandillas del crimen organizado convocan al diálogo y le pide "al Gobierno que vete la ley de proscripción… lo invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución al conflicto de la violencia", indica el comunicado. Quintanilla concluye “que estos grupos son fuertes y si no se les presta la debida atención pueden crear más terror”. Señala con acierto que “no son leyes de mano dura o súper mano dura las que pueden resolver el problema. Debe revisarse las causas que hicieron posible la aparición de estas organizaciones y proponer alternativas de solución”.

Al igual que en Panamá, las causas que permiten la aparición de estas organizaciones criminales son las políticas públicas equivocadas que ejecutan los gobiernos de turno que desintegran las instituciones básicas de la sociedad. Estas políticas de flexibilización del trabajo y de “apertura” a inversiones de capital “sucio” se hacen cada vez más peligrosas al ser subordinados los gobiernos por los intereses del crimen organizado.

*Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA. Servicio ALAI

 

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