Esclavismo en la modernidad
“El trabajo forzado está extendido en todo el planeta” y “aparece en todas las sociedades, tanto en sociedades en desarrollo como en sociedades en transición y en sociedades desarrolladas”, afirmó en Madrid el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, Juan Felipe Hunt, durante la rueda de prensa de presentación del informe Una alianza global contra el trabajo forzado.
Del total de 12,3 millones de “esclavos modernos” –tal como los denomina la propia OIT– que existen actualmente en el mundo, 9,8 millones son explotados por agentes privados –de los que 2,4 millones son resultado de la trata de seres humanos– y 2,5 millones son trabajadores y trabajadoras forzados a trabajar para el Estado o para grupos militares rebeldes.
Por lo demás estas cifras son “estimaciones aproximadas”, dada la dificultad para recoger datos fidedignos sobre este tipo de prácticas, según precisa la organización.
ESCLAVITUD CONTEMPORÁNEA
El trabajo forzado “es la actual forma de esclavitud” y “es inaceptable que en el siglo XXI sigamos hablando de esclavos”, afirmó en la rueda de prensa María Luz Vega, experta del Departamento de Seguimiento de los Principios de la Declaración de la OIT en Ginebra.
“Los esclavos de hoy en día no son los esclavos de las cadenas ni los esclavos romanos”, añadió. “Aún más, podríamos decir que los esclavos romanos eran bienes de valor que en general se conservaban y se guardaban de una forma específica”, mientras que “el esclavo de hoy es un bien de consumo que se deja a su propia perdición en ámbitos en los que les espera es, con mucha frecuencia, la muerte y la desolación”, denunció Vega.
Las personas afectadas por esta práctica se ven forzadas a trabajar mediante “formas muy sutiles, como puede ser una amenaza más o menos velada, o formas radicales, que pasan por la retención de papeles a que se somete a muchos migrantes o el tráfico de mano de obra en general”. Sus principales víctimas “son los pobres, los discriminados, las clases marginadas, aquellos más ligados a las formas de pobreza y a las formas de discriminación”.
Por ejemplo, “en Asia son las castas más desfavorecidas, en América Latina son los indígenas” y en todo el mundo “son en general las mujeres, los niños y los hombres que se encuentran en áreas aisladas y con poca información”, añadió la experta.
LOS NÚMEROS, LA CANTIDAD
El informe destaca que una quinta parte de todos los trabajadores y trabajadoras –en todo el mundo– que son forzados a trabajar son objeto de trata. En Asia, América Latina y África subsahariana la trata es inferior al 20 por ciento, mientras que en el mundo industrializado y en transición, así como en Oriente Próximo y Norte de África, no baja del 75 por ciento.
Asimismo, el estudio indica que las mujeres y las niñas representan la gran mayoría de las víctimas en el caso de la explotación sexual –el 98 por ciento–, mientras que la explotación económica está más equilibrada entre sexos, aunque mujeres y niñas –un 56 por ciento– suponen un poco más de la mitad.
La OIT estima que entre el 40 y el 50 por ciento de las víctimas de trabajo forzado son menores de 18 años.
La cifra más importante de trabajadores forzados, según el informe de la OIT, es la de Asia, con 9,5 millones de personas, dos tercios de las cuales son explotadas económicamente por actores privados, a través de peonaje por deudas, en la agricultura y otras actividades. Aproximadamente una quinta parte trabaja forzosamente para el Estado, como es el caso de Birmania. La explotación sexual supone una décima parte del total de los casos registrados.
América Latina y Caribe reúnen 1,32 millones de víctimas del trabajo forzado, de las cuales un 75 por ciento sufre explotación económica por parte actores privados, el 16 por ciento trabaja para el Estado y el 9 por ciento sufre explotación sexual.
BENEFICIOS Y SANCIONES
Por otra parte, el informe señala que el trabajo forzado en el mundo genera unos beneficios de cerca de 32.000 millones de dólares al año, lo que equivale a un promedio de 13.000 dólares por cada persona traficada y forzada a trabajar.
“Los beneficios son enormes”, afirmó Vega.
Por ello, aseveró, es “fundamental” que se denuncie a las empresas implicadas en estas prácticas, ya que “con mucha frecuencia, a final de la cadena productiva se encuentra una empresa multinacional”.
“Es importante que se haga este tipo de denuncias, pero tiene que ser una decisión a nivel estatal”, advirtió Vega, quien señaló que las legislaciones nacionales e internacionales deben luchar “contra la impunidad” mediante “la prisión para todos los explotadores y con sanciones concretas y reales”.
AMÉRICA LATINA:1.300 MILLONES
El informe de la OIT señala que el trabajo forzado en América Latina y el Caribe genera 1.300 millones de dólares de ganancias y afecta particularmente a trabajadores agrícolas indígenas sin medios para pagar sus deudas con contratistas privados.
Brasil es el país que tiene el mayor problema –lo ha reconocido como tal– y es además en donde se han identificado casos de “trabajo esclavo”, particularmente en los estados de Pará y Mato Grosso, en la región amazónica de ese país.
En Bolivia también existen varias formas de trabajo forzado, la más común –conocida bajo el término de “enganche”– se basa en pagos adelantados a los campesinos en las zonas tropicales de Santa Cruz y el Chaco.
En Paraguay, los trabajadores son sometidos a discriminación y tratos abusivos en haciendas ganaderas.
Esta entidad también ha registrado numerosos casos en Perú que consisten en el reclutamiento forzado en campamentos de explotación forestal y entre comunidades nativas aisladas.
“La selva amazónica parece ser un imán para el trabajo forzado, ya que la falta de empleo, el aislamiento geográfico y la ausencia de instituciones estatales hacen de esta área un terreno fértil para el tráfico de trabajadores indefensos”, recalca el estudio.
La OIT calcula que “podría haber hasta 20.000 trabajadores en estas condiciones, muchos de ellos acompañados por sus mujeres e hijos”.
El autor principal del informe, Patrick Belser, dijo que a pesar de estos datos la situación en ese grupo de países “ha mejorado en los últimos años” debido a la voluntad política de las autoridades para frenar el trabajo forzado.
El país que más ha avanzado en ese sentido es Brasil, cuyo ejemplo ha sido seguido por Bolivia, que “ha reconocido el problema y ha creado una entidad nacional que recomendará normas y medidas concretas para combatir ese tipo de explotación”, indicó el experto de la OIT.
Por su parte, “Perú y Paraguay están reflexionando y sus ministros (de Trabajo) han manifestado a la OIT su intención de crear mecanismos similares con la participación de empleadores, sindicatos y de la sociedad civil”.
Belser explicó que el trabajo forzado se concentra “en haciendas tradicionales, menos rentables” y que entre los factores que hacen posible la explotación en las áreas rurales están la débil presencia del Estado, los bajos recursos destinados a la educación y las altas tasas de analfabetismo.
Asimismo, influyen negativamente la lenta implementación de las reformas agrarias y la carencia de documentos de identidad oficiales por parte de los campesinos indígenas, “lo que los vuelve invisibles ante las autoridades nacionales”.
Sin embargo los abusos a través del trabajo forzado no se limita a las zonas rurales sino también alcanzan las áreas urbanas, donde las víctimas son utilizadas sobre todo para la prostitución y el trabajo doméstico.
En Centroamérica, dijo el experto, el problema también involucra a las maquilas, donde las trabajadoras son obligadas a realizar horas extras sin ninguna remuneración a cambio.
En esa región, sin embargo, la OIT no tiene programas relacionados a esta temática porque los gobiernos –con la excepción de Guatemala– no lo han solicitado.
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Fuentes
OIT, agencias de información.