Haití: el gran miedo

Mark Weisbrot*
La controversia ante el regreso a Haití del tristemente célebre dictador, Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, es de muchas maneras una distracción. Sin duda es importante que sea juzgado por crímenes contra la humanidad, incluyendo el asesinato y la tortura de sus opositores. Pero ahora mismo se está cometiendo otro crimen contra Haití: potencias extranjeras están tratando de robar nuevamente sus derechos democráticos a los haitianos.

Más de 200 años después de que Haití se liberara de la esclavitud y de Francia, los países ricos aún parecen tener un gran miedo de que los haitianos se gobiernen a sí mismos.

Se hizo evidente desde el principio del desastre hace un año, cuando Estados Unidos se apoderó del control del tráfico aéreo en Haití e inmediatamente llenó la mayor parte del espacio disponible con aviones que llevaban soldados y equipamiento militar. Su gran miedo de los saqueos y crímenes a continuación del terremoto nunca se materializó, pero en la primera semana posterior al terremoto mucha gente perdió la vida o miembros, los que pudieron ser salvados si los médicos y el equipamiento de salud hubieran sido la prioridad.

La “comunidad internacional” ha problematizado el esfuerzo de ayuda de manera que es vergonzoso desde cualquier punto de vista. Aproximadamente 95 por ciento de los escombros aún no se han recogido. Poco se ha hecho en materia de servicios sanitarios, según Médicos sin Fronteras, lo que ha ayudado a extender el cólera que aparentemente fue importado por tropas de ocupación de Naciones Unidas, lo que ha provocado 3 600 muertes a consecuencia de una enfermedad que es relativamente fácil de tratar y de impedir que se expanda.

La mayoría de las personas que perdió su hogar en el terremoto aún está viviendo bajo tiendas de campaña, donde el suelo bajo ellos se convierte en lodo cuando llueve, y algunos no siquiera tienen tienda. La “comunidad internacional”, que domina la Comisión Interina de Recuperación de Haití, no quiso presionar a los terratenientes haitianos para que aceptaran lo que se hubiera hecho en cualquier otro país, incluso en Estados Unidos: tomar la tierra disponible, mediante compensación, para hacer los refugios necesarios.

Pero esta misma comunidad internacional no se ha limitado para presionar al gobierno haitiano a fin de que acepte a sus escogidos a la segunda vuelta de votación presidencial. Esto a pesar del hecho de que el equipo de “expertos” de la Organización de Estados Americanos utilizó un método arbitrario de deshacerse de 234 registros de votación y cambió el resultado de las elecciones.

Pero no tenemos idea de lo que hubieran encontrado si comprobaran de la misma manera todos los registros de votación (no se reportó ninguna inferencia estadística). Y más de 1 300 registros de votación (aproximadamente 12 por ciento del total) desaparecieron o fueron puestos en cuarentena por las autoridades electorales. Si estas se incluyeran, parece que Jude Celestin –el candidato del gobierno y el que la OEA proponga que sea excluido— hubiera quedado en segundo lugar y participaría en la segunda vuelta.

En otras palabras, Washington y sus aliados cuidadosamente seleccionados están diciendo a Haití cuál debiera ser el resultado de las elecciones.

Por supuesto, las elecciones fueron ilegítimas de inicio, porque el partido político más popular del país, Fanmi Lavalas, fue excluido de las boletas. En mayor medida como resultado de esta exclusión, solo una cuarta parte de los electores de Haití acudieron a las urnas. Esto se compara con la participación de 59 por ciento en las elecciones presidenciales de 2006, e incluso mayores porcentajes en elecciones anteriores. No ha habido una abstención mayor en los últimos 60 años de elecciones presidenciales en este hemisferio, incluido Haití.

Fanmi Lavalas es el partido del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, quien fue derrocado, secuestrado y desterrado por tropas norteamericanas y de la “comunidad internacional” en 2004. El gran temor es que si las elecciones se hicieran de nuevo –como evidentemente debiera hacerse, esta arbitraria  exclusión –que sería lo mismo que prohibir al Partido Demócrata en Estados Unidos– se cuestionaría. Pudiera ocurrir que se realizaran unas elecciones libres y justas en las que el pueblo haitiano escogiera a quien desee.

Esto es lo que la “comunidad internacional” –que es realmente Washington y sus aliados más fieles—no puede aceptar. Y es por eso que han insistido tanto en que Haití permita a gobiernos extranjeros determinar los resultados de sus elecciones.

*Co-director del Centro para las Investigaciones Económicas y Políticas con sede en Washington, D.C.