Hallan fosa común con dos mil cadáveres en la selva al sur de Bogotá
Federico Rivas Molina*
Activistas de derechos humanos denunciaron que en La Macarena, zona de operaciones contra la guerrilla de las FARC, el Ejército enterró sin identificació n a campesinos y líderes sociales. Los militares defienden que sólo hay caídos en combate.
De confirmarse la cantidad de cadáveres en La Macarena, la fosa será la más grande de América Latina.
A sólo 200 kilómetros al sur de Bogotá, en un paraje selvático llamado La Macarena (departamento de Meta), el Ejército de Colombia podría estar creando desde 2005 la mayor fosa común de América Latina. Según los propios residentes, en testimonios corroborados por organismos de derechos humanos, en un descampado entre la base militar y el aeropuerto, hay unos 2.000 cadáveres enterrados sin identificació n. Los militares aseguran que todos ellos son "guerrilleros muertos en combate". Pero en La Macarena creen que la fosa podría albergar a los cientos de desaparecidos que padece el municipio, ubicado en el corredor más caliente de la guerra contra las Fuerzas Armadas Unidas de Colombia (FARC).
El abogado Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, acompañó a principios de diciembre pasado hasta La Macarena a una misión de eurodiputados ingleses interesados en la situación de las poblaciones que viven en zonas de guerra. La visita prometía ser rica en información, porque el poblado está en el área de operaciones de la Fuerza de Tarea Omega, que con 21 mil hombres persigue a Jorge Briceño, alias "Mono Jojoy", jefe militar de las FARC. Los eurodiputados no salieron defraudados.
"Los pobladores nos dijeron que muchos campesinos, sindicalistas y dirigentes sociales han desaparecido, pero cuando ubicamos al jefe del Ejército nos manifestó que no tenían conocimiento de personas desaparecidas. La comunidad nos llevó entonces a un cementerio que está entre la base militar y el aeropuerto y allí nos encontramos con que en la parte de atrás había cientos y cientos de placas blancas de madera con números que supuestamente pertenecen a NN", contó Ramírez a Crítica de la Argentina.
El alcalde de La Macarena, Eliecer Vargas Moreno, estima que en la fosa común podría haber entre 1.500 y 2.000 cadáveres y denunció que su población "se convirtió en el sitio de la disposición de los muertos de la guerra". El exceso de cadáveres por metro cuadrado está contaminando las aguas que abastecen a La Macarena, de acuerdo con denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo.
"Estamos hablando de un número impensable de muertos -dijo Ramírez-. En toda Colombia hay unas 3.500 fosas comunes con 52 mil desaparecidos desde los 80, pero en todas ellas no hay más de 15 o 20 cuerpos. Hasta ahora no se conocía un espacio que albergara 2.000 cadáveres". La principal preocupación del jurista es que "muchos de esos cuerpos llegaron aquí a lo largo de 2009" y podrían ser casos de "falsos positivos", es decir cadáveres de inocentes que el Ejército hace pasar por guerrilleros para cumplir con las metas de eficacia que impone la política de "seguridad democrática" del gobierno de Álvaro Uribe.
Colombia mereció por estas prácticas una reprimenda del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En su informe del año pasado, recomendó a Uribe “revisar los parámetros aplicados para medir los resultados operacionales de los cuerpos militares y policiales para erradicar las ejecuciones extrajudiciales” . En otras palabras, lo que la ONU pidió al gobierno fue que la campaña contra las FARC y el ELN se mida en términos de desmovilizados y capturados, y no sólo de muertos.
El gobierno recibió los informes sin demasiado interés, escudado en el argumento de que la guerrilla ha asumido la nueva estrategia de decir que cualquier muerto es un falso positivo. Sin embargo, tuvo que ceder por puro pragmatismo. Ante la insistencia de los demócratas norteamericanos en vincular los excesos del ejército colombiano con el bloqueo parlamentario del Tratado de Libre Comercio firmado por Uribe y Bush, Bogotá asumió algunos paliativos. Ordenó la transferencia de todas la denuncias de los tribunales militares a los civiles y una campaña interna de adoctrinamiento en derechos humanos.
Sin embargo, organismos no gubernamentales denunciaron que los casos de “falsos positivos” no han disminuido. “Sucede que no nacieron con Uribe”, dijo a Crítica de la Argentina Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). “Hay una cultura de ejecuciones extrajudiciales, ya sea para cobrar recompensas o para mostrar resultados. Son prácticas de carácter sistemático. Lo que ha sucedido ahora es que con la política de Seguridad Democrática impulsada por Uribe los falsos positivos se han incrementado peligrosamente” , denunció Cepeda.
El clima se enrarece aún más cuando entran en juego las recompensas que ofrece el Estado a informantes que permitan detener guerrilleros. “Tienen así un incentivo para denunciar a gente acusándola de ser rebeldes debido a que cobran independientemente de si la información es correcta”, dijo el abogado Ramiro Orjuela, representante de víctimas de “falsos positivos”. El senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático, aseguró que en los dos últimos años “se han presentado más de cinco mil detenciones arbitrarias por pago de informantes y han sido asesinadas alrededor de 200 personas”. La operación es simple: falsos testigos arreglados con el ejército cobran por identificar a falsos guerrilleros que son ejecutados en falsos enfrentamientos. La recompensa se reparte entre todos. Mentiras de una guerra muy verdadera.
*Periodista. Publicado en Crítica