Sep 9 2004
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Política

La criminalización, de México a Usuhaia

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Luego de tres días de sesiones y talleres, la III Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos resumió en una Declaración Final el panorama que presentaron los representantes de los 20 países de América Latina que se reunieron en este encuentro. Las principales conclusiones y compromisos son:

– La criminalización de los movimientos sociales es una tendencia y precisa ser denunciada. En este sentido, los representantes se comprometieron a iniciar una campaña para denunciar la política de criminalización de los reclamos y protesta social como forma del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. También solicitarán a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos que realice una investigación y un monitoreo sobre la criminalización del reclamo y la protesta social.

– Se presentarán ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Representante Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, los informes nacionales preparados para la Consulta y la Declaración Final.

– Se compartirán los resultados de la III Consulta con la Unión Europea para que esta organización asuma un rol más activo en lo que se refiere a la protección de los defensores y defensoras.

– Quedó conformada una red de comunicación y articulación que dará continuidad a los procesos y las acciones. Este Comité Articulador trabajará entre Consulta y Consulta. Por la Argentina, la representación ha recaído en Alerta Salta. El Comité se completa con representaciones de Brasil, Ecuador, Colombia y Guatemala, además de las organizaciones Amnesty Internacional y el Center for Justice and International Law (CEJIL).

– Los participantes solicitarán una audiencia con la Comisión Interamericana a donde presentarán los informes por países presentados en esta Consulta y exigirán que haya más recursos financieros y humanos para la representación de los defensores de derechos en las Naciones Unidas.

– También se elaboró un pronunciamiento específico sobre la militarización del continente por parte de los Estados Unidos donde se expresa la preocupación por el proceso de militarización y se proponen espacios de intercambio de información, análisis y denuncia para monitorear este problema.

“El Comité Articulador será el encargado del seguimiento de los temas denunciados en esta Consulta y la coordinación de las campañas y presentaciones -informa el doctor Claudio Pandolfi quien participó, junto a las delegadas argentinas Carolina Fernández, del MTR y la doctora Mara Puntano, de la UTD, de esta reunión-. La Comisión Interamericana sesiona en las primeras semanas de octubre y la idea es que una comisión viaje a Washington para presentar los informes por países, la Declaración Final y denunciar, específicamente, el tema de la criminalización. Lo que hemos entendido en esta Consulta es que el tema de la criminalización recorre toda Latinoamerica, muy especialmente como una forma de perseguir a los sectores gremiales y estudiantiles, que son los que han protagonizado las luchas de resistencia al modelo de globalización neoliberal.

Se han presentado denuncias, como en el caso de Colombia, de conflictos que han sido calificados por la justicia de “actos de terrorismo”. En el resto de Latinoamérica la palabra que usan en “judicialización”, nosotros usamos “criminalización”, pero estamos hablando de lo mismo y esto despertó mucha preocupación por parte de todos los delegados: comprobar que de México a Ushuaia demandar el cumplimiento de los derechos sociales está siendo considerado un delito.

-¿Cómo fue recibido el informe sobre la situación en la Argentina que presentó Alerta Salta?

-Con mucho interés. Habíamos llevado sesenta copias en CD y tuvimos que hacer 30 más ahí mismo porque nos pedían en informe en todos lados. El interés se multiplicó porque muchos delegados lo leyeron el primer día y comenzaron a comentarlo. Tal cual previmos, no tenían un panorama claro sobre la situación actual en la Argentina y el informe, en ese sentido, fue para muchos esclarecedor.

-¿Cómo se garantizará, a partir de ahora, la continuidad de las tareas propuestas en esta Consulta?
-A partir del Comité Articulador, que Alerta Salta integra. Este Comité será el encargado del seguimiento y coordinación de las tareas propuestas. La primera es consensuar la delegación que irá a Washington para presentar ante la Comisión Interamericana los informes que elaboró cada país para esta Consulta, así como la Declaración Final. También se presentará una denuncia sobre el tema de la criminalización que se tendrá que preparar de aquí a octubre.

Este es el texto completo de la Declaración Final de la III Consulta Latino-Americana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos realizado en San Pablo, Brasil, entre el 25 y el 27 de agosto:

“Ochenta y siete defensores y defensoras provenientes de 20 países de las Américas y observadores internacionales de Africa, Asia y Europa, en representación de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, nos hemos reunido con el objeto de conocer y analizar las nuevas situaciones de violaciones de derechos humanos que enfrentan y sufren defensores y defensoras, incluidos los movimientos sociales. Así como, también, asumir el desafío de proponer e instrumentar políticas activas para resolver estas situaciones.

La III Consulta se realizo en seguimiento de las Primera y Segundas Consultas, con una amplia representación de sectores y activistas, que van desde comunidades indígenas, ONG de defensa de derechos humanos, grupos de defensa de los derechos de la mujer, ambientalistas, de la comunidad gay y de lesbianas, defensores de derechos de infancia y adolescencia, movimientos campesinos, sindicalistas, afro-descendientes y luchadores sociales, entre otros.

Considerando

– Que el concepto de defensor contenido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada en 1998, incluye como tales a todas las personas que defienden los derechos humanos consagrados en los diversos Tratados, Convenios y Declaraciones Regionales e Internacionales, incluido los integrantes de los diversos movimientos sociales que en el continente reclaman la vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos económicos, sociales y culturales y colectivos.

– Que desde la realización de la segunda consulta latinoamericana (Guatemala Julio 2002) a la actualidad la situación de ataques, amenazas y hostigamiento hacia los defensores y defensoras se ha agravado, a la vez que ha tomado nuevas formas.

– Que las mujeres defensoras sufren violaciones especificas a sus derechos como tales.

– Que el Estado debe ser el garante de la plena vigencia de los derechos humanos y de la seguridad y protección de la actividad de los defensores y defensoras y que por lo tanto tiene obligaciones indelegables tanto de respetar como impedir la acción de sus agentes, como la de particulares que actuan con su adquicencia o cooperación, o que lo hacen por su omisión o falta de regulación. En consecuencia la situación y garantías de los defensores y defensoras en la región es responsabilidad de políticas y acción de los Estados.

– Que pocos Estados han adoptado políticas de protección hacia los defensores y defensoras.

– Que vivimos bajo los impactos de la guerra contra el `terrorismo` como reacción del gobierno de los Estados Unidos y su coalición al repudiable atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta guerra, que se produce en el marco de la globalización y el neo-liberalismo que operan para la exclusión económica y social, considerando que el individuo y el ciudadano son efímeros y descartables, constituye una nueva expansión del modelo neoliberal.

– Que producto de la implementación de las medidas económicas neoliberales impuestas por el BID y el FMI y Banco Mundial en los diferentes países se ha precarizado la situación de la vida humana haciendo de esta forma más difícil pero más necesario el trabajo de las defensores y defensoras de los derechos humanos.

– Que además de los grupos paramilitares y fundamentalistas, la globalización ha traído nuevos actores no estatales (por ejemplo: multinacionales, grupos de poder económico, que incluso manejan medios masivos de comunicación), que participan activamente en las violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, en particular contra comunidades indígenas, afro-descendientes, campesinos, los movimientos sociales, población desplazada y sindicalistas, entre otros.

– La globalización neoliberal y la imposición de políticas por parte de los organismos financieros multinacionales ha hecho que la violación de los derechos económicos, sociales y culturales se transforme en una violación estructural a los derechos humanos.

– Que ante la falta de recursos humanos y financieros de las instancias regionales e internacionales de protección de derechos humanos, hay un debilitamiento de los mecanismos de protección específicos para defensores y defensoras.

– Que todas y cada una de las amenazas, intimidaciones, persecuciones, judicializaciones y demás ataques que sufren los defensores y defensoras tienen como claro objetivo político el sancionar, obstruir o impedir el trabajo que los mismos realizan y que por consiguiente no son un ataque personal sino un ataque común a toda la sociedad

Declaramos

– Que en el continente, los defensores y defensoras continúan siendo víctimas de amenazas, detenciones arbitrarias, exilio, secuestro y asesinato.

– Que dentro de las nuevas formas de persecución de los defensores y defensoras, esta la judicialización de sus actividades, con una grave tendencia a la criminalización del reclamo y protesta social, utilizando figuras que van desde delitos de menor gravedad hasta imputaciones de terrorismo.

– Que en este contexto, algunos Estados de la región han modificado y otros pretenden modificar legislación con el objeto de limitar e incluso penalizar la actividad de los defensores y defensoras, así como también el legítimo ejercicio del reclamo y protesta social, aplicando contra las mismas leyes antiterroristas.

– Que en muchos países hay una planificada campaña de desprestigio, con el objetivo de aislar el trabajo de los defensores y defensoras pretendiendo hacerlos responsables de las situaciones de inseguridad y aumento de la delincuencia, generando una peligrosa y falsa asociación entre defensa de derechos humanos y delito.

– Que a la inversa de estas posiciones, reivindicamos el papel legitimo de los defensores y defensoras en la construcción de la justicia social, la democracia y el Estado de Derecho.

– Que reivindicamos la legitima naturaleza política de la defensa y la promoción de los derechos humanos, fundamentos esenciales de la democracia, del estado de derecho y de una sociedad justa y participativa, en la que se hayan eliminado la opresión, la miseria, las desigualdades y todas las formas discriminación.

– La necesidad de instrumentar políticas activas para enfrentar y revertir el ataque hacia el trabajo de los defensores y defensoras.

– Que los programas estatales y los mecanismos internacionales de protección a defensores y defensoras deben garantizar no solo la seguridad del defensor, sino también la continuidad de su trabajo. En forma integral estos programas deben prevenir los ataques e implementar políticas activas de desarticulación, desmantelamiento y penalización de los agentes agresores, sean estos estatales y – o para estatales.

– La necesidad de articular la actividad de los defensores y defensoras con los movimientos sociales y con otras redes y sectores para una acción conjunta en la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos.

– Solo cuando la sociedad en su conjunto asuma los derechos humanos como propios se iniciara un efectivo proceso de construcción e implementación de los mismos.

– La urgente necesidad de fortalecer las instancias internacionales, regionales, nacionales y locales de protección de los defensores y defensoras.

– Que las luchas sociales y el reclamo por la vigencia de los derechos universalmente consagrados nunca debe considerarse como delito o acto criminal, sino una reivindicación justa. Por el contrario debe ser denunciado como criminal aquel Estado que no cumple con sus obligaciones, ni garantiza los derechos de su población.

Proponemos

– Seguir fomentando el concepto amplio de defensor y defensora de derechos humanos y la aprobación del mismo, conforme a la Declaración de Naciones Unidas de 1998, haciendo una clara reivindicación de la legitimidad de la actividad política que ejercen los defensores y defensoras en la construcción de un verdadero Estado de Derecho y de justicia social.

– Formular políticas activas para detener las continuas agresiones y violaciones a los derechos humanos en general y ataque a los defensores y defensoras en particular, provenientes de agentes estatales y no estatales, no solamente para reclamar su sanción sino también para evitar que las mismas se produzcan.

– Iniciar campañas para enfrentar no solo las formas habituales de persecución que sufren los defensores y defensoras sino también para combatir las nuevas tendencias, en particular la criminalización del reclamo y la protesta social y las campañas de desprestigio contra el activismo social y de defensa de derechos humanos.

– La continua organización y desarrollo de procesos nacionales para examinar la situación en la que se encuentran los defensores y defensoras, sus necesidades y elaborar propuestas e implementar políticas activas de protección de la actividad que realizamos.

– Que los grupos específicos de defensores y defensoras deben ser escuchados en la elaboración de las medidas para su protección atendiendo a las necesidades particulares de los mismos.

– Implementar políticas y mecanismos de comunicación de la consulta latinoamericana.

Nos comprometemos a:

– Trabajar por la ratificación y cumplimiento por parte de los Estados de toda la normativa internacional de derechos humanos.

– Trabajar para que los Estados adopten en sus legislaciones nacionales y políticas públicas, la Declaración de Naciones Unidas de 1998, como marco inicial de protección de los derechos de los defensores y defensoras.

– Denunciar la utilización de los aparatos de inteligencia del Estado para monitorear, interferir y impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos.

– Denunciar la política de criminalización de los reclamos y protesta social como forma del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

– Ejercer la protesta social como legitima forma de reclamar derechos conculcados, en concordancia con la Declaración de Naciones Unidas de 1998.

– Solicitar a la Comision Inter-Americana la celebración de una audiencia sobre defensores en su próximo periodo de sesiones.

– Presentar ante la Comision Inter-Americana los informes por países, elaborados para esta Consulta y la Declaración Final de la misma.

– Presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Representante Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, los informes nacionales preparados para la Consulta y la Declaración Final.

– Pedir a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos que realice un estudio sobre la criminalización del reclamo y la protesta social.

– Pedir también a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos revisar el procedimiento de las acciones urgentes para mantener informado a los peticionarios de las acciones emprendidas.

– Pedir a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de respaldar adecuadamente el mandato de la Representante Especial para los Defensores de Derechos Humanos, con mayores recursos humanos y financieros.

– Compartir los resultados de la III Consulta con la Unión Europea para que esta organización asuma un rol más activo en lo que se refiere a la protección de los defensores y defensoras.

– Promover los lineamientos de la Unión Europea sobre defensores de derechos humanos entre los defensores y defensoras de la región con el fin de que estos puedan demandar su implementación.

– Convocar a que los defensores y defensoras documenten las violaciones que sufren, incluyendo los casos de criminalización, para formular denuncias nacionales, regionales e internacionales, definir e impulsar acciones, y proponer políticas para enfrentar estas situaciones.

– Sumarnos a la campaña internacional sobre defensoras de derechos humanos e integrar el tema de la protección de las defensoras en nuestras actividades.

– Continuar la campaña de divulgación de la Declaración de Naciones Unidas para Defensores en otras redes sociales.

– Adoptar el pronunciamiento sobre el militarismo emitida por las organizaciones en esta III Consulta y cuyo texto forma parte anexa de esta Declaración.

– Mantener y fortalecer la Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos como camino y proceso social de articulación, comunicación y solidaridad en la defensa y vigencia del urgente y digno trabajo que desarrollamos las y los defensores de derechos humanos.

– Difundir la Declaración Final, acuerdos e informes de la III Consulta a nivel nacional, regional e internacional.

San Pablo, 27 de agosto de 2004

Anexo

Pronunciamiento de Organizaciones Frente al Militarismo

Nosotros y nosotras, en representación de nuestras organizaciones, reunidos en el marco de la III Consulta Latinoamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, los días 25 a 27 de agosto de 2004 en Sao Paulo, Brasil, realizamos un espacio de diálogo e intercambio en torno al fenómeno del militarismo en el mundo y en nuestra región, el cual vemos como un grave problema que genera violación de los derechos humanos y derechos de los pueblos.

Fue de gran preocupación para todos y todas las expresiones actuales y pasadas de la presencia militar de Estados Unidos en diferentes formas y sus fatales consecuencias en la vida de nuestros pueblos.

Es así que señalamos las bases militares implantadas en Comalapa, El Salvador; Palmerola, Honduras; Malta, Ecuador; Guantánamo; Cuba; Aruba y Curaçao, como también la contaminación con tóxicos químicos y explosivos no detonados en Vieques, Puerto Rico, y en Panamá. Operaciones militares camufladas de asistencia social y de gestiones de paz. Fronteras militarizadas como México, Colombia, y Argentina, ocupaciones, ejercicios e intervenciones militares, el adiestramiento y transferencia militares y policiales a fuerzas de seguridad y ejército en la región y en el hemisferio a través de más de 200 centros de capacitación como la SOA / WHINSEC (la famosa Escuela de Asesinos), y la propuesta de crear el ILEA (International Law Enforcement Academy), entre otras muchas manifestaciones de esta política de los Estados Unidos en el mundo.

Dada la gravedad del problema concluimos con la necesidad de:

1. Abrir entre las organizaciones un espacio de contacto permanente, diálogo, intercambio e iniciativas con la idea de darle seguimiento a este problema.

2. Poner en común información, análisis, estudios y experiencias de lucha de nuestros pueblos referente al militarismo colonial, intervenciones militares y todo tipo de manifestación de esta política hegemónica que afecta a nuestros pueblos.

3. Invitar y motivar a otras organizaciones nacionales y regionales a incluir en sus agendas en esta iniciativa.

Concluimos expresando un saludo a las iniciativas semejantes surgidas en el mundo, particularmente en nuestra región latinoamericana con la expectativa de unir esfuerzos para enfrentar este grave reto.

Sao Paulo, Brasil, 27 de agosto de 2004.

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