Nov 3 2009
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Política

La dictadura hondureña tira la pelota afuera y hace tiempo

Arturo Cano*

Honduras ya vio esta película. En julio, el presidente de facto Roberto Micheletti se llenó la boca con la palabra diálogo, se sentó a hablar con el mediador Óscar Arias, presidente de la vecina Costa Rica, y regresó a esta capital para decir que, en aras del respeto a los poderes del Estado y bla bla bla, el acuerdo de San José debía ser consultado con la Suprema Corte, la fiscalía, el Congreso, la sociedad civil y Perico de los Palotes.

Ahora, tras haber firmado el acuerdo de Tegucigalpa/San José, con la pelota caliente de la restitución de José Manuel Zelaya en la presidencia en manos del Congreso, los múltiples voceros de Micheletti invocan de nuevo la división de poderes y hacen que los diputados hablen de consultar a la Suprema Corte, al Tribunal Superior de Cuentas, al Colegio de Abogados y a la Niña de los Peines. "Estamos simplemente frente a otro modo de ganar tiempo de parte de los golpistas", dice Víctor Meza, jefe de la delegación que representó a Zelaya en el diálogo.

El acuerdo firmado cerca de la medianoche del jueves 29 de octubre pasado ata de pies y manos a Zelaya, pero aun así los golpistas le dan vueltas a la restitución del terrateniente de Olancho, refugiado desde el 21 de septiembre en la embajada de Brasil.

Punto "espinoso"

El punto que se acordó al final fue el más espinoso: la restitución del presidente. Al final, la delegación de Zelaya aceptó que la decisión quedara en manos del Congreso, que dirá sí o no a la posibilidad de "retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010".

La elasticidad de la fórmula se acompañó de un párrafo que ahora "tiene locos" a los golpistas y que fue aceptado por sus representantes en la mesa al cuarto para las doce. Dice así: "La decisión que tome el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita".

En todos los tonos, los sectores involucrados en el golpe argumentan que Zelaya debe aceptar que el Congreso no lo restituya en el poder, así sea por un periodo muy corto o, en el mejor de los casos, juegan a prolongar la decisión para llegar a una fecha lo más cercana posible a los comicios del 29 de noviembre.

¿Por qué entonces los golpistas firmaron el acuerdo?

"Porque no podían dejar de hacerlo", dice Meza, quien, en un extenso relato para La Jornada, cuenta que el 7 de octubre la delegación del gobierno golpista se sentó a dialogar con "la plena seguridad de que el ejercicio iba a fracasar". La estrategia del gobierno de facto consistía en instalar la mesa para "tranquilizar a la comunidad internacional, y ganar tiempo mientras acusaban al presidente Zelaya de no querer dialogar".

Atorados en el punto de la restitución, los negociadores decidieron avanzar en el resto de los temas. Al segundo día ya habían caminado en cuatro puntos, incluyendo la eliminación de la amnistía y la formación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional. El avance en esos dos puntos tuvo respuesta inmediata la noche del 8 de octubre cuando, dice Meza, se recrudeció el hostigamiento contra Zelaya y sus acompañantes en su refugio en la embajada de Brasil.

Al tercer día, las comisiones anunciaron que llevaban un avance de 60 por ciento en los temas de la agenda.

"Entonces sonaron las alarmas en la casa presidencial", asegura Meza. Políticos y empresarios golpistas "opuestos a la negociación y los más aferrados al disfrute del presupuesto público" llamaron a la delegación de Micheletti a una reunión para exigir cuentas.

El gobierno de facto dio marcha atrás. Micheletti envió a la vicecanciller Martha Lorena Alvarado al hotel donde se realizaban las pláticas. La ex diputada Alvarado es, además de la voz dura de los golpistas, militante del Opus Dei, amiga del embajador mexicano Tarcisio Navarrete –un panista de Jalisco, a quien Alvarado conoció en la iglesia– y cabeza visible de las fuerzas Provida de Honduras. En el Congreso, promovió con éxito la prohibición de la píldora del día siguiente, decreto vetado por Zelaya en mayo pasado y publicado por Micheletti esta semana.

Alvarado llegó al hotel "con arrogancia burocrática, sólo para mostrar a la prensa que los negociadores recibían línea del sector duro del golpismo", dice Meza.

A partir de la visita de Alvarado, los negociadores del gobierno de facto comenzaron a poner en la mesa propuestas "insultantes", de las que Meza elige dos: que los zelayistas declararan públicamente que no hubo golpe de Estado, y que Zelaya acudiera a la Suprema Corte a "pedir su reinstalación, lo que equivale a que la víctima vaya a suplicar al victimario".

Los zelayistas leyeron esas propuestas como "tácticas dilatorias" y pusieron un plazo para llegar a un acuerdo. La negociación se estancó. Sólo la llegada de una comisión de alto nivel del estadunidense Departamento de Estado, encabezada por el subsecretario Thomas Shannon, lograría deshacer el nudo. Shannon, claro, trajo unas tijerotas para cortarlo.

Las tijeras de Shannon
La junta directiva del Congreso ha sido convocada para este martes, día en que también se instala la Comisión de Verificación. Aunque los políticos hondureños insisten en la "solución catracha", y en que nadie puede imponerles la solución al conflicto, en el acuerdo firmado se expresa claramente que la comisión tiene más que un papel decorativo: "El incumplimiento de cualquiera de los compromisos contenidos en este acuerdo, comprobado y declarado por la Comisión de Verificación, producirá la activación de medidas que establecerá la Comisión para el transgresor o los transgresores".

No lo ven así algunos de los diputados que decidieron destituir a Zelaya y ahora deben discutir si lo restituyen: "Se puede caer el cielo y la tierra y lo que se nos quiera caer encima, pero la Democracia Cristiana está haciendo lo correcto", dice Lucas Aguilera, quien asegura que los diputados de su partido, al que pertenece Arturo Corrales (aunque aquí se dice que en realidad el partido le pertenece a él), "jamás" votarán por la restitución.

La apocalíptica visión del diputado Aguilera forma parte de la guerra verbal entre los dos bandos sobre las posibles interpretaciones del acuerdo. La delegación de Micheletti declara que el Congreso no tiene fecha y que Zelaya debe ir resignándose a perder la votación en el Congreso. Zelaya, por su lado, argumenta que el punto cinco del acuerdo "recoge en forma precisa el espíritu del acuerdo y señala taxativamente el procedimiento para revertir el golpe de Estado. Cualquier interpretación fuera de este contexto constituiría una nueva afrenta al pueblo hondureño y a la comunidad internacional".

*Enviado especial de La Jornada de Méxicxo

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