La otra cara de las cosas. – ¿CÁRCELES JURÍDICAS PARA EL PERIODISMO?
La decisión del Colegio de Periodistas de impulsar por la vía parlamentaria un estatuto que reglamente en detalle el ejercicio de la profesión en Chile, debe poner en “alerta naranja” a quienes se preocupan por los reales alcances de la libertad de prensa en el país y el rol de la información –o la desinformación– en el conjunto de nuestra convivencia nacional.
La idea de dictar un Estatuto adicional a la Ley de Prensa del año 2001 cuenta, desde ya, con el apoyo transversal de diputados de todos los partidos políticos y tiene, si no el auspicio oficial, al menos la simpatía del gobierno, lo que acorta los plazos probables de su aprobación efectiva y de la discusión a fondo sobre el tema.
Hay que decir, en primer lugar, que el énfasis del proyecto de Estatuto del Colegio de Periodistas está puesto en el perfeccionamiento del ejercicio profesional
(mejor acceso a la información pública; protección contra agresiones; contratos ad hoc; cláusula de conciencia),
y sólo en segundo término se refiere a “sanciones para aquellos que se presenten, se autodenominen o consientan ser presentados como periodistas sin tener un título”.
Si se lee bien, a estos “sospechosos” no se les impediría ejercer labores periodísticas –entre ellas, la opinión y el comentario, según declaraciones del presidente del Colegio, Luis Conejeros–, pero sí el ser considerados “periodistas propiamente tales”. (El recado va dirigido a futbolistas, cirujanos plásticos, modelos, actores, cocineros y profesionales varios, que aparecen mayoritariamente en la TV, pero también en otros medios).
Hasta ahí, dentro de lo convencional, estamos «okey». El drama comienza cuando resurgen (como seguramente ocurrirá ahora), las presiones incontrolables de esas perfectas fábricas de cesantes que son las cincuenta y dos Escuelas de Periodismo existentes en Chile, de donde egresan entre 700 y 800 titulados al año, para unas 80 plazas disponibles a lo largo y ancho del país.
Tanto ellos como su respectiva “alma máter”, desde hace décadas están agitando soterradamente sus pretensiones corporativas de reservar sólo para los diplomados el ejercicio del periodismo, lo que desde el punto de vista del Derecho Universal, y hasta de nuestra propia limitada Constitución Política, es un soberano disparate.
El derecho a la información y la opinión
(recibirlas, comprobarlas, emitirlas)
es un derecho del pueblo, y no de ninguna casta, clase o profesión. Todos los tratadistas internacionales en la materia, así como las más prestigiosas Asociaciones de Periodistas de Europa y Norteamérica, lo establecen de manera meridiana.
Estas pretensiones, además, contradicen las realidades derivadas del desarrollo tecnológico informativo actual, que hace de cada ciudadano –incluso los niños– un reportero, un comentarista o un «opinólogo» con tribuna libre.
El fenómeno se manifiesta en Internet, a través de millones y millones de páginas personales, «blogs», «chats», encuestas y foros, junto al acceso ilimitado a las más diversas fuentes, cuyos contenidos pueden ser reelaborados y reenviados “a piacere”. Amén de los teléfonos celulares de última generación, que toman fotografías, música y textos, y los retransmiten al instante, con la misma facilidad que la voz de sus portadores, como lo vimos en el ahorcamiento de Sadam Husein.
En este contexto, la tarea de informar y opinar pasa a ser –con más extensión y potencia que nunca, porque siempre lo fue– patrimonio de toda la humanidad. 
Cualquier terrícola, sin avisarle a nadie, se puede convertir ahora, de la noche a la mañana y a través de su computador, en uno más entre centenares de millones de operadores directos de informaciones y comentarios. Textos, sonidos e imágenes “no registrados” que ya no podrá volver a limitar ningún tipo de censura. Se trata de un fenómeno de globalidad planetaria, con ilimitadas posibilidades de desarrollo, al margen de cualquier legislación local, de cualquier país.
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* Periodista.