La tierra en Paraguay: un derecho para todos
Juan Carlos Díaz Guerrero*
El derecho de todos los paraguayos de acceder a un pedazo de tierra será uno de los propósitos del futuro gobierno del presidente Fernando Lugo, después de su investidura el 15 de agosto.
Este asunto constituye hoy uno de los principales escollos a sortear por el nuevo gobierno, si se tiene en cuenta que esta nación tiene la peor distribución de la tierra en América Latina, según datos regionales.
Mientras 500 familias poseen el 90 por ciento de las tierras, otras 350 mil carecen de ellas, y en los últimos 19 años si la población rural ascendía al 67 por ciento en 1989, pasó a 30 en el 2008.
La tenencia de la tierra es uno de los principales focos de conflictos en Paraguay y es a su vez generadora de miseria.
Para la investigadora paraguaya Mirta Barreto el problema de la tierra pasa por tres momentos que definieron la actual estructura de distribución, comenzando al terminar la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870).
Luego vino la masiva privatización en la década 50 del siglo pasado con la dictadura de Alfredo Stroessner y la llamada etapa democrática que inició con su caída en 1989.
La también periodista reconoce que en ese período de más de un siglo confluyeron factores externos voraces que contribuyeron a expulsar de sus tierras legítimas a los campesinos y a los dueños originarios.
Al finalizar la devastadora conflagración impulsada por el Imperio Británico y perpetrada por Brasil, Argentina y Uruguay, los paraguayos se vieron obligados a vender sus tierras para saldar las deudas contraídas durante el conflicto.
Es así que a finales del siglo XIX surgen los grandes latifundios, en su mayoría en manos extranjeras.
La distribución arbitraria de la tierra durante la dictadura de Stroessner –dice Barreto- con la implantación del fraude como sistema y la complicidad del Instituto de Bienestar Rural empeoraron la situación.
Según cálculos, en el período alrededor de 12 millones de hectáreas con los mejores recursos naturales del país quedaron en pocas manos, en tanto, se afianzaron las reivindicaciones campesinas.
En las últimas dos décadas más 100 dirigentes del sector fueron asesinados, uno solo de los crímenes fue investigado y condenado su autor, mientras el resto quedó en la impunidad, aseveran dirigentes del sector.
El modelo monocultivo de explotación de la soja agravó el conflicto en años más recientes al lanzar a miles de familias a los caminos y ser fuente directa del desempleo, la marginalidad, mendicidad y emigración.
Fuentes oficiales estiman que 600 mil campesinos fueron expulsados de sus tierras por el fomento de ese cultivo y cada año 150 mil paraguayos emigran del campo a la ciudad o abandonan el país.
* Publicado en Prensa Latina