Luis Huerta / Chile, la huelga de los clientes
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La huelga de los estudiantes universitarios chilenos resulta ser entonces, la huelga de los “clientes” de estas instituciones. Estas universidades desarrollan un complejo quehacer, que en mayor o menor medida incluye la investigación y extensión, además de la formación de profesionales. La concurrencia e interrelación de todas las funciones universitarias son las que aseguran una formación integral de profesionales y ciudadanos. Pero, el presupuesto se alimenta principalmente de las “ventas” de sus servicios educacionales.
Si hacemos una analogía de este conflicto, ¿cuál sería el impacto sobre una empresa de una huelga donde sus clientes dejan de comprar sus productos o servicios? ¿Cómo enfrentaría esta empresa el conflicto para resolverlo?
Un símil exacto de esta huelga estudiantil en el marco de las empresas u otros servicios privados o del Estado es difícil de encontrar. Si los clientes de una empresa del ‘retail’, por ejemplo, deciden dejar de comprar en ella, las razones de ese movimiento social estarán esencialmente en lo que esa empresa hace o deja de hacer. Será el cansancio y la indignación surgidos del abuso, de las prácticas no éticas, la fuente de la protesta de sus clientes, que de esa manera presionarán sobre la empresa. En ese caso, entonces, la solución del conflicto pasará directamente por lo que la empresa pueda ofrecer a sus clientes para compensarlos y recuperar su confianza.
En el caso de estas “empresas” educacionales con participación del Estado –estatales, propiamente, o subvencionadas- la protesta de sus “clientes” plantea demandas donde los llamados a satisfacerlas no son precisamente las propias instituciones sino un tercero: el gobierno en representación del Estado. Por consiguiente, la institución universitaria es casi un espectador del conflicto, que poco puede ofrecer para ayudar a resolverlo. Es más, aunque las instituciones tienen por sí mismas demandas que sintonizan en parte con las del movimiento estudiantil, cuestiones como la gratuidad de los estudios –aunque pueda compartirse como principio- no necesariamente tienen que ver con sus intereses específicos inmediatos, pues la satisfacción de ello por el Estado solo significará que los recursos que otrora venían de las familias provendrán del Estado por medio de subsidios. La forma de financiamiento de los estudiantes no cambiará el fondo de cómo estas instituciones desarrollan su labor.
Las instituciones como espectadoras del conflicto no resultan indemnes. Justamente, la paralización de sus actividades les priva, en el actual esquema, de una de sus fuentes principales de financiamiento y, por consiguiente, la presión del movimiento estudiantil se plasma también sobre las propias universidades. Cada día de paralización, tiene un costo significativo para las universidades que cobijan a los estudiantes movilizados. Este costo no solo se restringe al corto plazo; también, tiene impacto sobre el mediano plazo.
La universidad autofinanciada es una empresa que no solo deja de percibir ingresos en el presente, pues los estudiantes no pagan o suspenden sus estudios, entre otros con un efecto directo sobre la transferencia de fondos por parte del Estado. Al mismo tiempo, la imagen que proyecta una universidad que no logra desarrollar sus funciones es para sus potenciales futuros estudiantes una institución de riesgo y baja credibilidad. Esto afectará la admisión futura de estudiantes.
Por consiguiente, aunque el destinatario de esta protesta es el gobierno, en algún momento éste encuentra un aliado natural e inevitable –forzado, sin duda- en las propias instituciones afectadas por las movilizaciones, cuya sustentación en un corto y mediano plazo se ve amenazada por el conflicto. Por supuesto, también los propios estudiantes movilizados sufren los efectos de su protesta de manera directa, cuyas expectativas profesionales son mermadas o retrasadas.
La pregunta es evidente. ¿Por qué el gobierno podría tener urgencia en resolver las demandas estudiantiles que en lo inmediato tiene un costo tan alto para los propios demandantes y las instituciones involucradas? Tal vez, solo debe esperar hasta que “el cadáver de su enemigo pase frente a su puerta”.
Pero, no todo es negro ni todo es blanco. Es evidente que existen efectos de mediano y largo plazo que puede ser importante para un gobierno evitar en función de su propio bien. Una imagen deteriorada de las fuerzas políticas del gobierno puede tener un impacto significativo sobre sus aspiraciones políticas futuras. Sin embargo, y esta es la nota pesimista, el largo plazo, y ni aún el mediano plazo, ha sido nunca una preocupación fundamental en la política. La confianza del político de profesión se deposita en “la mala memoria” de los electores, que no es otra cosa que el natural reordenamiento de las prioridades de las personas cuando los conflictos han quedado atrás. Cada día tiene su afán, puede ser el lema clave de la política markoviana3. Así, el juicio del actual gobierno, como podría ser perfectamente el juicio de la oposición actual respecto de sus comportamientos pasados, es que, si bien lo que hoy ocurre influirá en lo que viene, otra será la batalla en las contiendas electorales futuras. La mirada de corto plazo nos dice que, mientras se aproxima el cadáver, la preocupación presente del gobierno debe ser sortear lo mejor posible el conflicto, para dejar en la memoria lo que sea más conveniente para lo que viene después. Para ello puede abocarse a reenfocar las preocupaciones de la ciudadanía hacia los efectos colaterales. Lo hemos visto: uno de los efectos de la protesta estudiantil es el desorden y la violencia –esta última, claramente catalizada por la acción policial. El relato del gobierno se ha enfocado de manera sistemática a destacar este aspecto en su comunicación con el público.
No cabe duda de que el éxito del movimiento estudiantil depende de que el gobierno se vea obligado a responder. En la actual institucionalidad fuertemente presidencialista no hay otro interlocutor más efectivo. No obstante, la prolongación del conflicto ha dejado poco espacio para la maniobra en el corazón mismo de las demandas y ha originado nuevas estrategias gubernamentales.
El inicial desconcierto del gobierno, con una apresurada propuesta que desencadenó como resultado un cambio de gabinete, se encuentra hoy en un pie más maquiavélico, como ya hemos graficado más arriba. En la situación actual, el fondo del asunto se deja en suspenso. Lo que todavía altera la pasividad del gobierno es una situación de desorden público inmanejable que lo haga retroceder y no deje más lugar que la respuesta real y efectiva a las demandas del movimiento.
El caos y la ingobernabilidad declarada producen un deterioro a la imagen del gobierno en relación a su capacidad de resolver conflictos. Podría pensarse, así, que una mayor radicalización de la acción estudiantil obligaría al gobierno a volver al acorralamiento de los primeros momentos. ¿Es eso posible? ¿Cómo influye la crítica situación de las instituciones universitarias involucradas en la factibilidad de esa estrategia?
Quizás el análisis centrado en producir algún nivel de quiebre institucional es el que realizan los sectores más radicalizados del movimiento estudiantil, demandando más acción en las calles, pero, además, llamando a mantener la ocupación de las universidades. ¿Tienen razón? ¿Es ese, entonces, el camino del movimiento, el de crear situaciones de descontrol del orden público o la institucionalidad? La ninguna respuesta del gobierno al fondo de las demandas, pero sí su total preocupación por cerrar el espacio a la movilización callejera, parecen dar sustento a esa postura. Si el movimiento no se expresa claramente en el espacio no institucional, no habrá presión por resolver las demandas.
¿Cuáles son algunos argumentos en contra de esa postura? Nuevamente, no todo es blanco o es negro. No podemos desconocer que el descontento se expresa en la calle, literal y figuradamente. Sin embargo, nuestra institucionalidad, un modelo que ha producido crecimiento, que ha generado un cierto imaginario de superioridad, aún en decadencia contribuye al conservadurismo natural de una sociedad que teme al desequilibrio. Los ciudadanos corrientes, alimentados por el miedo al desorden y la violencia en sus distintas manifestaciones, adhieren con más facilidad a las medidas represivas tendientes a poner orden, de manera creciente y en relación directa con la amenaza de desgobierno y desborde de la institucionalidad. Así, se genera una espiral de la cual no es fácil para el movimiento ciudadano salir exitoso, si se mantiene dentro del orden democrático. Por definición, la democracia institucionalizada exige la conciliación de las partes atendiendo de manera proporcional a la opinión de la mayoría. En tales condiciones, la conjetura es que el apoyo de la ciudadanía a las demandas estudiantiles, tan mayoritario en momentos, cederá el paso a los deseos de frenar el “caos que se apodera del país”.
Es esta última reflexión lo que claramente se ve en los dirigentes oficialistas. No es necesariamente “el voto duro de la derecha” el que quiere satisfacer el gobierno con su actitud represiva de la protesta. Se apuesta a la actitud conservadora mayoritaria de la ciudadanía frente a situaciones de desorden o incertidumbre, que buscará la restauración de las certezas, aún en contra de la posibilidad de lograr las otroras justas demandas que compartía.
La mirada optimista es que lo anterior es una posibilidad con una cierta probabilidad, que compite con otros escenarios más favorables, los que obviamente incluyen la movilización en la calle no institucional. Una aproximación alternativa, no obstante, no debe dejar de ver la complejidad del problema. Lo complejo del panorama significa que las dificultades cruzadas que lo caracterizan no lo hacen un problema lineal y directo de resolver. Y la razón de ello es el impacto profundo de los cambios demandados, los cuales sobrepasan las exigencias particulares o gremiales de un sector de la sociedad. Las transformaciones surgidas del diagnóstico en lo educacional no solamente se encuentran en la esfera de los requerimientos estudiantiles. Son los fundamentos de una sociedad entera que se remecen con cada una de las reclamaciones, aún cuando estén planteadas en el dominio educacional. Por ello, la resistencia de un gobierno cien por ciento comprometida con este modelo de país es muy grande y la apuesta al desgaste del movimiento y a su criminalización resulta tal vez ser su única vía de salvación del modelo.
Tal como hemos ido delineando en este artículo, es aquí donde tiene un lugar preponderante la cuestión planteada en relación al grave efecto que tiene sobre las universidades involucradas un movimiento que llevan a cabo, en el actual modelo de financiamiento, los “clientes” de las instituciones. El camino de la toma y paralización a ultranza se acerca progresivamente a una medida extrema que comienza a debilitar la magnitud de los beneficios del corto y mediano plazo frente a los costos. Son costos que, como hemos visto, no tienen parangón con los de larga lucha de la UNAM, institución sostenida por el Estado con independencia de la concurrencia de sus estudiantes a sus aulas y sin un sistema privado de educación superior alrededor con todas las herramientas para satisfacer su avidez de satisfacer la demanda de un mercado de “clientes” confundidos.
La lucha por la educación pública ha tocado fibras profundas, interrelacionadas y complejas. La fórmula para lograr un cambio tan trascendente, respetando el juego de la democracia -tal vez con la inclusión de una participación ciudadana directa y efectiva insitucionalizada- requiere mantener en los actores del movimiento visiones de más largo plazo. Requiere de entender que esta es una lucha que va y viene, que necesariamente se detendrá en períodos quizás de no poca duración. Requiere definir pequeños pasos para el presente, buscando entre éstos aquellos de efectos más promisorios en relación a los cambios de mayor envergadura.
Es indispensable que el movimiento estudiantil encuentre este camino que implicará una eventual retirada del campo de batalla en determinados momentos, tras un objetivo de mayor plazo. El desafío es no perder lo avanzado, la conciencia ciudadana respecto del fondo, la fuerza y autoestima del movimiento, las formas creativas y cautivantes. Pero, en algún grado es inevitable que la fórmula de esta lucha debe mirarse en una escala de mayor tiempo.
La prevalencia de las instituciones universitarias autónomas del poder económico y pluralistas por mandato social, que la sociedad chilena debe potenciar a una nueva dimensión para un futuro de integración social, con justicia y equidad y que preserve el pluralismo y la tolerancia, depende de la ecuación que este gran movimiento estudiantil y social encuentre y resuelva. Muchas acciones pueden encontrarse que contribuyan a esto. Un paso en esa dirección es el encuentro efectivo de las comunidades universitarias. Ello requiere de la restitución de sus funciones, pero también demanda el debate activo, el enriquecimiento de la vida universitaria y la ejecución de grandes transformaciones en su interior.
La mayoría de los chilenos cree en los cambios que se han propuesto. Las comunidades universitarias, especialmente en las universidades públicas, compartimos muy mayoritariamente la crítica al modelo de sociedad que vivimos y el papel omnipotente del mercado en la provisión de educación. Entendemos, quizás con algunos matices, que en una educación de calidad, elevada al nivel de derecho fundamental de la persona y concebida como el mecanismo de desarrollo económico y humano de la propia sociedad está el futuro del país. Quizás, lo que se acerca a la unanimidad es la posición que nuestros estudiantes deben dejar de ser los clientes de la educación.
La pluralidad de la nueva sociedad solo estará asegurada si el interés común se plasma en instituciones de educación estatales de prestigio y efectiva calidad. Hay que seguir adelante, pero los muertos de estas batallas no pueden contar entre ellos a las universidades que son sujeto directo del conflicto. No podemos asumir todas y cada una de las posibles consecuencias de este movimiento, si mantenemos el propósito -por ahora, el más realista- de que los cambios sean posibles sin el quiebre de nuestra democracia.
El camino no es fácil y la fórmula del éxito difícil. Sin embargo, algo de la política del futuro de Chile ya ha sido delineada, y para esquivar el markovianismo de la política hay que consolidar una base ciudadana sólida, amplia, abierta a las ideas y perdurable. La fuerza para hacerlo está en la nobleza, belleza y alegría que anima este movimiento, aunque le pese admitirlo a la más alta autoridad de la nación.
Notas
1. La exclusión de algunas universidades privadas creadas después de 1981 que podrían legítimamente alegar que no tienen fines de lucro es histórica. Las instituciones privadas del CRUCH son significativamente más antiguas y heredaron los aportes estatales que se aplicaban con anterioridad a esa fecha a todo el sistema universitario.
2. La educación superior en Chile. Informe OCDE – Banco Mundial (2009).
3. Un proceso markoviano es una secuencia de pasos o sucesos donde cada paso está determinado solamente por la memoria del paso inmediatamente anterior. Llamado así en honor al matemático ruso Andrei Markov (1856-1922).
* Doctor en Física, Asociación para el Avance de la Ciencia.
En www.generacion80.cl