México. – DE LA OPERACIÓN CÓNDOR A LA OPERACIÓN OAXACA

La Operación Cóndor fue el más vasto operativo de las dictaduras latinoamericanas en los años 70; diseñado como un plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia –e impulsado por la CIA–, se constituiría en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado contra movimientos populares latinoamericanos.

Este operativo de «contrainsurgencia» parece resurgir en la problemática oaxaqueña, pues los mecanismos empleados en esos años reviven en las calles de Oaxaca contra el movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a saber:

1) El empleo de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte encargados de asesinar a ciudadanos inconformes con el régimen;

2) la impunidad con la que se protege a estos grupos;

3) la manipulación de los medios televisivos, escritos y radiales para desacreditar y restarle apoyo al movimiento, así como agresiones contra medios de comunicación independientes;

4) las aprehensiones ilegales y torturas de lideres del movimiento;

5) los «levantones» o secuestros de personas «sospechosas», las cuales pasan a formar parte de la larga lista de desaparecidos (incluyendo menores de edad) para después ser llevados en helicópteros a centros clandestinos de detención y torturas;

6) conformación de aparatos de inteligencia con el fin de intimidar e identificar a los opositores;

7) infiltración de personas en el movimiento popular para recabar información y provocar enfrentamientos contra las fuerzas policíacas y de esta manera legitimar el uso de la violencia;

8) el empleo de aviones, en este caso, helicópteros espías para armar operativos precisos;

9) el uso de francotiradores contra simpatizantes, como en el caso de la muerte provocada a José Jiménez Colmenares.

Sin duda alguna, muchas de estas formas de contrainsurgencia estatal han sido utilizados en diferentes movilizaciones populares, pero en el caso de Oaxaca, se puede apreciar un uso sistemático y a gran escala, lo cual muestra lo cerca que estamos de alcanzar la triste y dramática situación de represión implementada por las dictaduras militares del cono sur. Sin embargo, a diferencia de aquel periodo, México, al menos formalmente, es una democracia, además de que se supondría que estamos en un periodo de mayor transparencia informativa así como la existencia de una sociedad civil fuerte en torno a la defensa de los derechos humanos.

¿Por qué entonces presenciamos en Oaxaca un aparto represivo de esta naturaleza?

La grave crisis institucional y la falta de legitimidad de Felipe Calderón (FECAL) es un factor esencial para entender la implementación de este aparato represivo que intenta mantener a toda costa a un gobernador que ha demostrado –de todas las formas imaginables– perversidad e ineficacia. Además, este terrorismo de Estado sin duda alguna tiene como objetivo terminar con una forma de organización popular horizontal que se ha mantenido por mas de cinco meses y que amenaza con extenderse en todo el territorio nacional.

En este contexto adquieren notoriedad las pasadas declaraciones de FECAL en las que señaló que, la lucha para hacer frente a la delincuencia y al terrorismo (recordemos que la APPO y sus simpatizantes han sido categorizados como delincuentes y terroristas), costará tiempo, recursos y por desgracia probablemente hasta vidas humanas, además de que no hay otra alternativa y de que las medidas que adoptará serán impopulares.

En realidad no sorprenden estas declaraciones, pues uno de sus ejes de campana fue el uso reiterativo de la propuesta de mano dura, lo que sorprende es la tibieza e indiferencia con que ha sido tomado este escenario de represión y contrainsurgencia que nos sitúa en las mas grises épocas de las dictaduras de América del Sur y de la guerra sucia que sacudió a nuestro país entre los años sesenta y los ochenta y que provocó la desaparición de alrededor de mil doscientas personas.

Presenciamos atónitos el resurgimiento de un nuevo periodo de guerra sucia en donde el poder policiaco y judicial está siendo utilizando contra este movimiento social y que sin duda alguna será implementado en todas las luchas sociales. Somos testigos del uso de la violencia ilegal, ilegítima y descarado por parte del (des)gobierno estatal y federal, con la complicidad de los grandes corporativos de información, que han guardado silencio ante las graves violaciones a los derechos humanos.

En lugar de la negociación política, las autoridades están haciendo uso creciente de tácticas y procedimientos bélicos copiados de la Operación Cóndor y de los grupos paramilitares centroamericanos para tratar de frenar la desobediencia ciudadana.

Para «justificar» la guerra sucia se ha propagado la versión de que el movimiento popular oaxaqueño ha sido «infiltrado» por organizaciones político-militares de izquierda que han radicalizado la protesta, así como la ubicación de sus estrategias de lucha en practicas terroristas, pero el supuesto radicalismo de la APPO ha surgido del autoritarismo gubernamental en ningún momento han utilizado armas de fuego en sus acciones.

Acorralado por el movimiento de resistencia civil contra el fraude electoral, el gobierno federal ha hecho del conflicto oaxaqueño una pieza de cambio con el PRI, implementado un aparato represivo que amenaza con ser parte del escenario nacional en el próximo sexenio y que es urgente detenerlo con la amplia movilización nacional antes que sea demasiado tarde.

En Oaxaca, la guerra sucia que ensangrentó a nuestro país ha regresado. En Oaxaca, las desapariciones y torturas características de las dictaduras militares suramericanas han cobrado vigencia. En Oaxaca se reproducen las practicas paramilitares que causaron tanto dolo y muerte en Centroamérica. Oaxaca no puede ni debe ser Tlatelolco, Chile, Argentina Guatemala o Acteal. Nunca mas una nueva guerra sucia en México.

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* Del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria. Ciepac 16-Nov-2006 – num.525.

(ADITAL – www.adital.com.br).

Addenda
EN MÉXICO LOS PERIODISTAS VIVEN POCO

(ADITAL). Periodistas de Argentina, Bolivia, Cuba, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Chile, Uruguay y México, exigieron a las autoridades mexicanas el esclarecimiento de los 28 asesinatos, las dos desapariciones de comunicadores, así como la libertad inmediata de otros profesionales detenidos.

El anuncio fue hecho durante el Seminario de Medios de Comunicación y Cultura; Visiones, Prácticas y Retos para el Periodismo latinoamericano y del Caribe, que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina.

El último caso ocurrió el 16 de Noviembre de 2006, con el asesinato del ex director de Excélsior, José Manuel Nava, a unos cuantos días de haber presentado éste un libro en el que hace serias denuncias al gobierno del presidente Vicente Fox, cuestión por la que se tornan sospechosas las causas de su homicidio.