México, ¿hacia la bordaberrización?
Guillermo Almeyra*
El gobierno conservador-clerical destruye el país, roba el dinero a los jubilados y hace más pobres a los que menos tienen. Le cobra impuestos a las pensiones y jubilaciones y con la inflación, los despidos y el congelamiento salarial reduce aún más el ingreso de la mayoría de la población. A la burla añade la injusticia, la prepotencia y una política impositiva antipopular que achica el mercado interno.
Calderón ata la economía mexicana a una recuperación de la estadounidense cuando la crisis europea potencia una nueva recaída de la crisis en Estados Unidos. Las clases trabajadoras mexicanas pierden ingresos y conquistas, las empresas medias se debaten al límite de la supervivencia porque el gobierno, que transforma al país en una parte de Estados Unidos y hace que las trasnacionales y la banca extranjera dicten sus políticas económicas, sigue destruyendo las bases del desarrollo nacional.
Como antes de la Reforma, la medieval jerarquía de la Iglesia cogobierna con Calderón e intenta fijar las políticas educativas y sociales. Como durante el Porfiriato, los oligarcas en cada estado y las fuerzas armadas son la base de un gobierno ilegal e ilegítimo, sin consenso, que se sostiene por la violencia armada y por la corrupción y sumisión del aparato judicial y que engendra más violencia con su política social.
Caen las remesas, disminuyen los turistas, el petróleo aporta menos al presupuesto, la crisis mundial amenaza la estabilidad de los bancos en México mientras el gobierno miente hablando de un rápido crecimiento inmediato de una economía que sigue cayendo. La delincuencia es fruto de la corrupción oficial, de la crisis económica, de la falta de empleos, de la destrucción sistemática del sistema educativo, pero el gobierno finge creer que es sólo un problema policial, mientras se prepara a agravarla empeorando la actual Ley Federal del Trabajo, para reducir aún más las conquistas y garantías de los trabajadores y aumentar la tasa de ganancia de los explotadores.
El gobierno da también a esos oligarcas desenfrenados todos los negocios que puede: la electricidad y la fibra óptica en el valle de México, la refinación en Estados Unidos del petróleo que exporta crudo, la construcción de obras públicas, y no hace nada para edificar viviendas populares, para mejorar el sistema sanitario y las pensiones, para dar trabajo y aumentar el bienestar social, para salvar a los mexicanos más pobres de la destrucción ambiental (inundaciones, deslaves y sequías).
La resistencia a este gobierno es fuerte y permanente. Pero está fragmentada, es local, puntual. Formula incluso puntos programáticos importantes, como el Diálogo Nacional o los grupos sociales que apoyaron a la APPO, crea gérmenes de autonomía y de autogestión, como las juntas de buen gobierno, pero carece de unidad, de un programa nacional con objetivos alternativos.
Por eso, incluso para ganar eventualmente en las urnas, hay que unir en un solo frente todas las movilizaciones y protestas, sin sectarismos, para preparar movilizaciones y una huelga general en defensa de los jubilados, contra los despidos y la carestía, por planes de trabajo y la defensa de los campesinos. Sólo la fuerza popular puede echar a los oligarcas de Los Pinos y preparar una Asamblea Constituyente donde se decida democráticamente cómo reconstruir México.
*Historiador agrnetino, profesor investigador de la UNAM