Minera canadiense detrás de graves sucesos en Guatemala

Comunicado emitido en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Guatemala. el 28 de febrero de 2011, en carácter de urgente —a la comunidad nacional e internacional— por el Frente de Defensa Miguelense ante los graves sucesos acaecidos con motivo de la oposición de los habitantes de la zona a las operaciones de la mina Marlin, de capitales extranjeros. Los manifestantes fueron amenazados con armas de fuego, golpeados brutalmente y al menos una cincuentena se encuentran secuestrados y amenazados de muerte.

Primero. El día de hoy 28 de febrero del año 2011 las comunidades tomaron medidas de presión para exigir al gobierno de Guatemala, el cumplimiento de las medidas cautelares MC-260-07 otorgadas por la CIDH donde establece la suspensión temporal de la mina Marlin. La medida de presión consistió en bloquear los pasos principales de la empresa minera de manera pacifica respetando la constitución política del país donde menucia el derechos a manifestar.

Segundo. Cuando se levando este bloqueo un grupo de 20 personas aproximadamente golpeo a don Miguel Bamaca, a pesar de que la Comisión Presidencial de derechos humanos le ha otorgando medida cautelar; fue golpeado sin misericordia por una familia que se conoce con el nombre de Los Mejías, acompañados por los vecinos que trabajan para la empresa. Estas personas tienen
vínculos fuertes con la empresa y otros negocios prohibidas por la ley. El hecho ocurrió a las cuatro y media de la tarde en el lugar llamado siete platos.

Tercero. Al regresar y al paso de la comunidad de la aldea San José Ixcanichel alrededor de 70 miembros de esta comunidad interceptaron el paso y —entre ellas al compañero Aniseto López— fueron golpeados sin poder defenderse ya que los reprochantes Iban con armas de fuego, piedras, armas blancas y palos entre otros y ahora mismo la comunidad de San José Ixcaniche y la familia Mejía tiene secuestrado a 50 personas y las amenazan muerte.

 Por lo tanto:

• Demandas al Estado de Guatemala
• El vigoroso respeto a la integridad física de las personas
• Solicitamos a la comunidad Internacional su puntual apoyo ante esta terrible violación de derechos humanos.
• Denunciamos la horrible practica de la empresa minera en manipular a sus trabajadores y ponerlos en confrontación con las comunidades que defienden un derecho legalmente.
• Rechazamos esta práctica hecha por la empresa al orientar a sus trabajadores en tener de rehén a esas personas.

Pedimos a la CIDH mantener su vigilancia y pedir al gobierno de  Guatemala el estricto respeto a los derechos humanos, fundamentalmente de los pueblos.

Addenda

Ecoportal.*
En octubre de 2005 la empresa Montana Exploradora de Guatemala inició con sus operaciones mineras en la región montañosa de San Marcos, en el altiplano occidental de Guatemala. Durante un periodo de diez años la compañía Montana, subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp, pretende sacar unos 2.67 millones onzas de oro. Con una producción anual de alrededor de 200 mil onzas de oro, los ingresos de la compañía son de un promedio de US$ 125 millones.1

Desde su inicio, los trabajos mineros están realizados sin el respaldo de las comunidades indígenas cercanas a la mina. Eso ha sido más que evidente durante al consulta comunitaria en las diferentes aldeas de Sipacapa, en 2005, cuando la gran mayoría de la población mostró su rechazo, y por los varios bloqueos de los caminos de acceso a la mina por los vecinos de San Miguel Ixtahuacán durante el transcurso de las operaciones mineras.

Sin embargo, la empresa minera sigue insistiendo que la explotación minera está provocando el desarrollo de los pueblos en la cercanía de la mina. Poco a poco las grandes máquinas de la empresa Montana están devorando las montañas. A tiempo se creará un cráter de 800 metros de diámetro y unos 250 metros de profundidad. Los camiones llevan a diario 4,023 toneladas de roca a la planta de procesamiento para ser trituradas.

La mina se encuentra en una zona muy poblada. A pocos metros del proyecto minero se encuentra la comunidad de San Miguel Ixtahuacán. Los vecinos de estas comunidades mencionan que fueron presionados a vender sus terrenos, dado que la empresa vino con el permiso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para iniciar la explotación. No vender el terreno, según la empresa, significaría un muy posible desalojo.

Según los técnicos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la región donde se implementó el proyecto es una región semi-desértica, cuando en realidad es la parte alta de la cuenca del río Cuilco y cumple una función primordial para el socio-ecosistema pues es una zona de recarga hídrica.

En contraste con esta actividad industrial, como lo es la minería química de metales, las comunidades realizan varias prácticas de conservación en sus tierras, con el objeto de hacer actividades productivas sostenibles y así mantener a su familia. La foto muestra las terrazas en áreas cercanas a la mina donde los habitantes cultivan maíz, frijoles y papas.

Las actividades directas de la empresa minera, como las explosiones para quebrar la roca de la montaña, al igual que actividades indirectas, como el paso de unos 40 camiones al día, han provocado que, hasta ahora, 57 casas en aldeas cercanas a la mina sufran grietas en sus paredes. A pesar de que las casas se empezaron a rajar desde el inicio de las operaciones mineras, la compañía descarta cualquiera relación.

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