Mujeres en Perú. – EL ENEMIGO INTERIOR
La violencia contra la mujer ha alcanzando niveles alarmantes en la región. En Ciudad Juárez, México, fueron asesinadas más de 300 mujeres en los últimos 11 años, mientras que en Guatemala 1.500 sufrieron la misma suerte entre 2000 y 2004. No menos dramático es el caso de Perú, donde ya se comienza a hablar de «feminicidio», o asesinato generalizado de mujeres.
El peligro no está en la calle. Según el estudio La violencia contra la mujer: Feminicidio en el Perú, realizado por Amnistía Internacional y la organización no gubernamental (ONG) Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en este país existe una manifestación de ese fenómeno, que es consecuencia de la violencia doméstica.
En el país de los incas, los medios de comunicación aún no distinguen la violencia doméstica de la delincuencia homicida. La prensa los conoce como «crímenes pasionales» porque los victimarios suelen argumentar que actuaron agitados por los celos o por el rompimiento de la relación.
El diario El Popular, el de mayor venta en todo Perú, de precio barato y consumido por los sectores económicos menos favorecidos, ha cubierto con estilo amarillista casos de violencia doméstica, como el de Juan Carlos Valera, de 22 años, un vigilante que mató premeditadamente a su enamorada Aracelli Pariona, de 20, a su pequeño hermano de ocho años y a su abuela. «Yungay estrangula gila, ahorca cuñadito y degüella abuelita», tituló el periódico.
La ludopatía sumada a los celos de Varela provocó la decisión de Pariona de terminar el noviazgo. Valera intentó chantajearla amenazando con suicidarse. Pero ella no varió su determinación. El 7 de febrero pasado, Valera se dirigió a la casa de Pariona, en donde se encontraban su abuela y su hermano de ocho años. Valera aprovechó ser conocido de la familia para ingresar en el domicilio de su novia aunque ella estaba ausente. Una vez adentro los estranguló. Luego espero la llegada de la joven, a quien también ahorcó.
Valera, capturado por la policía, arguyó haber actuado cegado por celos. Pero las actas con su testimonio, a las que accedió IPS, indican la preparación del crimen: consumió cocaína con anterioridad, llegó a la casa a una hora en que sabía no estarían los padres de la joven y aprovechando el conocimiento que la franqueó el ingreso.
«Los casos se invisibilizan en los periódicos como crímenes pasionales y en los reportes estatales no se hace diferenciación alguna. En consecuencia, para el Estado no existe el problema», dijo a IPS la socióloga Liz Meléndez, de la ONG Flora Tristán.
Meléndez, quien participó en la investigación, dijo que oficialmente no existe un seguimiento gubernamental de los homicidios de mujeres, por lo cual tuvieron que hacer el estudio en función de las publicaciones de los periódicos.
Las cifras de enero a marzo de este año confirman el patrón del asesinato de mujeres que la investigación detectó en el periodo 2003-2005. Tres cuartas partes de los autores de los crímenes fueron los convivientes, enamorados, esposos, ex convivientes o ex enamorados de las víctimas. Y el lugar elegido para la consumación del delito casi siempre es el ámbito que comparten, su casa o una habitación de hotel.
«La intimidad de la cuatro paredes resulta un peligro latente para aquellas mujeres que sufren la violencia de pareja o la violencia doméstica», explicó Meléndez. «Y sin embargo, el Estado no tiene una política para afrontar este problema que aparece registrado en los periódicos como si se tratara de crímenes frecuentes como asaltos o secuestros».
Los agresores suelen argüir que mataron a sus parejas estimulados por los celos o por la presunta infidelidad de las víctimas. De esa manera pretenden atenuar la responsabilidad del crimen. En el año 2005, 58 por ciento de acusados alegaron infidelidad o celos como móvil del asesinato.
En el parte de la policía que consiguió IPS, Juan José Galiano, de 36 años, confiesa que el 2 de abril ahorcó a su conviviente, Rosa Trujillo, de 38 años, debido a que presuntamente ella esperaba un hijo de otro.
La abogada e investigadora de la organización no gubernamental Demus, María Elena Salas, dijo que cada mes se registran 12 casos de feminicidio en todo el país.
«De acuerdo con el seguimiento que hacemos a las noticias que se publican en los periódicos, 52 por ciento de las víctimas tienen entre 16 y 35 años de edad. Además, una de cada tres mujeres es violentada, estrangulada, ahorcada o acuchillada. Sólo una de cada dos es eliminada con arma de fuego», dijo Salas.
Meléndez destacó que los autores de los asesinatos buscan atenuar una pena no menor de 15 años de prisión por homicidio calificado, recurriendo a la figura de «homicidio por emoción», con lo cual hacen recaer la culpa en sus víctimas, por haberlos presuntamente impulsado a cometer el delito.
Con esta estrategia defensiva, los criminales pueden recibir una condena de entre tres y cinco años de cárcel. «Muchos de los autores de feminicidio alegan ante el juez que actuaron violentamente como respuesta a su honor ultrajado o a una ofensa no justificada, o a un agravio, por una presunta infidelidad que difícilmente pueden probar», agregó Meléndez.
La organización Demus se ha dedicado a investigar los expedientes judiciales de los casos de feminicidio para determinar el destino de los procesos contra los asesinos. «En más de la mitad de los expedientes que estudiamos, el asesinato se produjo luego de varios actos de violencia anteriores al crimen, y en algunos casos las víctimas habían denunciado ante la policía a sus parejas», explicó la abogada Salas.
«Quiere decir que el Estado no previene la violencia contra las mujeres y mucho menos hace algo para erradicarla. El asesinato no es sino la última expresión de un comportamiento. Los autores de los crímenes tienen antecedentes de haber agredido muchas veces a sus parejas durante el periodo de la relación antes de matarlas».
La violencia en el ámbito familiar, ya sea física, psíquica, sexual, económica o la que se desprende de abusos de poder, es considerada una de las formas que atentan contra la equidad entre mujeres y hombres, y por tanto contra una de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En Lima y otras ciudades, hay una veintena de periódicos populares. En sus portadas se frivolizan los crímenes con titulares como: «Pegalón degüella a ex esposa», «Mata esposa de 14 puñaladas porque le propuso divorciarse», «Comerciante celoso decapita a esposa delante de su único hijo», «Loco de amor estrangula mujer», «Bestia mata tres costureras».
El 29 de agosto de 2005, la policía halló el cadáver de una muchacha degollada en un pantano en las afueras de Lima. Julia Huamanñahui reconoció en la morgue a su hermana menor, Luzmila Huamanñahui, de 22 años. Un año después, Julia aún no consigue que las autoridades judiciales la acepten como representante de su hermana porque, de acuerdo con la ley, es el esposo de la víctima a quien corresponde ese papel.
La víctima hacía dos años que se había separado de su marido y había iniciado otra relación con Ulises Arnaldo Gonzáles. Luzmila Huamanñahui rompió con el matrimonio porque su esposo la golpeaba, la amenazaba y la ultrajaba.
«¿Cómo un hombre de esas características va a tener la representación de mi hermana?», le dijo Julia Huamanñahui a IPS. «Me ha pedido dinero a cambio de darme la representación de mi hermana muerta». La abogada Salas, quien la asesora, afirmó que han presentado infructuosamente varios recursos ante las autoridades judiciales.
Aunque Perú es signatario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda forma de Violencia contra la Mujer, la legislación peruana no se ha modificado para acabar con la impunidad de los casos de feminicidio y asegurar que los responsables de asesinatos de las mujeres peruanas reciban la condena que les corresponde.
* Un estudio sobre la violencia contra la mujer preparado por la periodista venezolana Gisela Ortega puede leerse en esta revista. Su primera parte aquí
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** Periodista. Publicado originalmente en
www.ipsnoticias.net.