ONU confirma sistemáticos fusilamientos de colombianos

El profesor Alston, un experto independiente que presenta sus informes al nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), culminó el jueves una visita de 10 días a Colombia.

El relator encontró que "muchos en el gobierno" prefieren asumir que las ejecuciones de la fuerza pública son casos aislados protagonizados por algunas pocas "manzanas podridas" dentro de las filas. La tesis, empero, es "insostenible", enfatizó.

"Es por la extensión geográfica y la cantidad de casos lo que me permite concluir que es una práctica sistemática", agregó en entrevista con tres medios internacionales, entre ellos IPS.

En octubre visitó Colombia la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. En esa ocasión, Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional, expresó que "un delito se convierte en crimen de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población civil".

"Nosotros estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales y parece ser que, efectivamente, esta práctica es sistemática y difundida, en mi visión", añadió.

Durante la estancia de Pillay, el gobierno derechista de Álvaro Uribe actuó por primera vez destituyendo inicialmente a 27 oficiales y suboficiales en unidades militares, e incluso disolvió a una Brigada. Además, ha adoptado 15 medidas recomendadas por la oficina local de la Alta Comisionada para frenar la práctica.

Además, Christian Salazar, director de la oficina local de la Alta Comisionada, dio a conocer que aumentan las amenazas contra fiscales que están sobre esos casos.

Al cuadro se suma la impunidad que encontró el relator de la ONU, cuyo mandato incluye determinar su magnitud y sus causas. "La cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados el próximo año", matizó.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación "no tiene suficiente personal, recursos o formación", dijo Alston, y urgió a incrementar "sustancialmente" los recursos a esa dependencia que está investigando más de 1.000 casos con 1.700 víctimas.

A su vez, la Procuraduría General de la Nación (ministerio público) ha abierto 683 expedientes disciplinarios por estos fusilamientos, en los que tiene vinculados a 1.602 miembros de la fuerza pública.

Alston expuso que "en algunas zonas" los jueces militares se dedican a impedir que los casos de violaciones de derechos humanos pasen a la justicia ordinaria, como lo ha ordenado la Corte Constitucional, y dilatan los juicios incluso durante años.

Destacó que las ejecuciones "repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios".

Pero Alston no sólo se ocupó de las ejecuciones cometidas por agentes estatales, y completó el mapa con grupos paramilitares de ultraderecha y guerrillas izquierdistas.

Las guerrillas llevan a cabo "cantidades significativas de homicidios ilegales" para controlar poblaciones rurales, intimidar a funcionarios elegidos, castigar a supuestos colaboradores del gobierno "o para promover objetivos criminales", señaló el profesor, además de usar indiscriminadamente minas antipersonal.

El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) contabiliza 1.492 muertos fuera de combate entre julio de 2007 y junio de 2008.

En la mayoría de casos se responsabiliza al Estado por acción directa o tolerancia, según CCEEU, plataforma de cerca de 200 organizaciones humanitarias.

A partir del gobierno de Uribe (agosto 2002) las ejecuciones extrajudiciales se dispararon al 67 por ciento, según la misma fuente, y se reportaron en 27 de los 32 departamentos en los que se divide el país.

El CCEEU indica que 638 ejecuciones entre enero de 2007 y noviembre de 2008 son atribuidas al ejército. Con todo, y a partir de una fuerte presión internacional, la tendencia es a la disminución.

Pero la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (APSCP), un movimiento que actúa en 23 departamentos, advirtió que "la reducción de la autoría de la fuerza pública en el último año, de 298 a 165, contrasta con el aumento de ejecuciones perpetradas por los grupos paramilitares, que subió de 267 a 372" en el mismo lapso.

Además, "la disminución estadística de las ejecuciones durante el último año encuentra su contrapeso en el aumento de los casos de desaparición forzada".