PADRES E HIJOS: EXILIO, CÁRCEL… VIDA DE MAPUCHE

A través de una carta dirigida a los responsables del Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (CEPARE) de la Argentina el lonko –autoridad primaria mapuche– Pascual Pichún Paillalao solicitó desde la cárcel de Traiguén, en Chile, a las autoridades argentinas acoger la solicitud de refugio presentada por uno de sus hijos.

«Estamos seguros que el Estado argentino, sus instituciones y su pueblo, darán lugar a la petición de nuestro hijo y hermano, acogiéndolo como uno de los suyos en esa tierra generosa que también es la nuestra y la de nuestros ancestros», señala la carta enviada el miércoles de enero de 25 de enero de 2006.

El lonko –uno de los principales líderes del movimiento mapuche en Chile– hizo un ferviente llamado a las autoridades trasandinas a acoger la solicitud de refugio político presentada por su hijo también de nombre Pascual, que por estos días es tramitada en las oficinas de CEPARE en Buenos Aires.

«Somos Pascual Pichún Paillalao, 53 años, lonko (jefe) de la comunidad Antonio Ñirripil de Temulemu; y Rafael Pichún Collonao, 25 años (…) Nos dirigimos a ustedes con relación al caso del joven mapuche, ciudadano chileno según las leyes, Pascual Pichún Collonao (izq.), quien solicitó en diciembre pasado refugio político en la República Argentina y sobre quien pesa una orden de captura por parte de los tribunales de justicia chilenos. Quienes firmamos somos el padre y el hermano de Pascual, ambos estamos cumpliendo condena por cinco años de prisión en la cárcel de Traiguén, IX región, acusados por el gobierno y la justicia de «terrorismo», comienza la misiva.

«Nosotros somos mapuche, hijos de la tierra, y por ello la hemos defendido siempre. Desde el año 1998, nuestra comunidad ha mantenido una férrea defensa de nuestro territorio ancestral ante el avance de las empresas forestales y hemos denunciado los graves daños que provocan las plantaciones industriales… Esto ha provocado una interminable campaña de persecución judicial y política en contra de nuestra familia, así como también en contra de otros miembros de nuestra comunidad, que componen cerca de 80 familias campesinas de humilde origen», señalan el lonko Pichún y su hijo.

«Pascual, como gran parte de nuestra familia, ha tenido que enfrentar y soportar este hostigamiento por parte de las autoridades regionales y nacionales (…) Nuestra lucha es la lucha de un pueblo por sus derechos, es la lucha de una comunidad por el bien de sus miembros, por la defensa de nuestra cultura. Si eso constituye un acto de «terrorismo», que así sea, pero tenemos la convicción que es una lucha legitima y que en ningún caso representamos un «peligro para la sociedad», como el gobierno chileno y los tribunales han señalado y por cuya razón nos han condenado irregularmente, en juicios que avergüenzan por su racismo».

«Por eso compartimos en lo más profundo de nuestra almas, que un miembro de la familia y la comunidad mapuche de la que formamos parte, este solicitando el refugio político en el Estado argentino. Sentimos el gran dolor que significa que uno de los nuestros este lejos de su tierra y de su gente, por culpa del Estado chileno que ha querido manchar el honor de nuestra familia tratándonos como delincuentes. Sin embargo, estamos seguros que el Estado argentino, sus instituciones y finalmente su pueblo, darán lugar a la petición de nuestro hijo y hermano, acogiéndolo como uno de los suyos en esa tierra generosa que también es la nuestra y la de nuestros ancestros», finalizan.

«Debemos estar alerta»

Cabe recordar que el pasado seis de diciembre, el CEPARE resolvió –sorpresivamente para las autoridades chilenas– acoger a tramitación una solicitud de refugio político presentada por Pascual Pichún Collonao. La petición había sido presentada en documento reservado el 15 de noviembre por los abogados Héctor Luis Trajtemberg y Carlos Mariano Zamorano, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Pascual se encontraba desde fines del año 2003 declarado «prófugo» por la justicia chilena y hasta fines del 2005 la policía había realizado infructuosos esfuerzos para lograr su captura y posterior encarcelamiento.

Según señaló Pedro Carimán, vocero en Argentina de la Comisión por el Refugio Político de Pascual Pichún, el caso del joven mapuche estaría en plena etapa de evaluación por parte del Secretariado del CEPARE, siendo de vital importancia en este periodo todos aquellos pronunciamientos públicos que las organizaciones mapuches pudieran realizar en apoyo de la solicitud de refugio.

«Estamos en una etapa en que el secretariado del CEPARE –que es la instancia que se encarga de recibir las solicitudes– está evaluando los informes que se han hecho llegar, la entrevista que ha tenido nuestro hermano en esa dependencia y también está recabando mayores antecedentes sobre el caso. Por eso es importante en este período aportar documentación para demostrar que Pascual Pichún Collonao reúne las condiciones para el otorgamiento del refugio político, tal cual lo establece el Estatuto de los Refugiados de la ONU», indicó Carimán.

«Sabemos que el gobierno chileno está haciendo llegar ante el CEPARE información sobre el caso, información negativa, tergiversada y con la cual intentará revertir una posibilidad de refugio político que marcaría, a ojos de la comunidad internacional, un antes y un después en su política represiva. Hasta el momento el gobierno no ha solicitado la extradición. Dijeron en diciembre que lo harían, lo dijo el ministro Vidal en Temuco, pero al parecer las elecciones los obligaron a actuar con cautela. Ahora ya pasó la campaña electoral y es cuando todos debemos estar alerta», indicó por su parte Juan Pichún, hermano de Pascual y miembro de la Comisión en Gulumapu.

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* Periodista. En el periodico mapuche Azkintuwe (www.nodo50.org/azkintuwe).

Nota

Para el gobierno y judicatura chilenos, el joven Pichún es un prófugo más, como Lucía P., que arrancó a EEUU. Las autoridades no han vacilado en declarar que si regresa a Chile voluntariamente o es aprehendido irá «directo a la cárcel».
La mayor parte de los procesados mapuche lo son bajo un engendro legal «para el combate al terrorismo», promulgada por la dictadura militar (1973/1990), cuya aplicación en sus causas fue por la invocación que de ella hiciera el abogado Juan Agustín Cucho Figueroa (der.), además presidente vitalicio de la Fundación Neruda, a raíz de conflictos en alguna de sus tierras con las comunidades mapuche allí afincadas.
El lonko Pichún se encuentra cumpliendo pena de cinco años y un día por «amenazas terroristas»; su hijo encarcelado lo está por no poder pagar las exorbitantes sumas que demanda el Estado para eximirlo de cárcel; el hijo que solicita asilo político en la Argentina lo hizo por esa misma razón.
El Estado recibió de los Pichún seis millones de pesos y exige una cuota mensual de once unidades tributarias más el pago de $ 300.000 para cubrir las costas del juicio, todas sumas inalcanzables para una familia de campesinos pobres.