Ago 26 2010
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Política

Papel Prensa: La justicia tarda pero a veces llega

Aram Aharonian

Cristina Fernández de Kirchner,  presidenta argentina, denunció públicamente la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa SA por parte de los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón  durante la última dictadura militar (1976-1983), y explicitó los acuerdos entre éstos y la junta militar que presidía Jorge Rafael Videla, al difundir un extenso informe basado en documentos originales.

Tras sancionar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que terminó con los oligopolios mediáticos y tras 33 años de silencios cómplices e impunidad, la Presidenta anunció que envió a la justicia esta información y al Parlamento un proyecto de ley que declara de interés público la producción de pasta de celulosa y papel para periódicos en este país.
¿Qué pasó en 1976?  Los dueños de los tres principales diarios de esa época se apropiaron, en complicidad con el Estado terrorista, de la empresa que las permitiría monopolizar la producción de papel para diarios en la Argentina, una especie de dictadura contra la libertad de expresión.
 
En esa maniobra realizada en el tramo más brutal y fundacional de la dictadura, se apeló a la tortura y el secuestro de los accionistas originales de la empresa, y fue parte de la alianza estratégica entre la Junta militar y los personeros de los grupos económicos-mediáticos más grandes de la Argentina, que necesitaban del terrorismo de Estado para eliminar la disidencia política y social que se oponía a sus intereses.  Los dictadores, garantizaban la prensa silenciada y medios cómplices de sus acciones.
 
La Presidenta fue más lejos: no se trata de un decreto de expropiación (que era quizá lo que esperaba la derecha), sino, con pruebas en mano (más de 20 mil fojas en el que se detallan los pormenores del despojo) apeló a la transparencia y puso el tema en el tapete político, en la agenda de los poderes legislativo y judicial.  El proyecto legislativo insta a la formación de una comisión parlamentaria, con representantes de todos los partidos, para controlar el cumplimiento de lo que sería un trato igualitario que democratice la información.
Sin duda, el lenguaje periodístico-político opositor se ingeniará para calificar ese recorrido que democratiza la palabra como autoritario, arbitrario, totalitario, chavista, adelanta el analista Mario Wainsfeld.  
 
Pero algunos dirigentes de la oposición fueron cautos: el radical Ricardo Alfonsín consideró que la mandataria "hizo lo que tenía que hacer" al presentar el informe ante la Justicia, pero prefirió no opinar "sobre la cuestión de fondo" por no poseer "elementos de juicio”.  Coincidió con el gobernador socialista Hermes Binner, en respaldo a la decisión de concurrir a la Justicia para profundizar la investigación.
 
Este seguimiento parlamentario debe hacerse por medio de un marco regulatorio que nunca se hizo, dijo, y añadió que los miembros de esa comisión podrán participar como observadores de las reuniones del directorio de Papel Prensa.  El objetivo es darle un trato igualitario a todos los diarios del país, buscando ampliar la capacidad de producción de Papel Prensa para que no haya más importación.  Con esta decisión, la Presidenta obligará a todo el arco opositor a discutir sobre un proyecto esencial “para la libertad de prensa”, tal como fue definido por la propia mandataria.
 
“Con la Justicia por un lado, y el Parlamento por el otro, estamos confiados en que la democracia pueda pasar esta prueba.  Queremos una democracia sin tutelaje y una sociedad sin miedo”, concluyó la mandataria.
Durante décadas, Papel Prensa controló el mercado con prácticas monopólicas.  El Estado nacional fue un socio bobo, mudo y sumiso ante un poder fáctico superior al de sucesivos gobiernos, dictatoriales o democráticos, señala Wainsfeld en Página 12.
 
El Congreso deberá analizar un proyecto de ley (cuyo texto no se conoce aún) declarando de interés público la producción de papel para diarios y formando una comisión bicameral para el seguimiento de esa actividad.  Mientras, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, tendrán a su cargo la misión de preparar la vía judicial, para terminar con tanta impunidad y demandar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad para beneficiarse económica y políticamente.

 

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