Oct 21 2006
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Sociedad

Perú. Cipriana Huamaní: ”ME DEJARON SOLA CON OCHO HIJOS”

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Los marinos, que tenían las caras pintadas, subieron al ómnibus (de la empresa Hidalgo) y exigieron a todos los pasajeros que les mostrasen sus documentos. Luego, pese a que mi esposo les intentaba explicar que él también era militar, lo bajaron y obligaron a subir a una de las camionetas. En esos carros se encontraban también jueces y fiscales de Huanta, que volvían de realizar una diligencia en una zona cercana, donde había habido un enfrentamiento con senderistas.

Yo intenté bajar junto a él, pero Rigoberto me miró a los ojos, y me dijo: No bajes, te puede pasar algo malo. Anda a Ayacucho. Yo estaré bien. Seguro que sólo están haciendo una batida… Yo le hice caso y me quedé en el ómnibus. Luego vi cuando subieron al carro a mi esposo y lo tiraron al piso para luego pararse sobre él y golpearlo… “. (En ese instante comienza a llorar).

¿Qué ocurrió después?

Jamás lo volví a ver. Inmediatamente después de llegar a Ayacucho, tras varios intentos, logré comunicarme con el comandante del ejército de Ayacucho –no recuerda su nombre–. Luego de contarle el caso, él se contactó con el comandante de la Marina de Huanta –Alvaro Artaza Adrianzén, alias “Comandante Camión”–, quien le dijo que se trataba de una pequeña investigación y que luego lo iban a dejar libre. Sin embargo, tras insistirle en varias ocasiones, el comandante “Camión” dijo que lo habían soltado unas dos horas después. Yo de inmediato partí de Huamanga hacía Huanta para encontrarme con mi esposo, pero grande fue mi sorpresa al no hallarlo…

¿Qué sintió?

Sentí un gran temor, pero jamás pense que esa era la última vez que iba a ver a mi esposo. Más bien pensé que como él era del ejército lo iban a respetar, pues entre colegas no podía suceder eso. Pero no fue así…

¿Qué hizo luego?

Logré comunicarme con el fiscal de Huanta, de apellido Palomino. Él me dijo que había visto a mi esposo ser trasladado al cuartel de la marina –Estadio de Huanta– para las investigaciones, pero que luego no supo nada más de él.

Yo tuve que esperar tres días para denunciar el hecho, pues el día de la detención de mi esposo fue un sábado. Sin embargo, pese a que hubo varios testigos del hecho –pasajeros y autoridades de Huanta–, los marinos, liderados por “Camión”, dijeron que él había sido liberado a las pocas horas. Pero ello es falso, pues en los alrededores del estadio habían decenas de familiares, y ninguno lo vio salir. Incluso el fiscal Palomino se negó a rendir su manifestación durante las investigaciones.

¿A qué se debía eso?

Yo le reclamé por qué no quería dar su testimonio, y él me confesó que los marinos lo habían amenazado de muerte si hablaba algo del tema. La realidad era que toda la población y autoridades tenían miedo a los marinos, pues ellos detenían y desaparecían a quién querían.

Ante ello, qué hizo usted…

No me rendí. Fui a denunciar el hecho a Huamanga. Incluso tuve que regresar a Huanta con los documentos de la denuncia entre los pañales de mi hijita que sólo tenía un año. Pero todo fue en vano. No se hizo nada. Ante ello, yo misma comencé a averiguar y buscar a Rigoberto.

Recuerdo que en una ocasión llegó un mensaje a mi casa de que el cadáver de mi esposo estaría tirado cerca al río Cachi. No fui sola, porque los marinos podían haberme tendido una trampa. Así que supliqué que me acompañarán varios familiares y el periodista Jaime Ayala. Él era un joven muy bueno, que siempre ayudaba a los huantinos. Fue unas semanas antes de que lo desaparecieran. Aquel día no hallamos nada. Pero pocos días después hallé una fosa por Iribamba, donde habían más de 20 cadáveres descuartizados…

¿Estaba el cuerpo de su esposo?

No, eran cuerpos de campesinos. Los habían matado los marinos. Habían huellas de llantas de vehículos de la marina en todo el lugar. Yo volví a Huanta y pedí permiso a las autoridades para poder rescatar los cuerpos. Con varios familiares y en presencia de militares desenterramos los cadáveres y los llevamos al hospital. Algunas personas encontraron a sus familiares, pero otros no, porque los cadáveres estaban descuartizados.

¿Ha recibido amenazas?

Sí, desde ese día que encontré los cadáveres, los marinos comenzaron a seguirme a todos lados y a insultarme y amenazarme, a mí y a mi familia. Por ello tuve que huir a Lima junto a mis ocho hijos aún pequeños. Perdí mi casa y cosas de valor…

¿Dónde estuvo en Lima?

Llegué al asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ahí, bajo esteras tuve que salir adelante con mis pequeños…

¿A qué se dedicaba?

Bueno, tuve que trabajar de lo que sea. Luego pude formar un pequeño negocio y también hacía artesanías manuales para venderlas por la calle. Mis hijos no pudieron estudiar ni tener una profesión, porque el dinero que ganaba sólo alcanzaba para comer…

¿Cuántos años tenían sus hijos cuando ocurrió la desaparición de su esposo?

Ellos sufrieron mucho por la falta de Rigoberto. El mayor, Jaime, tenía 17; Gladys 14; Gustavo 12; Walter 10; Maritza 8; Jorge 6, Ingrid 4; y mi pequeña Edith un año.

Los mayores recuerdan a su padre y hasta incluso tienen pesadillas, pues ellos han visto cómo los militares golpeaban y mataban a la gente sin ningún remordimiento.

¿Qué espera de la justicia?

(Suspira) Esperamos que esta vez sí se sancione a los responsables de la desaparición de mi esposo, como es el comandante “Camión”, y que podamos encontrar el cadáver de Rigoberto. Ellos saben dónde está. Yo y mis hijos necesitamos tener el cadáver de mi esposo para, al menos, ponerle una rosa, rendirle homenaje… (llora).

Asimismo, esperamos que esta vez el presidente Alan García y demás autoridades se pongan la mano en el pecho y que cumplan con lo que prometieron, de cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR) y sancionar a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad. El comandante “Camión” está vivo, sabemos que está en Estados Unidos. No cesaremos hasta que se haga justicia.

El caso de la detención y posterior desaparición de Rigoberto Tenorio Roca por miembros de la Marina de Guerra del Perú, se encuentra dentro del caso Huanta, que denunció recientemente la Fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal. El caso Huanta se encuentra, actualmente, en la Sala Penal Nacional a la espera de que el juez a cargo aperture el proceso penal. El caso Huanta incluye a los casos Pucayacu, Callqui, Jaime Ayala Sulca y Rigoberto Tenorio Roca, entre otros.

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* Periodista. Reside en Lima.

La imagen que abre esta nota corresponde a las hermanas Zenaida y Graciela Fernández, que reconocieron a su padre en una fosa en Pucayacu, fotografiadas frente al estadio de la localidad de Huanta.

Addenda
LA DESAPARICIÓN FORZADA PERIODISTA JAIME AYALA (1984)

La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha logrado determinar que el periodista Jaime Boris Ayala Sulca fue víctima de desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y ejecución arbitraria por parte de integrantes de la Marina de Guerra, en el cuartel ubicado en el Estadio Municipal de Huanta en agosto de 1984.

La CVR considera que estos hechos se enmarcan
en un contexto generalizado de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones arbitrarias existente en esa época en la provincia de Huanta en el departamento de Ayacucho.

Ante las acciones del PCP – SL (Sendero Luminoso) el gobierno de Fernando Belaunde decretó el Estado de Emergencia en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo el 12 de octubre de 1981. El 29 de diciembre de 1982 prorrogó el estado de emergencia y encargó el control del orden interno a las fuerzas armadas. En enero de 1983 se estableció el Comando Político Militar en Ayacucho; en este esquema, la provincia de Huanta quedó bajo el control de la Marina de Guerra del Perú.

Los años 1983 y 1984 fueron de gran intensidad en cuanto a las violaciones de derechos
humanos en la zona de Huanta, como consecuencia del accionar del PCP – SL y de la respuesta
indiscriminada de las fuerzas armadas, en particular de la infantería de marina, que el 21 de enero
de 1983 estableció su Cuartel General en el Estadio Municipal de la ciudad de Huanta.

Desde mediados de 1983 el valle de Huanta fue objeto de un impresionante despliegue militar de parte de la Infantería de Marina cuyas operaciones contrasubversivas generalmente terminaban en detenciones de campesinos desarmados, con la consecuencia un alto saldo de desapariciones forzadas y ejecuciones
arbitrarias. Según los datos de la CVR en la provincia de Huanta se produjo el 22.16% de los asesinatos y el 18.52 % de las desapariciones forzadas del departamento de Ayacucho. Varias de ellas fueron denunciadas en su momento por los periodistas de la zona, entre ellos el corresponsal del diario La República, Jaime Ayala Sulca.

foto
La estrategia militar partía del supuesto de que toda la población era sospechosa de ser subversiva. El cuartel de la Infantería de Marina era centro clandestino de detención y torturas.

Jaime Boris Ayala Sulca tenía 22 años el día de su desaparición. Estaba casado con Rosa Pallqui Medina con quien tenía un hijo. Además de la corresponsalía de La República tenía un programa periodístico en Radio Huanta 2000; a través de ambos medios denunciaba casos de violaciones de los DDHH.

Un ex infante de marina confirmó ante la CVR, en forma reservada, que Jaime Ayala fue
detenido en la base militar porque el comandante “Camión” lo consideraba un enemigo de
su institución, debido a las denuncias sobre violación a derechos humanos que había publicado.
Dijo que por ello el citado oficial había planificado atentar contra él y otros periodistas.

También reveló que el propio comandante “Camión” participó en la tortura de Ayala, la
cual fue realizada por dos miembros del servicio de inteligencia de la marina. Las huellas de la
tortura eran de tal magnitud que “Camión” decidió eliminar al periodista, pensando que así se
evitaría futuras responsabilidades.

Jaime Ayala fue asesinado, descuartizado y enterrado un día antes que llegara el Fiscal de la Nación, Dr. Alvaro Rey de Castro, y su entonces secretario Fernando Olivera Vega, para verificar la denuncia sobre la desaparición del periodista.

Además, identificó al autor material con el seudónimo de “josaca”, que –según refirió- son sus
iniciales. No precisó el lugar donde fue enterrado, pero aseguró que los restos están diseminados en
el Estadio de Huanta.

(Tomado de documentación oficial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, www.cverdad.org.pe).

Cualquier semejanza con hechos semejantes ocurridos en la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay o Uruguay se deberá estimar una mera coincidencia. Por tanto será un acto inconveniente, inútil y atentatorio contra los derechos ciudadanos protestar o exigir, por ejemplo en Chile, que se “haga justicia”; ya lo dijo hace tiempo un alto integrante del gobierno de ese país: justicia sólo en la medida de lo posible.

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