Ago 25 2009
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Política

Perú, historia / Al fin saltó la liebre

Gustavo Espinoza*

Sí, finalmente se supo. Se tuvo la noticia confirmada. Y ocurrió eso después de 38 años, cuando se publicaron algunos nuevos documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y que tuvieron la virtud de demostrar que el señor Richard Nixon, a la sazón presidente de ese país, nos se andaba en menudencias cuando se trataba de proteger los intereses del imperio.

Bien puede asegurarse entonces algo que, en su momento intuimos y señalamos públicamente como parte de la lógica terrorista de la administración yanqui. No tuvimos en ese entonces pruebas palmarias, pero si indicios suficientes como para asegurar a nuestro pueblo que los planes agresivos contra el proceso peruano se tramaban ya en la Casa Blanca. Y hoy se confirma.

Dijimos entonces lo que la agencia de noticias AFP asevera ahora: el ex presidente norteamericano Richard Nixon quiso desestabilizar al gobierno de Juan Velasco Alvarado y en coordinación con el entonces dictador brasileño general Emilio Garrastazú Médici, incubó la idea de publicar información destinadas a desacreditarlo en el concierto internacional para justificar su acción.

La agencia reveló también que ambos gobernantes consideraron, en su esquema de trabajo conjunto, examinar la posibilidad de derrocar al presidente Salvador Allende en Chile.

Ambas acciones, por cierto, eran cartas de una misma baraja, y se ampliaron como un abanico cuando en un tercer país, asomó un nuevo gobierno progresista, el del general Juan José Torres que en Bolivia habló enérgicamente contra la política de Washington en la región.

Surgió entonces una figura geométrica. Y las agencias del imperio pasaron a hablar del “triangulo rojo”, considerándolo como “el principal peligro” en la región. Y lo era, sin duda, para el dominio del Gran Capital.

La estrategia de la administración Nixon, diseñada por cierto por el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Henry Kissinger, era muy simple: comenzar el ataque rompiendo la cadena por el eslabón más débil. Y ese era Bolivia.

Por las circunstancias concretas de ese país, por la debilidad del movimiento popular duramente golpeado luego de la quiebra de la experiencia guerrillera de 1967, por la profunda desconfianza que se había incubado en amplios sectores de la sociedad boliviana con respecto a los militares y también por la heterogénea composición de su gobierno, el Presidente Torres no asomaba como una pieza fuerte y consolidada de los pueblos. Bastaba una conspiración certeramente planificada y un concierto elemental con militares conservadores, para dar al traste con esa experiencia. Y así ocurrió, en efecto, ese mismo año, cuando ante un contra golpe reaccionario Torres debió huir primero a Lima y después a Buenos Aires, donde fue asesinado.

Con Chile, la cosa era más complicada, pero finalmente también simple: el gobierno de Allende tenía fuerza en el pueblo, pero el pueblo tenía, a su vez, una fuerza limitada. Para quebrarlo, era indispensable concentrar un inmenso poderío militar y descargarlo como un brutal mazazo contra la población. Tendrían que matar a miles –como ocurrió– pero finalmente podrían imponerse apoyándose firmemente en “los de arriba”, que estaban sólidamente unidos, y armados, contra “los de abajo”.

En el Perú, la cosa era aún más compleja porque el escenario no estaba aún completamente definido ni los campos nítidamente diferenciados. En el gobierno de Velasco había también fuerzas reaccionarias con las que el gobierno de los Estados Unidos no quería chocar. Y contra Velasco había además fuerzas progresistas –desorientadas, sin duda– a las que Washington no quería dar alas.

Fue la experiencia militar peruana de 1968 el primer experimento victorioso de un proceso antiimperialista, después de la Revolución Cubana. Por eso sus iniciadores –incluido ciertamente el propio Velasco– vieron con marcada simpatía la experiencia de Fidel y actuaron en consonancia con ellos asegurando entre los gobiernos del Perú y Cuba la más estrecha y solidaria cooperación, que despertó la ira desbocada de los opresores.

Pero en el caso peruano el tema tenía además, otros bemoles. Velasco era un líder, pero no un caudillo. Tenía un notable apoyo popular –sobre todo los trabajadores y los campesinos respaldaron el proceso–, pero también contaba con la aceptación institucional de la fuerza armada, que despertaba de un largo periodo al servicio de la clase dominante.

Velasco, en su momento, subrayó con acierto que el suyo era un movimiento legítimo de recuperación nacional orientado a restaurar los más auténticos valores de la patria. Ante esa tarea –dijo en diversas oportunidades– la Fuerza Armada no podía permanecer impasible. Tenía la obligación de actuar con firmeza y con audacia, preservando, sobre todo, los derechos del pueblo y los intereses de la nación. La vanguardia de esa Fuerza Armada eran “los generales rojos”, como los llamó el enemigo, y que simplemente eran militares responsables de su deber.

Este mensaje, de claro corte patriótico y antiimperialista, caló muy hondo en la conciencia de los peruanos, pero también en las filas de la institución armada. Ella, en el pasado, fue usada siempre como cancerbero de los intereses más oscuros, y tuvo el valor, a partir de octubre de 1968, de rectificar una conducta y hermanarse con las grandes mayorías nacionales.

El hecho que fuera la Fuerza Armada, y no un Partido Político, ni un núcleo de personas, sino una de las principales institucionales titulares del país la que levantara ese discurso de claro contenido nacionalista y liberador; tenía una enorme importancia no sólo al interior de nuestras fronteras. Conllevaba también una carga latinoamericanista, un mensaje a los ejércitos del continente, a los que llamaba a despertar para cumplir una nueva tarea.

“Así como en la gesta libertadora del siglo pasado los pueblos ibero– americanos lucharon hermanados por alcanzar su libertad política, la cruzada que hoy libran por superar su estado de subdesarrollo reclama que, como ayer, estrechen filas en torno a su emancipación económica. Cada uno de los países de América tiene en las páginas gloriosas de su historia una legión de próceres y héroes que no vacilaron en brindar el holocausto de sus vida por legarnos la patria que hoy nos cobija…”

Así dijo Velasco el 6 de febrero de 1969 cuando llamó a unirse a todo el pueblo para enfrentar la agresividad imperialista desbocada a partir de la expropiación de las instalaciones de la empresa norteamericana Internacional Petroleum Company.

Por eso en su momento el proceso de Velasco fue un incentivo para el concierto regional. Militares patriotas de Bolivia, como lo subrayó el propio Juan José Torres, miraron al Perú con otros ojos desde entonces. En Uruguay, Liber Seregni valoró también altamente este mensaje, que fue observado con interés por los sectores institucionalistas del ejército chileno, como los generales Schneider y Pratt. Incluso en Venezuela, los militares que se alzaron en Carúpano y Puerto Cabello, izaron similares banderas. Y ellas tomarían otras dimensiones más allá de nuestro continente en la experiencia heroica del abril lusitano de 1974.

Para el gobierno de los Estados Unidos “el ejemplo” peruano resultaba no solamente en extremo preocupante, sino también nocivo. En la medida que se extendiera y creciera en otras instituciones armadas el mismo sentimiento liberador que soplaba en nuestro suelo; el poder Imperial tenía fundadas razones para verse amenazado.

Destruir el proceso peruano era mucho más complicado que disparar masivamente contra el pueblo, como se había hecho en Chile. Aquí se trataba de desactivar con precisión milimétrica y calculo sofisticado una bomba de inmenso poder explosivo, actuando con el cuidado y la delicadeza que la situación generaba. Cualquier falla en el operativo podría resultar fatal para sus impulsores.

Por eso idearon una estrategia de laboratorio. Primero, amagaron el entorno más directo de Velasco, logrando, lastimosamente, introducir una cuña entre el Jefe del Proceso peruano y los coroneles que se alzaron con él en octubre de 1968. Luego, supieron ubicar en el enmarañado escenario militar de entonces a quien podría ajustarse a sus planes y cumplir cabalmente sus designios traicionando alevosamente el movimiento. Después, agudizaron las tensiones en el interior de la institución castrense alentado pronunciamientos divisionistas, como la insurgencia del general Bobbio Centurión en el Centro de Instrucción Militar del Ejército, en julio de 1976. Unido a eso, lograron sumir en la confusión a diversos sectores del movimiento popular, que no alcanzaron a percibir en toda su dimensión el significado de los cambios que se operaban en el país.

Derrocar a Velasco Alvarado era un objetivo muy preciado para el gobierno de los Estados Unidos. Pero no marcaba eso el fin de su tarea, sino más bien el comienzo de la misma.

Se trataba, además, de depurar a la institución armada para retirar de ella a todos los “velasquistas”. Pero de asegurar, adicionalmente, que nunca más se repitiera en el Perú una experiencia similar, que no volviera a surgir “otro” Velasco con similares propósito de su antecesor y con las mismas posibilidades operativas. Para ellos, eso era vital.

Para tal efecto no bastaba devolver el Poder a los civiles y entregar nuevamente el gobierno a los partidos tradicionales. Se precisaba de medidas mucho más profundas que requerían sólo tiempo, sino también una nueva política. Y de la imposición de un nuevo modelo de dominación.

Por eso el desmantelamiento de los cambios en el Perú no se produjo como resultado de un acto, ni fue la consecuencia de una acción de gobierno. Fue un largo y complicado proceso de lucha contra un pueblo que resistió combatiendo en las condiciones más adversas. Ni Morales Bermúdez, ni Belaúnde Terry, ni Alan García en su primer gobierno pudieron realmente desandar lo andado.

Fue preciso un Golpe de Estado –el del 5 de abril de 1992– para que eso ocurriera. Fue indispensable, además, asustar masivamente a la población con la siniestra historia del “terrorismo en marcha”, satanizar el ideal socialista manchando con sangre la bandera roja y convirtiendo la hoz y el martillo en símbolo de muerte. Pero, sobre todo, fue esencial desacreditar el ideal socialista y fascistizar a la Fuerza Armada para que volteara definitivamente los ojos y nunca más mirara al pueblo, sino con odio.

La violencia desatada durante veinte años en el Perú –entre 1980 y el año 2000– tuvo ese signo y ese propósito. 12,000 oficiales de las Fuerza Armadas fueron llevados al campo para cometer tropelías contra las poblaciones indefensas. Y así quedó una secuela de sangre y muerte de la que el paìs aún no se recupera.

El terrorismo fue el gran pretexto. Y la lucha contra é, el argumento victorioso del enemigo. Pero es bueno que se diga una vez más para que se oiga en todas partes: el terrorismo que hubo, fue el del Estado, que unas veces actuó en su nombre y en otras en el de estructuras supuestamente “revolucionarias” que se sintieron torpemente halagadas por el honor que se les hacía al considerárseles como una “fuerza real y peligrosa”.

Detrás de esa conjura –se confirmará algún día– estuvo sin duda el señor Nixon y los suyos.


* Del colectivo Nuestra Bandera (wwww.nuestrabandera.com), revista del Centro de Estudios Carlos Mariátegui, del Perú.
Despacho de www.argenpress.info

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