Puerto Rico. – MERCENARIOS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS
La revelación se produce en momentos en que la primera noticia publicada por el diario La Prensa sobre las operaciones de la empresa DynCorp en Puerto Rico ha causado impacto en la Asamblea Legislativa y ayer mismo la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, requirió formalmente información al respecto al gobierno. La posibilidad de que DynCorp tuviera relación comercial con el gobierno puertorriqueño se había planteado en documentos de la Comisión de Intercambio de Valores (SEC) de Estados Unidos, en los que se aludía a “contratos y negocios con el Gobierno del Estado Libre Asociado y sus agencias e instrumentalidades”.
La información del SEC, sin embargo, no especificaba detalles. Pero de acuerdo al registro de contratos de la oficina del Contralor, DynCorp fue contratada a partir de noviembre de 2004 –luego los comicios generales– por la Autoridad (Dirección) de los Puertos. Según el informe oficial, la contratación fue por US%$ 1.770.000 y se indica que el mismo fue para “servicios misceláneos”.
De acuerdo a los documentos obtenidos anteriormente, DynCorp ha transportado a su base en el aeropuerto de la antigua base aérea de Ramey Field, ahora convertida en aeropuerto civil, helicópteros con destino a Pakistán, además de reparaciones para naves averiadas en Iraq y Afganistán. Los documentos indican también que utiliza su base en Puerto Rico para reclutar asesores para entrenar fuerzas militares en la frontera del Líbano.
“Agradeceré que, para fines de investigación y acción legislativa, me remita copia de los contratos, estipulaciones o acuerdos vigentes otorgados para el alquiler o uso de cada uno de los hangares localizados en la antigua Base Ramey en el municipio de Aguadilla”, dice la carta enviada ayer por la senadora Santiago al director de la Autoridad de Puertos y Secretario de Estado, Fernando Bonilla. Se conoce que hay otros legisladores iniciando gestiones para obtener también información sobre el asunto.
En el caso del PIP, el requerido de información se enmarca además en la campaña contra el reclutamiento militar en las escuelas secundarias. Según cifras preliminares del Departamento de Educación, en 2006 por lo menos 42.350 estudiantes –el 57 por ciento– se negaron a que su información personal fuese entregada a los reclutadores militares, un aumento significativo sobre el 2005, cuando los que se negaron fueron 36.505, o un 47.9 por ciento.
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* Periodista.
Despacho de ARGENPRESS, agencia de noticias independiente argentina.
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Addenda
DynCorp, empresa tributaria de Haliburton –vinculada a prominentes funcionarios del gobierno de EEUU– mantiene un programa de reclutamiento para su fuerza policial privada internacional; garantiza un sueldo anual sobre los US$ 120.000, pero no garantiza, naturalmente, que los mercenarios sobrevivan.