Rasgo de época, embargar bienes públicos (historia de buitres y fragatas)
La recuperación del buque insignia sin acuerdo con los fondos buitre es un símbolo de la larga lucha en la que está inmersa Argentina para despojarse de las ataduras del viejo modelo neoliberal. El embargo de NML Capital, uno de los 28 que recibió el país desde 2003.
Cuando este miércoles la Fragata Libertad concrete su arribo a Mar del Plata, en medio de homenajes y festejos que se preparan para recibirla, Argentina habrá dado otro paso en la batalla en la que se ha plantado, casi en solitario, contra uno de los símbolos emblemáticos del modelo de valorización financiera del capital y, a su vez, desprecio por la actividad productiva que representó (y representa aún, como lo demuestra Europa) el modelo neoliberal impuesto en el último cuarto del siglo pasado: los fondos buitre. La recuperación de la nave insignia se logró tras batallar en tribunales internacionales enfrentando a estos especialistas en sacar ventajas de su capacidad de “lobby” en estas lides. Fondos especulativos que en por lo menos 28 oportunidades diferentes –según el recuento del canciller Héctor Timerman– lograron trabar embargo sobre bienes del Estado argentino en el exterior (ver aparte). Fondos que hoy mismo plantean una “pulseada testigo” en Nueva York tratando de impugnar el arreglo alcanzado por la Argentina con los poseedores del 92 por ciento de la deuda en default del año 2001. Tanto en esa plaza como en los tribunales de Ghana, han hecho valer su poder de influencia sobre jueces adeptos al poder económico que aquéllos representan y del que surgieron. Un modelo que organismos internacionales como el FMI, el Banco Central Europeo o el Banco Mundial (a través del Ciadi, por ejemplo) han sostenido y siguen defendiendo.
El 25 de octubre, cuando ya habían transcurrido tres semanas de retención de la fragata en las costas de Ghana, el canciller Timerman se refirió al contexto del combate por la recuperación de la nave recordando los antecedentes de esta disputa. “Entre el año 2005 y 2010, se renegoció el 93 por ciento de la deuda con los acreedores, quedando un 5 por ciento en manos de fondos buitre que se dedican a extorsionar a países comprando su deuda por centavos y, con métodos usureros, exigir pagos fuera de toda lógica”, repasó el responsable de Relaciones Exteriores. “Néstor Kirchner se negó a negociar con ellos y comenzó una larga batalla de acosos legales y políticos contra la Argentina. Hasta el embargo de la Fragata Libertad, los fondos buitre lograron trabar embargos contra 28 bienes de Estado Nacional. En todos los casos, el Estado argentino recuperó el bien embargado sin haber negociado jamás con los fondos buitre”, subrayó en un discurso leído desde uno de los salones de la Casa Rosada. Eran días en los que, desde distintos sectores de poder de la Argentina, con una llamativa sintonía con los intereses de los grupos financieros, se le reclamaba al gobierno “flexibilidad” y “capacidad negociadora” para buscar un acuerdo con el grupo especulativo NML, que encabeza el financista de las campañas republicanas y lobbista Paul Singer.
“Si antes de 2003 no había embargos, era simplemente porque el país se seguía endeudando para alimentar el mismo círculo vicioso que terminó en la crisis de 2001”, recordó el canciller Timerman aquel 25 de octubre. El efecto depredador de ese mecanismo de “renegociación de la deuda externa” forma parte de la misma matriz que dio origen a estos fondos buitre, surgidos en el marco de la desregulación y las facilidades para la transferencia de capitales financieros innominados en el mercado mundial. Estos audaces e inescrupulosos apostadores en el casino de las finanzas mundiales sacaron ventaja de las reglas del neoliberalismo y operaron como correa para dinamizar los procesos de endeudamiento de los países, incluso de aquellos con improbable capacidad de repago de los préstamos.
Lo que en un principio fue audacia extrema para apostar a jugadas riesgosas, luego se convirtió en trama oscura de relaciones e intereses para garantizarse el beneficio. Los fondos buitre primero fueron convocados por gobiernos y colocadores de títulos de deuda para conseguir financiamiento para deudores “difíciles”. Luego, esos mismos fondos buitre fueron armando la red de contactos con jueces, banqueros y gobiernos que les aseguraran el cobro de sus ganancias aun en los casos de deudores quebrados. Incluso, habiendo comprado los títulos de deuda después de la quiebra del deudor.
Las nuevas leyes del sistema financiero internacional convirtieron lo absurdo en un negocio rentable. Fue posible porque hubo países que renunciaron a su soberanía jurídica, sometiendo los conflictos por inversiones a tribunales extranjeros (aun cuando el Estado fuera parte en una controversia con un privado), y entidades “serias”, como el Banco Mundial, que pusieron los tribunales y los jueces, elegidos además entre los representantes de los propios grupos litigantes (como todavía hoy sucede en el Ciadi). Además de tribunales penales y comerciales en diversos países con clara percepción de dónde estaba el poder.
Todo este complejo mecanismo de enriquecimiento por acumulación 
financiera, círculos viciosos de endeudamientos y refinanciaciones, renuncias a la soberanía jurídica, prestamistas especuladores y tramoyeros, abusos de lucro sobre quiebras de deudas soberanas, es a lo que se enfrentaron los países que intentaron romper con ese modelo depredador en la última década. La batalla judicial que libra la Argentina contra los fondos buitre no es sólo contra estos grupos especulativos, sino contra todo ese esquema que los sostiene.
La recuperación de la Fragata Libertad sin ceder a un acuerdo con los fondos buitre fue, de parte de Argentina, una ratificación del sentido de esta pelea: la de condenar ese sistema de dominación financiera y no cometer el error de abrir hendijas para que vuelva a colarse. En los primeros días de diciembre, Cristina Fernández volvió a condenar al Banco Mundial, al FMI y al papel que los organismos financieros han jugado y, en buena medida, siguen jugando en el sistema mundial. “Sus mecanismos de resolución de conflictos se han evidenciado como depredadores de nuestros países”, remarcó la Presidenta, quien insistió en “la necesidad y la urgencia de formular mecanismos alternativos a los multilaterales existentes, no por una cuestión ideológica o política, sino por una cuestión eminentemente práctica”.
Sin esos mecanismos tradicionales, sin esas renuncias de soberanía de los ’70 a los ’90, los fondos buitre no hubieran llegado a los abusos cometidos contra el Congo o Perú, en Ecuador y en todos aquellos países endeudados en etapas de políticas deliberadamente dependientes del capital financiero. El regreso de la Fragata Libertad es un momento oportuno para recordarlo.
Otros instrumentos de presión
La cesión de soberanía no sólo se expresa en la emisión de bonos bajo jurisdicción extranjera, sino también en la suscripción al convenio del Ciadi. Por eso el Gobierno evalúa retirarse del organismo y denunciar los TBI.
La cesión de soberanía no sólo se expresa en la emisión de bonos bajo jurisdicción extranjera que les permite a los fondos buitre litigar en tribunales de Nueva York. La suscripción al convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y la firma de tratados bilaterales en la década del ’90 es otro talón de Aquiles que mantiene expuesto al Estado argentino. En este caso, ante empresas multinacionales de países desarrollados. Por ese motivo, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner evalúa retirarse del Ciadi e incluso denunciar los tratados.
El Ciadi es un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial que desde 1965 se dedica a resolver controversias entre países e inversores extranjeros. En los hechos, su función central es ofrecerles a las multinacionales que deciden invertir en los países periféricos una garantía frente a las “arbitrariedades” que puedan cometer los gobiernos de esas naciones. Eso es posible porque los dictámenes del Ciadi se llevan a cabo sin tener en cuenta el derecho local. Los análisis se circunscriben a las pautas establecidas entre los Estados y sus inversores extranjeros, con abstracción de cualquier otro principio jurídico de jerarquía superior.
Hasta la década del ’90, la intervención del Ciadi fue requerida de modo muy esporádico. En 1972 resolvió su primer caso, en 1974 intervino en cuatro ocasiones y luego hubo que esperar hasta 1997 para superar ese techo anual al registrarse diez casos. El incremento se explica por la firma de los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones firmados en los ’90, que reconocen al Ciadi como tribunal arbitral ante cualquier diferendo. De hecho, más del 60 por ciento de las demandas presentadas ante el Ciadi se corresponden con esos tratados.
En el gobierno sostienen que el Ciadi funciona como un gendarme de los intereses de las multinacionales y no como un árbitro imparcial para dirimir diferencias sobre inversiones extranjeras. Para demostrarlo, focalizan en la disparidad existente en el origen de los demandantes y demandados. Por grandes áreas económicas, los países del Sur han sido objeto del 59 por ciento de las demandas presentadas ante el tribunal, las economías en transición de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética han recibido el 32 por ciento, mientras que el 9 por ciento ha recaído en los países del Norte. A su vez, remarcan que el 91 por ciento de los inversores extranjeros que reclaman indemnizaciones por violación de algún acuerdo internacional procede del Norte y apenas un 9 por ciento de economías en desarrollo.
Según un informe elaborado por el Gobierno, en el caso argentino, el origen de la mayoría de las denuncias fue a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia Pública que dispuso el fin del régimen de Convertibilidad y la pesificación de las tarifas y las deudas. Esto obligó a los particulares a llegar a acuerdos equitativos y al Gobierno a renegociar los contratos con las empresas de servicios públicos cuyas tarifas se encontraban expresadas en dólares. Para febrero de 2012, de los 48 casos iniciados contra la Argentina, el país había ganado, resuelto, suspendido u obtenido la anulación de 26 casos por un monto de 16 mil millones de dólares. El resto están pendientes y en conjunto alcanzan los 20 mil millones de dólares.
La persistente inclinación de los arbitrajes del Ciadi en favor de los inversores extranjeros y el aumento exponencial de casos, en los últimos años han llevado a que varios países de la región decidan retirarse oficialmente del Ciadi. Bolivia fue el primer Estado en presentar la denuncia de la convención del Ciadi (notificada en mayo del 2007 y efectiva en noviembre del 2007), seguida por Ecuador (notificada en julio del 2009 y efectiva en enero del 2010). Venezuela anunció oficialmente su denuncia el pasado 24 de enero del 2012, que resultó efectiva a partir de julio. En el Gobierno destacan además que Brasil nunca ingresó al Convenio del Ciadi.