Terremoto institucional en Bolivia
Coco Cuba*
La decisión de la Corte Suprema de Bolivia de trasladar el caso de terrorismo para que sea ventilado en la justicia de Santa Cruz, en desmedro de la de La Paz, donde se sustanció la causa desde mediados de abril, cuando fue desbaratada una banda de milicianos europeos contratados por agentes locales para encender una guerra civil y desmembrar la región oriente de Bolivia causó un terremoto político que envuelve a los tres poderes del Estado.
El fallo, que transfirió a la jurisdicción de Santa Cruz, epicentro de movimientos terroristas y secesionistas y de la oposición política y empresarial más dura al gobierno del presidente Evo Morales, la investigación judicial más sensible de la coyuntura boliviana, levantó la protesta unánime del Ejecutivo, de organizaciones de Derechos Humanos, de sectores afines al oficialismo en el Legislativo, de los movimientos indígenas y sociales y, también explicaciones del Poder Judicial y aplausos en las autoridades políticas de Santa Cruz.
La decisión judicial cesó, de facto, la actuación de una comisión del Ministerio Público boliviano, con asiento en La Paz, embalada en la disección de los nexos y financiadores de un grupo de milicianos europeos en cabeza de un avezado miliciano boliviano húngaro croata, Eduardo Rózsa, que se movió, a discreción en Santa Cruz, entre setiembre y abril últimos.
El mismo Rózsa admitió, en una entrevista concedida a un periodista húngaro, que la misión para la que había contratado en Bolivia era generar la “independencia de Santa Cruz”.
Rózsa y otros dos mercenarios europeos, fogueados en la guerra secesionista de principios de los ’90 en los Balcanes, perecieron en un choque con la Policía la noche del 16 de abril último, en un hotel de Santa Cruz.
El pronunciamiento judicial combustionó el panorama político boliviano, erizado desde el miércoles por un par de atentados con explosivos, uno de los cuales estaba dirigido a un estrecho colaborador de Morales, Fidel Surco, líder de una activista Coordinadora Nacional por el Cambio, de esencia indígena campesina, y que se cebó con su esposa, que resultó con graves secuelas.
Sin poder ocultar su desazón, el presidente Morales expresó que el caso, que implica a personalidades de Santa Cruz, la región más rica y pujante del país andino amazónico, vaya a parar a una congeladora de camino al olvido.
“Estoy sorprendido por la decisión que tomó anoche (del viernes) la Corte sobre quién tiene que juzgar a los terroristas y separatistas”, afirmó el mandatario durante una vista a Sucre, sede del Judicial y bastión de sectores abiertamente opuesto al gobernante indígena.
Morales dijo que la justicia en Santa Cruz mostró, en el último tiempo, principalmente en la resolución de una intentona golpista contra su administración, que comportó, entre julio y setiembre de 2008, la toma y saqueo de oficinas estatales, de aeropuertos y hasta la voladura de ductos en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, una faz oscura y reptante.
“El año pasado, la Policía detuvo a dos jóvenes que llevaban 300 balas y armas con miras telescópicas. La investigación descubrió que esa gente debía ubicarse en el cine Center que está frente al aeropuerto El Trompillo (donde presidía un acto cívico) para atentarme. Se llevó a los sospechosos a los fiscales y jueces, y los liberaron como santos”, reprochó.
Recordó también cómo los implicados con la célula de Rózsas fueron liberados sin siquiera proceso sumario, entre otros miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo armado del político empresarial y ultraopositor Comité Pro Santa Cruz.
“Quienes tomaron instituciones el año pasado todos están libres. ¿Qué tipo de confianza se puede tener con fiscales y jueces de Santa Cruz?”, cuestionó.
De hecho, su gobierno anunció un juicio de responsabilidades a los siete magistrados que trataron un recurso planteado por un juez de Santa Cruz, Pachi Tapia, para que el caso, que avanzaba a ritmo sostenido en La Paz, sede del Ejecutivo, sea traslapado a la competencia de autoridades judiciales de esa región oriental boliviana, de donde, tras destapado el escándalo, han huido empresarios y personalidades vinculadas a esferas de poder agropecuario en una actitud que parece plantear el axioma penal de ante confesión de parte relevo de prueba.
“Ese tribunal que no era competente decide en una votación divida y amañada enviar el proceso penal por terrorismo para que sea dilucidada en la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz”, deploró el viceministro Wilfredo Chávez.
Los ministros de la Suprema “violando la Ley de Organización Judicial, sin competencia, han actuado de currier (correo) y emitir resoluciones irregulares que no están a derecho”, denunció.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el sistema judicial del departamento de Santa Cruz es de los peores del país y manipula la justicia.
“El sistema judicial en Santa Cruz es de los peores en el país, porque ahí no se maneja la justicia. Hay funcionarios muy buenos que cumplen su trabajo, pero otra parte de funcionarios allí manipula la justicia en función de favores personales, en función de fidelidades, de amistad y de comparsa”, deploró.
Puso en evidencia que en varios juzgados de Santa Cruz han sido liberadas personas que andaban armadas, con miras telescópicas, preparando atentados y “que pertenecen a una estructura delincuencial aún vigente en el país que está atentando, que ha atentado y quiere seguir atentado contra los mandos del Estado, contra la vida del Presidente, contra su integridad y contra la unidad del país”.
García Linera advirtió, no obstante la decisión judicial en trance de réplica, que nada parará el proceso de cambios sociales, políticos y económicos que impulsa Morales en Bolivia.
“No vamos a detenernos. Es un camino sin retorno. Así como los indígenas del oriente llegaron a La Paz en su marcha, hace 19 años, nosotros vamos a llegar a transformar el país sin detenernos”, señaló
“No importa cuántos mercenarios contraten, o franco tiradores quieran poner en los caminos. No importa cuántas bombas nos coloquen. Sólo les pido que cuiden a nuestros dirigentes, protéjanlos. Es el pueblo que puede garantizar la protección del dirigente”, instó.
La decana y presidenta de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, explicó, en una suerte de alegato, que la decisión del alto tribunal responde a aspectos normativo.
“Lo que hemos hecho en Sala Plena con el conjunto de los conjueces, es resolver un conflicto de competencias originado entre una juez de La Paz y un juez de Santa Cruz, lo cual, en realidad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 311 del Código Penal y de acuerdo con la jurisprudencia en este caso, se ha remitido al juez primero que radicó este caso, es decir a la Corte de Santa Cruz. El conflicto de competencias lo resuelve la Corte Superior de Santa Cruz, que es la corte donde se encuentra el juez que recibió primero”, argumentó la magistrada.
La investigación se radicó en La Paz e implicados en el caso, que viven en Santa Cruz, se negaron a declarar en el caso que patrocina el fiscal Marcelo Soza, atenidos a un recurso de declinatoria interpuesto por un juez de esa jurisdicción en el oriente de Bolivia.
En medio de una lluvia de ácidas críticas, Sandóval, aclaró, a manera de concesión, que en estos casos “hay mecanismos legales cuando uno no está de acuerdo con una resolución”.
A favor del fallo salió un exultante prefecto de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, quien dijo aplaudir el fallo por su apego a la ley.
“No hay que sorprenderse de nada. Se ha cumplido con la Ley. Ustedes (los periodistas) conocen muy bien cuál fue mi posicionamiento en este sentido, había que respetar la jurisdicción”, aseguró.
Dijo que el debido proceso era un principio universal y respetar la jurisdicción de los distritos era parte de las autonomías consagradas en la Constitución y las leyes.
“No hay nada fuera de lo común. Lo único que se ha hecho fue trasladar el caso a la jurisdicción que corresponde para que se haga una investigación seria. El gobierno no tiene por qué lamentarse. Lo raro de esto parece ser que el gobierno le molesta que pueda haber una investigación transparente y responsable”, declaró.
El fiscal Soza concernido en la causa urgió la corrección del fallo.
“La Corte Suprema de Justicia no ha tomado en cuenta aspectos fundamentales y ha emitido un fallo ilegal. Nosotros vamos a ver la posibilidad de hacer anular este fallo, porque viola garantías y derechos constitucionales”, precisó.
El Fiscal advirtió que la acción de la Suprema pretende dejar en la impunidad el caso de terrorismo, sobre todo para dejar impunes a quienes están involucrados en este caso, que son los más interesados en que ello ocurra efectivamente.
Por su lado el diputado oficialista, César Navarro, cabeza de una comisión multipartidaria de espectro nacional, que investiga las conexiones del grupo de Rózsa, calificó de “vergonzosa” y “política” la decisión judicial.
“Creo que Bolivia está en este momento constatando de manera directa que tenemos un Poder Judicial que tiene más un comportamiento político que un análisis fundamentalmente jurídico y una valoración jurídica, porque lo que podemos apreciar el día de hoy es el resultado de una respuesta política de las principales autoridades del Poder Judicial que en vez de administrar justicia vergonzosamente están tomando acciones fundamentalmente políticas”, fustigó.
En un afán por constatar el tenor de sus juicios, Navarro contrastó la decisión, opuesta a la de la Suprema, que vertió en el pasado reciente el Tribunal Constitucional sobre el mismo caso y que ancló la investigación en la jurisdicción de La Paz.
“Son ejemplos concretos o similares de lo que ha sido el Tribunal Constitucional, porque falla de diferente manera sobre el mismo hecho, tomando en cuenta diferentes valoraciones jurídicas y valoraciones políticas diferentes”, manifestó el parlamentario.
“La Corte Suprema tomó una decisión de inclinarse a favor de una jurisdicción que no es que ha sido demandada por el departamento de Santa Cruz, sino que ha sido exigida, presionada por los involucrados desde Santa Cruz, en Santa Cruz”, insistió.
Por último, la activista Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) expresó su repudio a la decisión de la Suprema
“Como Derechos Humanos repudiamos esa decisión y en ese sentido pedimos que los magistrados rectifiquen esta conducta tan pronto como sea posible”, afirmó el presidente de la APDHB, Rolando Villena.
El activista calificó la determinación como “muy preocupante”.
“Es una incongruencia descomunal no interpretar los hechos políticos que se han dando en Santa Cruz, y haciéndose de la vista gorda de todo ello, autorizar para que el juicio sea en Santa Cruz, tomando en cuenta que, precisamente, en esa ciudad hubo vejaciones, humillaciones y todo lo que tiene que ver con terrorismo, sin que haya existido clara y oportuna acción judicial”, afirmó.
Villena afirmó que “no queda otra cosa que esto se rectifique cuanto antes porque, de lo contrario, sólo va ha ser una larga historia más de la impunidad que ya se tiene en Santa Cruz, por la forma cómo operan los jueces”.
*Periodista de Agencia Boliviana de Información