Un nuevo atropello británico en la cuestión de Malvinas
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Gran Bretaña adoptó una nueva Constitución para las Islas Malvinas que promueve algunos mecanismos democráticos para los isleños, aunque mantiene los poderes de Londres para proteger sus intereses. Para Argentina, se trata de “una flagrante violación del mandato que imponen las Naciones Unidas”.
La nueva Carta Magna entrará en vigor el 1º de enero del próximo año y reemplazará a la que rige desde 1985, tres años después de la guerra que disputaron Gran Bretaña y Argentina por la soberanía del archipiélago.
La respuesta de la Casa Rosada no tardó en llegar. A través de un comunicado, el canciller Jorge Taiana dijo que “el Gobierno argentino ha presentado una protesta formal ante el Reino Unido y denunciará ante la comunidad internacional esta violación de la soberanía argentina y del derecho internacional”.
"El único objetivo que, en definitiva, persigue el Reino Unido otorgando y aprobando lo que denomina reformas es perpetuar una anacrónica situación colonial", puntualizó Taiana.
La Cancillería entregó al Encargado de Negocios de la Embajada británica una “enérgica nota de protesta”, en la que se deja establecido que “este acto unilateral británico representa una nueva violación al espíritu de los entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía relativos al área ilegítimamente ocupada por el Reino Unido”.
El nuevo texto constitucional de las islas “fortalece la democracia local, al tiempo que mantiene suficientes poderes para que el gobierno británico proteja los intereses británicos y asegure la buena gobernabilidad global del territorio”, indicó el Foreign Office –la Cancillería británica- mediante un documento.
“Lo que no cambia es el compromiso global del gobierno británico con las Islas como un Territorio de Ultramar. (…) Tampoco cambia el derecho a la autodeterminación”, señaló la viceministra británica de Relaciones Exteriores, Gillain Merron.
El portavoz del gobierno de las islas, Mike Summers, manifestó su agrado ante la nueva Constitución y aseguró que se “establece formalmente el grado de autonomía interna”. “El derecho del pueblo de las Islas Falkland a determinar su futuro político ha sido ejercido libremente a través del proceso democrático”, sostuvo.
Por su parte, el constitucionalista argentino Daniel Sabsay le dijo a la agencia AFP que la nueva Constitución “es más de lo mismo. Es una nueva afirmación del modo en que Gran Bretaña desconoce de manera palmaria la soberanía que le asiste a Argentina, que el país ha reclamado en foros internacionales y que aparece en la Constitución (argentina) reformada en 1994”.
Según el constitucionalista argentino, “Gran Bretaña en ningún momento llegó a poner en duda los derechos soberanos sobre el archipiélago del Atlántico Sur, y se sigue manejando como titular de esos derechos”.