Venezuela, la batalla del arroz: el derecho de comer

Magalí Silveyra

Como lo anunciara el gobierno, elementos de la Guardia Nacional y la fuerza armada comenzaron a tomar control de las arroceras; el sábado por la tarde tocó a la planta Primor, perteneciente al grupo Polar –el mayor tratante de alimentos del país–, ubicada en el estado Guárico. Las instrucciones son de que no se paralice el trabajo durante el fin de semana y que para el lunes dos de marzo opere a toda capacidad. El arroz es el protagonista de la cocina familiar venezolana, en especial en los centros urbanos importantes.

El presidente Hugo Chávez, que prometió –luego de que la ciudadanía mayoritariamente aprobara una reforma constitucional hace pocos días– iniciar la batalla final contra la corrupción en el país, había ordenado intervenir, por la fuerza si necesario, todas las plantas procesadoras de ese vital alimento ante las evidencias de que sabotean la producción y se niegan a aceptar el control que sobre el precio del arroz rige en Venezuela.

"He ordenado la intervención a partir de ahora mismo de todos esos sectores de la agroindustria, intervención del gobierno revolucionario y pido apoyo del pueblo para profundizar la revolución bolivariana", dijo Chávez al país al informar sobre la medida.

El primer mandatario informó que las arroceras podrían estar confabuladas para suspender la producción de arroz, y puntualizó que si intentan paralizar la producción, "serán expropiadas". El precio de venta al público del grano está regulado desde 2003. "No les vamos a permitir que sigan burlándose del pueblo y del gobierno revolucionario", manifestó Chávez.

Una de sus promesas es la que más preocupa a las empresas. Dijo el presidente bolivariano al hablar de la estatización: "Se las expropio, no tengo problema, y les pago con papeles: no crean que les voy a pagar con dinero constante y sonante".

Una de las mayores procesadoras de arroz en Venezuela pertenece a la estadounidense Cargill.

El viernes las autoridades intervinieron una bodega de acopio de Alimentos Polar, en la que, señalaron, estaban almacenadas 18.000 toneladas de arroz. El asunto es que las empresas se niegan a producir la variedad de arroz blanco –a precio regulado– y el 91% de su producción se destina a la variedad de arroz saborizado, que no está sometido al decreto de control de precios.

La cámara que agrupa a las arroceras, por su parte, expresó su "sorpresa por la medida" el mismo sábado en horas de la noche, y señalaron que están produciendo con la materia prima disponible; agregaron además que no habían sido los afiliados a la cámara notificados de la medida de inervención. "Hemos informado a las autoridades competentes que estamos produciendo a la capacidad que permite la materia prima disponible", dijo la Asociación Venezolana de Molinos de Arroz.

Los dirigentes empresariales sostienen que parte de los problemas de desabastecimiento de productos alimenticios se deben al control de precios y de cambio de moneda decretado para contener la inflación. El Gobierno, en cambio, los atribuye al acaparamiento de comerciantes ávidos y sin escrúpulos.

En los hechos el control de precios no consigue impedir que diversos productos básicos experimenten alzas periódicas que erosionan fuertemente el pdoer adquisitivo de los salarios. La inflación en Venezuela es de las más altas de América del Sur. En 2008 fue de 30,9%, pero los alimentos subieron en promedio un 41,3%.