Tras varias semanas de huelgas y marchas de varios sectores sociales contra las políticas neoliberales del presidente José Raúl Mulino, Panamá se encuentra en ebullición, ante una encrucijada de difícil salida provocada por la mayor crisis social que se recuerda en los últimos 30 años, protesta a la que el gobierno respondió con represión: La Policía se ensañó salvajemente con los manifestantes en las calles mientras se diseñaba la persecución judicial contra los dirigentes sindicales.
Esta vez la reforma de las pensiones que abre la puerta a la privatización del sistema ha sido el detonante de unas protestas alimentadas también por el memorándum de entendimiento firmado con el gobierno estadounidense de Donald Trump y la reapertura irregular de una gigantesca mina de cobre.
Uno de los frentes abiertos por el Gobierno es el memorándum de entendimiento firmado en abril entre Panamá y Estados Unidos, un pacto que demuestra, según los movimientos sociales, una subordinación total de Mulino ante Trump.
El acuerdo establece un marco de «cooperación» entre ambos países, mediante el cual Washington se arroga el derecho de utilizar instalaciones militares en Panamá y desplegar sus tropas con fines de «entrenamiento», lo que en realidad significa la reapertura de tres bases militares estadounidenses en territorio panameño.
Al llegar al poder en enero, Trump fanfarroneó con la idea de recuperar la administración del Canal de Panamá (que Estados Unidos cedió a finales de 1999). Mulino declaró en un principio que la soberanía del país estaba por encima de todo, pero pareciera que fueron sólo vanas palabras, ya que Washington insiste en tomar el control del paso interoceánico.
Por la presión de la Casa Blanca, Mulino rompió el acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China, en una nueva demostración de sumisión a los intereses estadounidenses, que reactivó en la población el recuerdo de la sangrienta invasión estadounidense de 1989, que derrocó al general Manuel Antonio Noriega, bajo la acusación de narcotráfico.
El sociólogo e investigador de la Universidad de Panamá, Enoch Adames, sostiene que la protesta social es la última expresión de una crisis sistémica que se remonta a lo que denomina el «régimen post-invasión». «Hay una restauración conservadora mediante la cual la oligarquía logra en estos momentos una importante articulación política y económica. Lo que vemos ahora es una profundización de ese proceso de neoliberalismo agresivo, un modelo político excluyente que reduce la participación ciudadana a un mero acto electoral».
La reforma de las pensiones, el memorándum de entendimiento con Estados Unidos y la reapertura de la mina de cobre se enmarcan en esa estrategia de exclusión de amplios sectores sociales en favor de una élite empresarial «rentista y especulativa». «El memorándum altera la neutralidad del país y es abiertamente anticonstitucional. Mulino no quiso establecer alianzas multilaterales y prefirió plegarse a Trump, es decir, una sumisión hacia fuera y una agresión constante hacia dentro», sostuvo Adames.
Mulino y un abajo que se mueve
Mulino, un abogado empresarial de 65 años que ocupó varios ministerios durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014, condenado en Panamá por corrupción y hoy exiliado en Colombia), llegó al poder en julio de 2024 tras ganar las elecciones por un exiguo 34% de los votos. Con menos de un año de mandato, la popularidad de Mulino se ha desplomado, pero su permanencia en el poder se sustenta en los sólidos apoyos que recibe de las élites empresariales y en la militarización del país para apagar el descontento social.
«La crisis está trancada, en parte por la naturaleza del bloque de poder, económico y político. Si la crisis toca fondo, no hay actividad económica y cae el consumo, la estabilidad del Gobierno podría tambalearse. Pero no hay que olvidar que Mulino tiene una visión maniquea de la realidad. Le mueve la confrontación. Para él, todos aquellos que no le apoyan son comunistas, terroristas o agentes chinos. Estamos inmersos en una etapa de macartismo inaceptable. Es incapaz de tender puentes, sólo pretende radicalizar las políticas neoliberales», señala Adames.
Hay varios sectores sociales implicados en la crisis: obreros, campesinos, docentes, ambientalistas, estudiantes, comunidades indígenas… Juntos conforman la alianza Pueblo Unido por la Vida. La dirigencia sindical confía en que entre todos puedan doblegar al Gobierno: «Hemos planteado un juicio político contra Mulino en la Asamblea Legislativa por traición a la patria. Las acciones de nuestro movimiento van en aumento pese a la represión. Habrá más marchas y más bloqueos. El pueblo ha decidido luchar», señaló el sindicalista Genaro López.
La explosión social que vive Panamá se ha producido en tres tiempos: julio de 2022, en lucha contra el alza de los precios (combustible, comida y medicinas); en octubre–diciembre de 2023, con movilizaciones masivas y paralización económica contra el contrato minero de la empresa First Quantum Minerals; desde abril a junio de 2025, la huelga docente, de la construcción y bananera, así como la movilización de las comunidades campesinas e indígenas contra la reforma del sistema de jubilaciones (ley 462), contra la reapertura de la mina; contra el embalse del río Indio y contra el Memorando que permite el retorno de bases militares norteamericanas al país.
Los tres acontecimientos hacen parte de una cadena unida por el creciente descontento de los mismos actores sociales: obreros de la construcción, trabajadores bananeros, docentes, comunidades rurales, particularmente indígenas (Ngabes-Buglés, Emberá-Wounnan y Gunas) y, transversalmente, jóvenes. Todos comparten la convicción de que se enfrenta a una sociedad profundamente desigual, corrupta e injusta. Además de que han aprendido unos métodos de lucha con los que ponen en jaque al gobierno de turno y a la oligarquía dueña del país.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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