Tras expandir la frontera productiva con la modificación de la Ley de Glaciares, el gobierno del libertario Javier Milei busca “desbloquear” inversiones extranjeras en zonas rurales
Tras conseguir derogar la protección automática que tenían los glaciares en Argentina y expandir la frontera productiva en sus alrededores, el gobierno de Javier Milei va por más. Este martes dos funcionarios clave de su gabinete confirmaron, frente a un auditorio de productores agropecuarios, que buscarán derribar también la ley que establece límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
El argumento oficial es que la modificación “desbloqueará” inversiones en todo el territorio y empujará el desarrollo del país, pero otras voces alertan sobre el posible riesgo de perder posesión soberana sobre recursos naturales estratégicos.
“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería“, aseguró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “En su estado actual es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”, dijo, y estimó que el capital que ingresaría si se concretara la derogación parcial de la ley sería de alrededor de 15.000 millones de dólares.
Actualmente, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, de acuerdo con un informe del Observatorio de Tierras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas, el equivalente a la extensión de Inglaterra. En algunas zonas la propiedad extranjera supera el límite del 15% fijado por la ley, llegando incluso al 50%. “El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos», detalla el estudio, que lleva la firma del historiador Matías Oberlin Molina y la socióloga Julieta Caggiano.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece que las personas y las empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, la más productiva.
Milei intentó derogar esta normativa por DNU apenas comenzó su gobierno, en diciembre de 2023, pero sigue vigente por una cautelar judicial y la resolución final está en manos de la Corte Suprema. Por eso el Gobierno busca ahora abordar el asunto de otro modo y discutir la derogación parcial directamente en el Congreso, en donde ya ha demostrado tener capacidad de imponerse en batallas difíciles como la reforma laboral.
La senadora Patricia Bullrich celebró que con la modificación de Ley de Glaciares “millones de hectáreas de tierras han vuelto a la posibilidad de producir” y señaló que con la derogación de la Ley de Tierras sucederá algo similar. Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Milei hasta diciembre pasado, aseguró que el límite de hectáreas que tienen los actores extranjeros en la zona núcleo ha hecho que bajara el precio de la tierra y adelantó que, como hicieron con la discusión en torno de los glaciares, le “tirarán la pelota” a los gobernadores.
La normativa aprobada en abril pasado deja en manos de las provincias la definición de qué cuerpos de hielo deben protegerse y cuáles no. Bullrich sintetizó: “¿Por qué tiene que haber restricciones a la tierra extranjera? ¿El límite lo pone la Nación pensando en una cosa ideológica o el gobernador, de acuerdo a la necesidad que tiene su provincia?”. Según dijo, solo se mantendrá un límite: el que corresponde a las empresas con capital de estados extranjeros, casos en los que se requerirá la autorización del presidente de la Nación para avanzar.
En cuanto a las nacionalidades de los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses, con más de 2,7 millones de hectáreas, y seguido por Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.
Para los investigadores, la derogación de la ley apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. “En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”, aseguran.
Eb diciembre de 2025 el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el gobierno libertario también tiene intenciones de reformar la ley que protege los bosques nativos y la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe realizar actividades agropecuarias en terrenos que han sufrido un incendio previamente, como una manera de prevenir el desmonte.
Milei logra que el Congreso reforme la Ley de Glaciares
Con protestas en las calles y menciones a los escándalos que acechan al Gobierno, los opositores critican que la normativa deja en manos de las provincias qué cuerpos de hielo deben protegerse y cuáles no.
La modificación de una de las normativas troncales de la legislación ambiental argentina es la primera victoria política del Gobierno de Javier Milei en el último mes, en el que la agenda mediática ha estado dominada por escándalos de corrupción y un creciente malhumor social por la situación económica. Es una victoria aún mayor para las grandes mineras, que intentaron sin éxito impedir la aprobación de la Ley de Glaciares en 2010, pero han conseguido que quede malherida 16 años después.
El inventario de glaciares presentado en 2018 arrojó un total de casi 17.000 cuerpos de hielo que ocupan una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados, un tamaño equivalente a 41 veces la ciudad de Buenos Aires. Los nuevos criterios para definir qué glaciares se mantienen intocables dan acceso a las empresas mineras a áreas de la cordillera de los Andes que hasta ahora les habían estado vedadas. Milei intenta atraerlas, además, con generosos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluidos en el régimen de incentivos para las grandes inversiones.
Rol regulador de los glaciares
La votación se realizó tras una tensa jornada de protestas en las calles. “Venden nuestro futuro”, “El agua vale más que el oro”, podía leerse en las pancartas que advertían contra la entrega a las mineras de las reservas estratégicas de agua dulce que representan los glaciares y de las que dependen ríos, ecosistemas andinos y el abastecimiento de cerca de siete millones de personas.
Los científicos que se han pronunciado contra la reforma de la ley explican que los glaciares tienen un rol regulador: en los años con muchas precipitaciones, la nieve caída hace que los glaciares aumenten sus reservas de agua congelada. Cuando hay sequía, la nieve escasea y los glaciares se achican derritiéndose y entregando más agua a los ríos y los lagos.
Durante el debate parlamentario, los diputados oficialistas consideraron que la reforma es imprescindible para que la minería se desarrolle a la par que en Chile, con quien comparte 5.000 kilómetros de frontera cordillerana y donde generó ingresos por más de 60.000 millones de dólares en exportaciones en 2025, diez veces más que en Argentina.
José Peluc, diputado de la Libertad Avanza, acusó a la oposición de no entender la modificación impulsada por el Gobierno. “Estamos totalmente a favor porque [en la provincia de San Juan] tenemos experiencia minera y de falta de agua”, dijo el legislador.
Los opositores, por el contrario, señalaron que la Ley de Glaciares no fue un obstáculo para que en la última década crecieran las inversiones mineras en Argentina porque conciliaba la defensa del medio ambiente con el desarrollo económico. Advirtieron que la reforma será judicializada y ese proceso generará incertidumbre, el efecto contrario al que busca el Gobierno de Milei.
“Puede haber más de una provincia implicada, entonces ¿quién va a decidir ahí?”, cuestionó el diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Provincias Unidas. “Se abre un escenario de poca previsibilidad. ¿Quién va a venir a invertir si esta ley está cuestionada desde el punto de vista de su constitucionalidad?“, agregó el peronista Agustín Rossi.
Apuntaron, además, que se trata de una propuesta que va a contracorriente de un planeta preocupado por el cambio climático y por el rápido retroceso de los glaciares debido al aumento de la temperatura. “Cuesta entender esta iniciativa en este momento de la historia, cuando las organizaciones internacionales alertan de la escasez en un futuro cercano de este recurso fundamental, el agua, y hablan de la bancarrota hídrica en el mundo”, dijo la diputada Natalia de la Sota, de Provincias Unidas.
Mar Centenera
13 millones de hectáreas en manos extranjeras
Argentina es el octavo país del mundo en superficie y su vasto territorio es rico en codiciados recursos naturales. Desde 2011, la Ley de Tierras regula la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros, impone restricciones en zonas sensibles y establece un máximo del 15% por provincia. La motosierra de Javier Milei apunta ahora hacia esta normativa por verla como un obstáculo para la inversión foránea.
Al día de hoy, 13 millones de hectáreas de este país sudamericano, equivalentes a un cuarto de España o a toda Grecia, pertenecen a extranjeros. En Argentina, esa superficie representa el 5% del total, pero la publicación de un mapa interactivo sobre las tierras en propiedad de extranjeros muestra que en algunos distritos la cifra supera el 50%, en especial en regiones cercanas a la cordillera de los Andes, la frontera natural con Chile.
Detrás del mapa están el historiador Matias Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano, becarios del Conicet e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Oberlin cuenta que lo hicieron a partir de datos obtenidos en agosto con un pedido de acceso a la información pública con la intención de conocer la situación actual, supervisar cambios futuros y alentar nuevas investigaciones vinculadas al acceso a la tierra.
Aunque ninguna provincia excede el 15% de extranjerización de la tierra previsto por ley, sí se observa que en el interior de algunas de ellas la realidad es otra. Advierte que la reforma de la Ley de Tierras que impulsa Milei puede acelerar la extranjerización de lugares estratégicos y aumentar la conflictividad social.
“Los puntos pintados de rojo son localidades con bienes escasos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierras raras y lugares con conflictos sociales, como Cushamen”, dice Oberlin. Cushamen es el departamento de la Patagonia al que pertenece El Hoyo, epicentro de los incendios que han arrasado más de 13.000 hectáreas de bosques, plantaciones y viviendas este enero. El 23% de las tierras de Cushamen están en manos de extranjeros, entre ellos Benetton. El grupo italiano es uno de los dueños de la Patagonia argentina, con casi 900.000 hectáreas.
Oberlin destaca que otro punto llamativo es el departamento de Malargüe, en la provincia de Mendoza. Allí, el porcentaje de tierras en manos de extranjeros es del 15%, pero el interés se ha disparado desde que la legislatura aprobó en diciembre el primer proyecto minero de la provincia y varias de las inversiones que están bajo análisis corresponden a proyectos en este departamento. Es de esperar que la atracción de esas tierras se disparará todavía más si Milei reforma además la Ley de Glaciares, que protege estas reservas estratégicas de agua dulce que abastecen de forma directa a siete millones de personas.
Un último dato llamativo tiene que ver con la extranjerización de tierras cercanas a las fronteras del norte de Argentina, en especial con la de Paraguay. “Si tenés tierras, podés cruzar productos sin control estatal, habría que investigarlo”, lanza este historiador como hipótesis.
El Registro nacional de tierras rurales no detalla a quién corresponden las tierras compradas por extranjeros, pero sí las agrupa por nacionalidad. Estados Unidos es el país con más hectáreas en Argentina, con un total de 2,7 millones. España ocupa el tercer lugar, detrás de Italia, con 1,7 millones de hectáreas, repartidas en gran parte en cinco provincias: Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén y Corrientes.
El Gobierno de Milei intentó cambiar la Ley 26.737 al inicio de su gestión por decreto, pero la Justicia lo frenó. En diciembre, volvió a incluir la reforma de la Ley de Tierras en el paquete legislativo que impulsa para este 2026. Según el Gobierno, las limitaciones actuales “desalientan la inversión en el sector”. Ambientalistas y críticos advierten, en cambio, que, sin esa normativa, tierras que albergan valiosas reservas de agua dulce y minerales podrían subastarse al mejor postor.
* Publicado por El País de España
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