Durante el consejo de ministros que adelantó en Cartagena, el presidente Gustavo Petro firmó la solicitud para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, un camino que él ha impulsado ante las negativas que les han dado a algunas de sus iniciativas en el Congreso y los altos tribunales. Sus funcionarios hicieron lo propio con el objetivo de que se avance en la agenda reformista.
El comité ciudadano que se formó para reunir las firmas avanza en las calles desde enero, cuando la Registraduría Nacional le dio luz verde a la agrupación, que tiene seis meses para reunir los millones de apoyos requeridos y así radicar el proyecto ante el Congreso.
A menos de dos semanas de la primera cita en las urnas del año, el presidente Gustavo Petro insiste en que algo no está bien con las elecciones. Aunque él resultó elegido jefe de Estado con 11 millones de votos bajo el mismo sistema electoral, y ya varias entidades han desestimado sus preocupaciones, Petro no pausa los señalamientos contra la Registraduría Nacional, la cabeza encargada, Hernán Penagos, y los operadores contratados.
Petro volvió a su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente o, como él lo llama, al “poder constituyente”, después de que, este martes, el Tribunal Superior de Bogotá absolviera al expresidente Álvaro Uribe de todos los cargos en su contra, entre ellos el de genocidio. Ese día, Petro criticó la sentencia y llamó a la ciudadanía a las calles para “comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha publicado este jueves un video en el que habla del proyecto de ley para volver realidad el deseo del presidente de reformar la Constitución de 1991. “Daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI. Algunas del 91 se volvieron obsoletas. Otras son utilizadas por sectores profundamente retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar”, dijo el abogado. En la grabación no específica cómo se llevará a cabo el proceso, pero un documento enviado a los medios sí lo hace.
Para él, el mayor “desafío” de Colombia en este siglo es “derrotar el bloqueo institucional”, como ha insistido el gobierno de Petro en su discurso, y “vencer la toma del país por sectores que quieren devolver la rueda imparable de la historia”. Por eso, el articulado busca “iniciar las bases para que el pueblo empiece a deliberar sobre su futuro”.
La mención a la constituyente generó un ruido mayor luego de que Presidencia publicara un documento titulado ABC proyecto constituyente para explicar qué temas buscaría concretar. El texto dejaba claro que la reelección presidencial —un fantasma que ha rondado al mandatario por cuenta de las ideas de varios congresistas oficialistas— no estaría dentro de los puntos a tratar.
El proceso electoral se ‘echó a andar’ desde hace un buen tiempo, pues el mismo registrador, Hernán Penagos, aseguró que buscaba blindar al máximo la jornada. Lanzó el proceso de contratación de la logística con mayor tiempo del usual y pidió el acompañamiento y veeduría de cuanto organismo internacional se pudiera.
Hasta hace pocas semanas el presidente Petro se había mantenido al margen. Pero, repentinamente sus dudas estallaron y con ellas la preocupación de varios sectores por el impacto que pueden provocar sus ‘dardos’ al organismo electoral y a los resultados del próximo 8 de marzo, cuando no solo se elegirá a un nuevo congreso, sino a tres candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas.
Las críticas empezaron por las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), un ente que viene siendo muy cuestionado, y desde diferentes orillas políticas, al estar conformado por magistrados que militan en partidos y que en varias ocasiones llegan al ente tras ‘quemarse’ en las elecciones al Congreso y no alcanzar una curul. El CNE demoró decisiones clave y que abrieron todo un escenario de dudas jurídicas en torno al Pacto Histórico y sus candidatos. Así lo dijeron expertos jurídicos y la misma Misión de Observación Electoral (CNE), que calificó la gestión de la Sala Plena como algo sin antecedentes.
Las dudas se desviaron y le cayeron encima a la Registraduría por otros asuntos: el diligenciamiento del formato E-14 que el presidente buscó cambiar y sus dudas sobre el software de escrutinio, sobre el cual está pidiendo la divulgación total del código fuente. Aunque en todas las elecciones se ha hecho de la misma manera, el presidente Petro pidió que para esta oportunidad no se dejaran casillas en blanco en los formularios E-14 para evitar el fraude. Le hizo ese llamado a los jurados de votación, aunque la directriz fuera en contra de lo que explica la Registraduría.
Y aunque el presidente tenga temores, los controles implementados por la Registraduría advierten cualquier alteración a los formularios, que son diligenciados por jurados de votación, es decir, por la misma ciudadanía. En cada mesa, además, hay testigos electorales en representación de los partidos que vigilan el correcto diligenciamiento.
En todas las capacitaciones se advierte que, como la establece la Ley 1475 de 2011, los jurados de votación deben permitir que los testigos electorales y ellos mismos tomen fotos de todos los formularios E-14 antes de desprenderlos. Esto garantiza que las organizaciones políticas tengan de primera mano la información contenida en las actas de mesa E-14. Adicionalmente, la Registraduría va a digitalizar y publicar las imágenes.
Luego de todas las explicaciones técnicas, el presidente Petro cambió de preocupación y dijo que el riesgo realmente está en el código fuente del software de escrutinio de votos. Por ello, pidió que el registrador Hernán Penagos entre la totalidad de los códigos con los que fue programado el software. En respuesta a las nuevas dudas, la Registraduría anunció que el software contará con auditoría internacional por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), una institución que brinda asesoría técnica en elecciones.
La constituyente propuesta estaría integrada por 71 delegatarios, sería paritaria y con espacio para varios sectores concretos de la sociedad, como los campesinos, la población LGBTIQ+ o los indígenas. De hecho, solo 44 de los delegatarios representarían a la sociedad en general, y los restantes 27 serían delegados de esos grupos poblacionales. Antes de la firma presidencial, los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y del Interior, Armando Benedetti, publicaron en sus redes sociales algunos de los formularios con sus firmas e invitaron a sus simpatizantes a sumarse.
«Se activa una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos», dijo el ministro Sanguino.
La propuesta, al contar con el respaldo de la Casa de Nariño, ha sido cuestionada por varios sectores, pues le da vía libre a figuras del progresismo e incluso a funcionarios de estar reuniendo firmas y haciendo una campaña en las calles que podría beneficiar electoralmente a los candidatos de la izquierda para las elecciones de marzo y mayo.
Además, la oposición ha señalado que las negativas que se le han dado al mandatario son producto de la autonomía y separación de poderes. El Ejecutivo insiste en que se ha dejado de lado lo técnico para priorizarse lo político y la oposición cuestiona al petrismo por no buscar consensos.
El presidente Petro ha expuesto que con la Constituyente podrían sacarse adelante iniciativas como la reforma a la salud, que se hundió por segunda vez en el Legislativo, pero puede revivir vía apelación. También esperaría reformar algunos entes.
Señaló que ese borrador “será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas” y dejó claro que el texto final se presentará al Congreso, “como ordena la constitución y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”. La propuesta está para la discusión y que la idea es que llegue avalada por firmas, un camino válido para radicar en el Legislativo cualquier proyecto de ley.
El llamado que hizo el Gobierno en 2024 se reducía solo a la modificación de seis puntos que tenían que ver con la reforma judicial, el reordenamiento territorial o la implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016, pero la intención de la actual convocatoria es permitir la reforma de cualquier punto de la Constitución, e incluso de ella por completo.
Para los analistas de la prensa conservadora, en este momento, como está el ánimo del país, la propuesta no sería políticamente viable. Petro necesitaría la mayoría en el Congreso, pero la mayoría de las bancadas han cuestionado el proceso. Además, la convocatoria tendría un reto mayúsculo: lograr que más de 13 millones de colombianos acudan a las urnas y que voten positivamente la propuesta.
A Petro le restan 10 meses hasta el final de su mandato y el trámite hasta llegar al Congreso no tomaría menos de un año en el mejor de los casos, señalan los analistas de los medios tradicionales, adversos a la propuesta. Pero el proceso se podría iniciar y quedar en manos del presidente que se elegirá entre mayo y junio.
Arremeten contra Iván Cepeda
Iván Cepeda, convertido en candidato presidencial del oficialismo progresista, tras obtener la mayoría de votos en la pasada consulta del Pacto Histórico celebrada en el mes de octubre, ha denunciado una campaña publicitaria en su contra consistente en la difusión de información errónea y mal intencionada. De 62 años, Cepeda figura como uno de los principales candidatos a disputar la Presidencia de acuerdo con los diferentes sondeos en las que el derechista Abelardo de la Espriella aparece como su principal contrincante.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Iván Cepeda denunció actos de persecución política emprendidos por el uribismo durante la campaña electoral. Aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su entorno buscan relacionarlo falsamente con la extinta guerrilla de las FARC y con el narcotráfico, información difundida a través de medios de comunicación empleando vallas publicitarias y circuitos de redes sociales, entre diferentes mecanismos.
Aseguró que personas relacionadas con el uribismo en oficinas federales de los Estados Unidos intentar presionar investigaciones en su contra, las cuales no solo buscan sacarlo de la contienda electoral, sino de enredarlo en procesos judiciales. Iván Cepeda pidió a la CIDH realizar monitoreo especial sobre esta denuncia para que se puedan tomar medidas que garanticen su vida e integridad y también su libre participación en la contienda política.
Iván Cepeda fue el ganador de la consulta del Pacto Histórico y aspiraba a participar también en la consulta Frente por la Vida, con la cual todos los movimientos progresistas y de izquierda elegirían a su representante en las elecciones presidenciales. Pero el Consejo Nacional Electoral determinó que no podría participar en la consulta del Frente por la Vida, lo que motivó una apelación contra la decisión, una violación a los derechos del Pacto Histórico y de ciudadanos seguidores de la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.
Como respuesta a la decisión del Consejo Nacional electoral frente a Iván Cepeda, el Pacto Histórico y otras agrupaciones de izquierda no participarán de la consulta Frente por la Vida a realizarse el próximo 8 de marzo.
*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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