Han pasado más de tres semanas de la elección presidencial del 12 de abril y no hay un resultado oficial que confirme quiénes pasan a segunda vuelta. En cualquier otro país sería un escándalo.
En los años noventa del siglo pasado se popularizó en Estados Unidos el uso político y académico del término “Estado fallido”. El concepto se suele utilizar para describir países donde el gobierno central ha colapsado, la corrupción se vuelve estructural, no puede brindar los servicios esenciales ni controlar todo el territorio.
Después del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono en 2001, el concepto de “Estado fallido” adquirió un peso central en la política exterior de Estados Unidos, al plantear que las crisis
internas de un país podían convertirse en amenazas globales. Aunque intervenciones anteriores (como Somalia en 1992) se habían justificado principalmente por razones humanitarias, posteriormente fueron leídas dentro de esta lógica: se intervino porque era un “Estado fallido”.
Hay que señalar que la calificación no es una exquisitez académica, es parte de una mirada geopolítica instalada en la Casa Blanca que busca justificar intervenciones en otros países. Aunque la situación en Venezuela está muy lejos de parecerse a un país desintegrado como Somalia en 1991-92, Mike Pence (vicepresidente durante el primer mandato de Trump) afirmó en 2017 que Venezuela era un “Estado fallido” que amenazaba la seguridad y la prosperidad del hemisferio. Esto es, usó ese concepto para justificar sanciones y el aislamiento de Venezuela.
Hete aquí que en Washington nadie califica como “Estado fallido” a Perú a pesar de sus escándalos políticos e institucionales, los altos niveles de corrupción y sus cuestionados procesos electorales. Cabe preguntarse si un país que no puede finalizar un conteo electoral después de casi un mes –como sucede ahora- no puede ser calificado de “Estado fallido”.
Perú ya tiene el récord latinoamericano de demora en dar un resultado oficial superando a Honduras, que, en 2025, tardó 24 días en proclamar un vencedor. Por otra parte, en las dos últimas elecciones presidenciales (2021 y 2026) ningún candidato superó el 20 % de los votos, ostentando el récord regional de menor votación para una candidatura en una primera vuelta; una clara muestra de la descomposición política.
Además, casi el 20 % del padrón electoral no fue a votar, y los votos nulos y blancos sumados dan una cifra similar al 17 % obtenido por Keiko Fujimori. Si no hay cambios de último momento ella tendrá que competir en segunda vuelta con Roberto Sánchez que obtuvo un 12 %. Como si esto fuera poco, para sumar irregularidades, el tercero en discordia -Lopez Aliaga- no reconoce el resultado y denuncia fraude.
Los últimos treinta años son muy reveladores sobre la política del Perú. En primer lugar, hay que recordar que Fujimori fue electo en el año 1990 y que en 1992 realizó un autogolpe cerrando el Congreso. En el proceso electoral del año 2000 perdió cuando buscaba su reelección. Ante las numerosas denuncias de fraude y las marchas de protestas, huyó del país para refugiarse en Japón.
Los seis presidentes electos desde 1990 tienen (o tuvieron), en distintos grados, procesos judiciales y/o prisión:
- Alberto Fujimori (1990): condenado y preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
- Alejandro Toledo (2001): condenado y en prisión por sobornos.
- Alan García (2006): investigado por corrupción se suicidó en 2019 cuando iban a detenerlo.
- Ollanta Humala (2011): condenado por lavado de activos y en prisión efectiva.
- Pedro Pablo Kuczynski (2016): procesado por corrupción y en arresto domiciliario.
- Pedro Castillo (2021): detenido con prisión preventiva por intento de ruptura del orden institucional.
Toledo, Humala y Castillo están presos en la misma cárcel, donde también está Martín Vizcarra, ex vicepresidente de Kuczynski (en prisión domiciliaria). En síntesis: los seis presidentes elegidos por voto popular desde 1990 terminaron con procesos judiciales, aunque con desenlaces distintos (condenas, cárcel, procesos o suicidio).
Además, hubo varias sucesiones presidenciales derivadas de crisis políticas, renuncias y destituciones. En este contexto no es casual que la política esté tan desprestigiada.
Existe una tendencia en los grandes medios de comunicación de elogiar la “estabilidad macroeconómica” del país, producto, entre otros motivos, del auge de la explotación minera. En la actualidad Perú está entre los primeros cinco exportadores mundiales de cobre, zinc, plata, plomo, estaño y molibdeno.
Sin embargo, es un claro ejemplo de la falsedad de la famosa teoría del “derrame” ya que la extraordinaria riqueza no se socializa: casi el 60 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.
Desde el autogolpe de Fujimori en 1992 el país atraviesa una crisis de representación y de gobernabilidad. Esto es producto de la alta rotación presidencial, la judicialización de la política, el descrédito y la atomización de los partidos políticos. Esto quedó muy claro en el reciente proceso electoral con la presentación de 35 candidaturas presidenciales.
Perú es el “modelo” de los neoliberales: las multinacionales hacen grandes negocios gracias a la corrupción estructural de gran parte de los dirigentes políticos, que son intercambiables y garantizan la continuidad del modelo. Y si alguno se atreve a cuestionarlo, como lo hizo Pedro Castillo, lo destituyen. Por eso no suele aplicarse a Perú la etiqueta de “Estado fallido”, como sí se hace con Venezuela. Pese a su extrema crisis política, queda fuera de esa categoría, lo que revela el carácter selectivo y político del concepto difundido desde Estados Unidos.
El concepto de “Estado fallido” es cuestionable. Pero de algo podemos estar seguros: si no lo usan para descalificar un país es porque responde a sus intereses.
*Sociólogo y periodista argentino
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