A tres días del secuestro y la incomunicación de diez integrantes de la misión humanitaria internacional del convoy terrestre Global Sumud Maghreb, crece la preocupación internacional por la ausencia de información oficial, concreta y verificable sobre su paradero, su situación y su integridad física. Los activistas fueron retenidos por fuerzas de Libia del Este tras atravesar el puesto de control militar 5+5, en las inmediaciones de Sirte, mientras se dirigían hacia Gaza con ayuda humanitaria.

La misión humanitaria intentaba llegar a Gaza por vía marítima. Aquel operativo generó repudio internacional luego de la difusión de videos públicos que mostraron el maltrato y hostigamiento ejercido por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, contra integrantes de la misión humanitaria interceptada.
La cuenta oficial de Global Sumud informó públicamente: “La Caravana Terrestre está sufriendo un ataque en este momento. Hombres y mujeres están siendo atacados violentamente y obligados a abandonar el lugar. Aunque no está claro quién está detrás de los ataques, estamos recibiendo informes de que están siendo llevados a cabo por fuerzas de seguridad asociadas con las autoridades del oeste de Libia”.
La misión está integrada por más de 200 participantes de 25 países, entre médicos, periodistas, ingenieros, psicólogas, veterinarios, trabajadores humanitarios, parlamentarios, académicos y voluntarios civiles, además de ambulancias, vehículos logísticos y asistencia especializada destinada a la población palestina. El objetivo es llegar hasta el paso fronterizo de Rafah para exigir el ingreso seguro de ayuda humanitaria y denunciar el bloqueo impuesto sobre Gaza, en un contexto de devastación extrema, hambruna inducida y colapso sanitario.
El secuestro de la flotilla humanitaria, que transportaba ayuda hacia Gaza, estuvo marcado por detenciones ilegales. Entre las personas secuestradas se encuentran los ciudadanos argentinos Paula Giménez, psicóloga, y Lucas Aguilera, médico veterinario, ambos directores de investigación de Noticias de América Latina y el Caribe (Noda) y analistas del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), quienes integraban esta misión humanitaria internacional como parte del equipo médico de asistencia y acompañamiento del convoy.
La lista difundida por la organización incluye representantes de múltiples países: además de Giménez y Aguilera de Argentina, figuran Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos).
En comunicados previos, la organización advirtió que impedir el avance del convoy equivale a obstaculizar una misión humanitaria internacional en medio de una catástrofe sin precedentes. El reclamo se sustenta en resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Cuarta Convención de Ginebra y el derecho internacional humanitario, marcos que establecen la obligación de garantizar el acceso de ayuda humanitaria a la población civil.
La organización remarcó además que se trata de una misión independiente, estrictamente civil y abierta a monitoreo de organismos internacionales y organizaciones humanitarias neutrales.
Global Sumud Maghreb

El convoy terrestre Global Sumud Maghreb forma parte de una iniciativa humanitaria internacional que busca llegar hasta Rafah para exigir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el genocidio sobre el pueblo palestino. La misión está integrada por más de 300 participantes de 25 países, entre médicos, periodistas, ingenieros, psicólogas, veterinarios, trabajadores humanitarios, parlamentarios, académicos y voluntarios civiles. El convoy transporta ambulancias, asistencia médica, insumos logísticos y ayuda destinada a la población palestina.
Según la organización, una delegación del convoy se acercó al puesto de control militar de la ciudad de Sirte para intentar negociar el paso de la caravana con las autoridades del este de Libia, controladas por el mariscal Jalifa Haftar. A partir de entonces, se perdió completamente la comunicación con ese grupo, sin información oficial sobre su situación ni paradero.
Los integrantes de la misión, que salió el pasado 8 de mayo de Argelia y atravesó Túnez y el oeste de Libia, atribuyeron en sus redes sociales la desaparición de sus compañeros —originarios de Argentina, España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez— a una posible detención por parte de las autoridades de Bengasi.

La situación ocurre pocos días después de la interceptación de la Flotilla Global Sumud por parte de fuerzas israelíes en aguas internacionales del Mediterráneo, cuando otra misión humanitaria intentaba llegar a Gaza por vía marítima. Aquel operativo generó un fuerte repudio internacional luego de la difusión de imágenes y denuncias sobre detenciones ilegales, agresiones físicas y tratos degradantes contra activistas internacionales que participaban de la misión humanitaria.
Ese antecedente incrementa la preocupación por la seguridad de quienes hoy permanecen retenidos e incomunicados en territorio libio. La misión es civil, pacífica y humanitaria, y obstaculizar su avance o retener a sus integrantes puede constituir una grave vulneración del derecho internacional humanitario. El reclamo se sustenta en principios establecidos por la Cuarta Convención de Ginebra, resoluciones internacionales y normas que obligan a garantizar el acceso de ayuda humanitaria a poblaciones civiles en contextos de emergencia.
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