Estados Unidos más allá de Karel Kapek: muerte por robot
Un debate acerca de los ataques teledirigidos (drone strikes), miserable eufemismo para una forma extremadamente efectiva y sofisticada de asesinato a distancia, casi anónimo, promovido por el gobierno del Estado, parece estar emergiendo finalmente en los Estados Unidos. Ya era hora. | MAX J. CASTRO.*
Una práctica que sería cuando menos mal vista en este país al ser aplicada por la policía secreta búlgara o el régimen de Pinochet, se ha vuelto lugar común en la ilimitada “guerra al terrorismo” del gobierno norteamericano.
Iniciada por la administración Bush —y característica de su desprecio por los procedimientos legítimos según la ley internacional— los asesinatos mediante aviones no tripulados han aumentado de manera dramática durante la presidencia de Barack Obama, el abogado constitucional del cual esperábamos algo mejor.
Informes independientes indican que hasta el momento, se han llevado a cabo de 200 a 900 de esos ataques mortales.
Pensábamos que ya habíamos acabado para siempre con estas prácticas cuando en la década de 1971/80, ante las audiencias que revelaron el papel de los Estados Unidos en múltiples intentos de asesinato contra líderes extranjeros (Lumumba, Castro y Trujillo, entre otros), el Congreso aprobara una legislación que las declaró ilegales.
Pero el 9/11 [atentados terroristas no aclarados en su totalidad] introdujo un “nuevo mundo feliz” en el cual Estados Unidos se sintió autorizado para desatender —o incluso burlar— instituciones y acuerdos que habían sido construidos tras muchos años de esfuerzos con el fin de evitar sangrientas confrontaciones como las que, durante siglos, arruinaron Europa (culminando en la agresión nazi contra sus vecinos al Este y al Oeste así como una guerra unilateral no solo contra los judíos sino también contra muchos otros grupos que los nazis consideraban indeseables) o al menos sentar leyes que minimizaran la brutalidad de la guerra.
Guiados por el procurador general Alberto González, los monigotes legales de Bush declararon que las disposiciones de la Convención de Ginebra —un logro fundamental de la civilización occidental, diseñado para detener las atrocidades de guerra— eran estrafalarias y ya obsoletas. 
Dicha administración desarrolló un nuevo lenguaje para redefinir viejas y desacreditadas prácticas, ilegales según las leyes estadounidenses e internacionales, incluyendo guerras de agresión (ver el juicio de Nüremberg) que se convirtieron en guerras preventivas o preconcebidas, tortura («técnicas aventajadas de interrogatorio») y asesinatos de Estado.
El “alza” en los ataques con “drones” bajo el gobierno de Obama, ha sido no sólo una decepción para muchos de sus partidarios más fieles. También ha despertado cuestionamientos de orden humanitario, moral, constitucional y estratégico.
Estos ataques no solo matan a terroristas comprometidos; asesinan también a un número desconocido de amigos y familiares de los combatientes, incluyendo esposas e hijos, otras personas inocentes y, ocasionalmente, incluso aliados de los Estados Unidos atacados «por error».
¿Qué principio moral le da al gobierno el derecho de acabar de modo repentino y sumario con las vidas de personas inocentes que no representan amenaza alguna para los habitantes de Estados Unidos?
Que los ataques hayan matado a ciudadanos estadounidenses incita a preguntarnos si la Constitución permite que ejecuciones tales se lleven a cabo sin el beneficio de un juicio, defensa, apelación y otros garantes de las libertades civiles. Una condena a muerte ejecutada robóticamente puede no solo “neutralizar” al objetivo sino también provocar víctimas no deseadas.
El ataque teledirigido que mató a Anwar al-Awlaki, un ciudadano norteamericano de origen yemenita, supuestamente asociado con los que perpetraron al menos dos ataques de alto nivel contra estadounidnses (uno de ellos frustrado), mató también a su hijo de 16 años, ciudadano él también.
Lo que hace este panorama aun más aterrador es el hecho de que, prácticamente, todo lo relacionado con el programa de los “drones” asesinos, incluyendo cómo se eligen los objetivos, es secreto. Lo que queda claro es que el proceso no incluye ningún tipo de supervisión legal y está basado en datos de inteligencia que, tal como se ha visto en años recientes, pueden estar trágicamente equivocados.
Recientes informes noticiosos indican que la administración Obama está considerando últimamente crear un tribunal secreto, según el modelo del tribunal FISA,[1] que podría aprobar la supervisión a los servicios secretos. 
Ello sería un paso en la dirección correcta, aunque pequeño dada la aparente laxitud con la que se han tomado, hasta la fecha, tales decisiones cruciales.
Una broma macabra que recorre los círculos gubernamentales es que para la CIA tres tipos jugando a la pelota es un campo de entrenamiento terrorista. Lo problemático del caso es que, en la práctica, el FISA ha funcionado de modo permisivo, al aprobar la mayoría de las solicitudes gubernamentales de recopilación de inteligencia.
Pero el problema fundamental es la existencia misma del programa y su ominoso crecimiento. El asesinato de Estado encarna la miseria moral de la pena capital elevada a la n potencia. Las ejecuciones extrajudiciales pertenecen al dominio de dictaduras como las juntas chilenas y argentinas de los setentas, no al de las democracias constitucionales. Y mientras en los Estados Unidos la pena capital es ejecutada solo tras un proceso legal que puede durar décadas, los asesinatos con “drones” no implican proceso legal alguno y las decisiones suelen ser tomadas rápidamente, aumentando así el riesgo del error.
Hay también un aspecto orwelliano en el programa de “drones” con sus listas de víctimas y sus masacres de control remoto. 
Por lo tanto, no solo hay una enorme asimetría sino un matiz indecoroso en un tipo de guerra en la cual una parte arriesga constantemente la vida, mientras la otra no debe enfrentar ningún peligro en sus oficinas con aire acondicionado, a miles de millas de los hechos.
Estas condiciones también reducen considerablemente los límites a la decisión de involucrarse en un conflicto armado. Al menos desde Vietnam, la perspectiva de bajas norteamericanas y de consecuencias políticas ha sido el mayor obstáculo para aquellos presidentes que, por otra parte, estaban ansiosos por involucrarse en guerras selectivas. Eso puede cambiar si para los que poseen el genio tecnológico la guerra se llega a parecer cada vez más a un simple y violento vídeo-juego.
Incluso la efectividad de los “drones” y de otros programas de asesinato es problemática. El notorio programa Phoenix de asesinatos, llevado a cabo por la CIA en Vietnam, logró matar muchos vietnamitas, pero no impidió que los Estados Unidos perdieran la guerra. Hoy, en el caso de países como Afganistán, Pakistán y Yemen, las muertes por “drones” podrían estar generando más terroristas de los que elimina.
A la acusación oficial contra este método, habría que añadir que es contraproducente.
Tal vez el aspecto más perturbador en el alza de los “drones” de Obama, es lo que Frank Rich ha llamado en la revista New York, la “tranquila aceptación de la mayoría de los estadounidenses, demócratas incluidos, ante el compromiso de la administración Obama con la guerra de los drones.
El trauma de 9/11 ha causado al parecer un cambio duradero en la consciencia moral del país, reduciendo su nivel de tolerancia hacia las acciones ilegales o inmorales del gobierno. Es una mentalidad que la rufianesca administración Bush se mostró más que dispuesta a explotar y de la cual ahora Obama, para preocupación y decepción nuestras, también ha decidido aprovecharse.
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1] Foreign Intelligence Surveillance Act; ley de 1978 que ampara el espionaje en el extranjero.
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* Periodista.
En Progreso Semanal (http://progreso-semanal.com).