Mar 20 2012
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Sociedad

Argentina: la Corte Suprema y el aborto

En un fallo un√°nime, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Rep√ļblica Argentina se pronunci√≥ sobre el art√≠culo 86 del C√≥digo Penal, sancionado en 1921, por el que se considera no punible la interrupci√≥n del embarazo resultante de una violaci√≥n Sostiene la Corte que podr√° practicarse un aborto sin necesidad de autorizaci√≥n judicial previa. | SIN PERMISO.*

 

La Corte exhort√≥ asimismo a implementar protocolos en los hospitales p√ļblicos. El fallo tiende a poner¬† fin a los obst√°culos (judiciales, de algunos m√©dicos y de la clerigalla) que deb√≠an sortear las v√≠ctimas para acceder a lo que la ley autoriza.

 

Comunicado del Centro de Información Judicial

 

En el caso ‚ÄúA. F. s/medida autosatisfactiva‚ÄĚ, la Corte Suprema, por unanimidad confirm√≥ la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizara la realizaci√≥n de la pr√°ctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 a√Īos de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. De esta manera, rechaz√≥ el recurso extraordinario que, en representaci√≥n del nasciturus, interpusiera el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut.

 

La Corte aclar√≥ que, no obstante que el aborto ya se hab√≠a realizado, se configuraba uno de los supuestos de excepci√≥n que, seg√ļn su jurisprudencia, la autoriza a pronunciarse. Esto teniendo en cuenta: a) que el tiempo que implica el tr√°mite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural, b) que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de gu√≠a para la soluci√≥n de futuros casos an√°logos y c) estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

 

El voto mayoritario, firmando por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni sentó tres reglas claras.

 

La primera: que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad.
De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del art√≠culo 86, inciso 2¬ļ, del C√≥digo Penal, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que √©ste s√≥lo se aplica respecto de la v√≠ctima de una violaci√≥n que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuesti√≥n se judicializara a lo largo del pa√≠s con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realizaci√≥n del aborto o a la salud de la madre.

 

La segunda: que los m√©dicos en ning√ļn caso deben requerir autorizaci√≥n judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaraci√≥n jurada de la v√≠ctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violaci√≥n.

 

La tercera: que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

 

Entre otros aspectos, en la decisi√≥n, se tuvieron en cuenta la posici√≥n de la Organizaci√≥n Mundial de la Salud en la materia y distintos pronunciamientos del Comit√© de Derechos Humanos y del Comit√© de los Derechos del Ni√Īo, ambos de Naciones Unidas que marcaron la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro pa√≠s y la eliminaci√≥n de las barreras institucionales y judiciales que han impedido a las v√≠ctimas de una violaci√≥n acceder a un derecho reconocido por la ley.

 

Finalmente, con el objeto de hacer efectivo lo decidido y asegurar los derechos de las víctimas de violencia sexual, los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni exhortaron a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio.

 

Asimismo, atendiendo a la gravedad y trascendencia social que reviste la tem√°tica abordada en el caso, los mencionados jueces se√Īalaron la necesidad de que tanto en el √°mbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las v√≠ctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad f√≠sica, ps√≠quica, sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del caso. Tambi√©n sostuvieron que se consideraba indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campa√Īas de informaci√≥n p√ļblica, con especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que asisten a las v√≠ctimas de violaci√≥n y que se capacite, en este sentido, a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra √≠ndole para que brinden a toda v√≠ctima de violencia sexual la orientaci√≥n del caso.

 

Por su parte, el juez Petracchi entendió que el recurrente no había justificado debidamente por qué sólo debía permitirse que se practicara esta clase de abortos a las víctimas de una violación que presentaban deficiencias psíquicas ya que, lo fundamental, era que, en este caso, la joven A.G. también había sido víctima de un ataque a su integridad sexual y consideró que éste tampoco había demostrado que fuera inconstitucional la solución adoptada por el legislador frente al conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien resultó embarazada como consecuencia de una violación. En consecuencia, resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto por el Asesor.

 

La jueza Argibay tambi√©n sostuvo que el recurrente no hab√≠a demostrado por qu√© era v√°lido restringir el acceso al aborto no punible s√≥lo a las v√≠ctimas de violaci√≥n que presentaban deficiencias ps√≠quicas ya que, lo fundamental, era que, en este caso, la joven A.G. tambi√©n hab√≠a sido v√≠ctima de un ataque a su integridad sexual. Adem√°s, consider√≥ que no se hab√≠a demostrado que fuera inconstitucional la soluci√≥n adoptada por el legislador frente a este conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien result√≥ embarazada como consecuencia de una violaci√≥n. Por √ļltimo, estableci√≥ que para el ejercicio del permiso jur√≠dico sentado en la norma no deb√≠a requerirse autorizaci√≥n judicial sino √ļnicamente que los m√©dicos verifiquen que, respecto de quien peticiona el aborto, el embarazo es la consecuencia de una violaci√≥n. En consecuencia, resolvi√≥ rechazar el recurso interpuesto por el Asesor y confirm√≥ la sentencia apelada.

 

En s√≠ntesis, la Corte Suprema tuvo en cuenta que el art√≠culo 86 inciso 2¬ļ del C√≥digo Penal establece que: ‚ÄúEl aborto practicado por un m√©dico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: ‚Ķ si el embarazo proviene de una violaci√≥n o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deber√° ser requerido para el aborto‚ÄĚ. As√≠, atendiendo a esta disposici√≥n, y frente a una extendida pr√°ctica fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales y provinciales que ha restringido indebidamente el acceso a los abortos no punibles por parte de las v√≠ctimas de una violaci√≥n, la Corte Suprema de Justicia reafirma, con este pronunciamiento, el imperio del principio de legalidad que prescribe que las leyes est√°n para ser cumplidas, por lo que no puede impedirse a estas v√≠ctimas ejercer su derecho a interrumpir el embarazo conforme lo autoriza el C√≥digo Penal en esta clase de casos.
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* www.sinpermiso.info ‚ÄĒque cita como fuente al Centro de Informaci√≥n Judicial, Argentina.

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