Argentina: Subordinación y servilismo con el FMI

Horacio Rovelli

El 1º de febrero de 2024 se publicó el informe técnico (staff report) del FMI sobre la séptima revisión del programa que el directorio ejecutivo del organismo aprobó en enero, con una detallada descripción de los compromisos económicos que tomó el gobierno de Javier Milei, básicamente la devaluación del 12 de diciembre de 2023 de más de un 100% del peso argentino, con el objetivo de frenar la demanda interna y asegurar el superávit comercial de más del 4% del PIB.

El informe pondera además el ajuste fiscal con el objetivo de alcanzar un superávit primario equivalente al 2% del PIB, al proponerse reducir los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, las transferencias discrecionales a las provincias y a las empresas estatales, y el gasto en infraestructura.

Textualmente, el staff report dice: “Tras la devaluación inicial a mediados de diciembre, el gobierno se compromete a mantener la política cambiaria compatible con los objetivos de acumulación de reservas y un régimen basado en el mercado, por lo que se crea un sistema más sencillo de acceso a las importaciones, basado en reglas, junto con un plan para hacer frente al gran sobreendeudamiento comercial, con una cantidad limitada de instrumentos a los importadores que registren debidamente sus deudas comerciales”.

Dos párrafos más adelante, asevera: “Las nuevas autoridades se comprometen a eliminar todas las restricciones cambiarias a corto plazo. Por caso, desmantelar el impuesto PAIS a fin de año. En conjunto, se espera que estas políticas conduzcan a una importante acumulación de reservas hasta finales de 2024 (US$ 10.000 millones), y crear las condiciones para un retorno a la suficiencia de reservas a medio plazo”.

En el año 2024 el gobierno argentino cumplió con creces el acuerdo, pero en abril de 2025 el programa monetario y cambiario colapsó. Hasta el 10 de abril el Banco Central vendió 428 millones de dólares de las reservas internacionales, y había perdido reservas por 3.378 millones en lo que iba del año. A su vez, el riesgo país medido por el JP Morgan llegó a orillar los 1.000 puntos a comienzos de la semana del lunes 7 y cerró en 889 puntos el jueves 10 de abril.

La intervención del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el lunes 14 de abril de 2025, en su carácter de gobernador de Estados Unidos ante el FMI, hizo que se ampliara el crédito del organismo internacional a la Argentina de Milei en 20.000 millones de dólares, girando en efectivo ese mismo día 12.000 millones de dólares (y en agosto de 2025 otros 2.000 millones).

Tras las elecciones del 7 de septiembre, en la Provincia de Buenos Aires se produce una nueva corrida cambiaria, el tipo de cambio oficial pasó de 1.180 pesos el 15 de abril a 1.392 pesos el viernes 5 de septiembre (y llegó a 1.521 el viernes 24 de octubre de 2025). En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó el 16 de octubre a Washington para verse con la directora general del FMI, Kristalina Georgieva. El organismo comunicó brevemente entonces: “El FMI fue informado de las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de divisas, que, según explicaron las autoridades argentinas, fueron una respuesta temporal al aumento de la volatilidad del mercado”.

También tuvo en esa oportunidad reuniones con directivos de JP Morgan, Bank Of America, BlackRock y otros. Se llegó a hablar de un préstamo sindicalizado encabezado por el primero de los nombrados, pero exigieron garantías que el gobierno argentino no obtuvo. El 20 de octubre de 2025 se firmó un acuerdo de swaps (intercambio de moneda) con los Estados Unidos por 20.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron efectivamente 2.541 millones, que fueron devueltos en su totalidad antes de ese finde año.

Luego de las elecciones de 26 de octubre de 2025, grandes empresas locales y extranjeras colocaron obligaciones negociables en el mercado internacional, y lo mismo hicieron los gobiernos provinciales de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Chubut, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aumentando la oferta de divisas en el mercado local, dato que sumado al superávit comercial explica el freno al precio del dólar en la coyuntura.

Segunda revisión del FMI

El directorio del FMI y las autoridades argentinas alcanzaron el jueves 21 de mayo un acuerdo sobre la segunda revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 48 meses, que permite el acceso de 1.000 millones de dólares estadounidenses (que forman parte de los 20.000 millones acordados el 14 de abril de 2025, de los cuales ya habían ingresado a la Argentina 14.000 millones).

En el acuerdo, el FMI pondera avances en materia legislativa: “Se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por el Congreso de la Nación del Presupuesto 2026 (cuyo artículo primero subordina todos los gastos al pago de los servicios de la deuda), y una legislación de reforma crucial: 1) Inocencia Fiscal que formaliza la tenencia de activos financieros por parte de los residentes (no dice que va en contra de los acuerdos del GAFI sobre lavado de activos al no exigir explicar el origen de los fondos); 2) Reforma laboral; y 3) Desbloquear inversiones en minería (modifican la ley 23.696 de proyección de glaciares y periglaciares)”.

Y, a su vez, reconoce como logros:

1. Los acuerdos de libre comercio de la Argentina con la Unión Europea y los Estados Unidos;
2. Que las empresas extranjeras hayan podido repatriar dividendos por primera vez en seis años. (De allí que se jactara Santiago Bausili exactamente de lo mismo cuando presentó el 18 de mayo el programa monetario para el resto de 2026 y un esbozo para 2027.);
3. Ajuste fiscal con un superávit primario del 1,4% del PBI para 2026; y
4. El hecho de trabajar en forma conjunta con técnicos del FMI en la reforma tributaria y previsional para “mejorar aún más la calidad y la durabilidad del pilar fiscal”.

Sin embargo, con respecto al superávit primario (que pondera), en los anexos afirma que se obtiene porque se capitalizan intereses en los títulos (se refiere a las LECAP y los BONCAP) pero que, en realidad, de haberse pagado esos intereses en el ejercicio fiscal 2025, se hubiera incurrido en un déficit cercano al 0,8% del PIB.

Paralelamente, el FMI recomienda:

1. Mantener el ancla fiscal mediante la reducción de subsidios a la energía, la contención del gasto discrecional y una mejor focalización de las transferencias sociales;
2. Que las tasas de interés sean positivas (por encima de la inflación) y darle centralidad a la política monetaria (por supuesto, no contempla ni advierte el grado de morosidad de las familias y de las empresas). La política monetaria, afirma el FMI, “se mantendrá adecuadamente restrictiva para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación” (sic);
3. Que se trabaje en un índice de precios que refleje mejor el consumo de las familias en la actualidad (el FMI no confía en la medición del IPC del INDEC);
4. Reduce la meta de compra de dólares por parte del BCRA acordado para 2026 a 8.000 millones (en lugar de 10.000);
5. Exige avanzar con cambios en el sistema tributario (incluyendo una ampliación del impuesto a las Ganancias, reduciendo el mínimo no imponible de la IV categoría-gravamen al trabajo) y modificaciones al Monotributo para que aumente la contribución; y
6. Modificaciones en el régimen previsional, que representa el 40% del presupuesto de la Administración Nacional, para reducir su gasto.

Reformas estructurales

En los considerandos y en las recomendaciones se plantea:

• Eliminar el impuesto al Crédito y Débito bancario (cheques), del 0,6% en ambos casos, que en 2025 recaudó una suma equivalente a casi 10.000 millones de dólares y que se asigna en su totalidad al SIPA (Sistema Previsional Argentino), con algunas excepciones por compensaciones y cómputos que benefician por ejemplo al RIGI, etc.
• En diciembre de 2024 se dejó de recaudar el Impuesto PAIS que gravaba la compra de divisas, que representó ese año el equivalente a 6.700 millones de dólares y que en un 70% se destinaba al SIPA y al PAMI.

Tanto la eliminación del Impuesto PAIS como la pretendida eliminación del impuesto al cheque desfinancian al sistema previsional, cuyo índice de movilidad por decreto 274/2024 es el ajuste por inflación con dos meses de atraso. Como a su vez el FMI recomienda mejorar el índice de precios con una canasta actualizada, es de prever que el gobierno esté trabajando en cambiar el sistema de actualización de haberes para los nuevos jubilados y pensionados, e incluso para aquellos que lograron el beneficio previsional con moratorias.

El total de jubilados y pensionados de la ANSeS suma unos 7.200.000 beneficiarios, de los cuales 5,7 millones son jubilados. Del total de jubilados, solo 1,8 millones tienen 30 años o más de servicios, mientras los 3,9 millones restantes completaron los aportes acogiéndose a la moratoria. Por lo tanto, van a tratar de emplear un índice de movilidad previsional menor para los que se jubilaron con moratoria y para nuevos jubilados y pensionados.

• El FMI también propone que la Nación acuerde con las provincias la disminución del IIBB (Impuesto a los Ingresos Brutos), que es el principal tributo de las jurisdicciones sub nacionales (en promedio en 2025 representó el 78,7% de los ingresos impositivos de las provincias).

Recordemos que Cesar Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asoc, expresó que una forma de reducir impuestos sería eliminando el régimen de coparticipación, y otorgando a las provincias facultades plenas para cobrar impuestos directos, como Ganancias, y sugirió que las provincias cobren parte del IVA, y eliminar Ingresos Brutos.

De esa manera retroceden a enero de 1932, cuando José Félix Uriburu, el primer Presidente de facto de la Argentina tras derrocar a Hipólito Yrigoyen, creó el “impuesto a los réditos”, como se conoció inicialmente al Impuesto a las Ganancias. La Constitución Nacional establece que los impuestos directos, como Ganancias, solo pueden ser cobrados por las provincias, pero la competencia de las provincias entre sí, reduciendo la alícuota para que se realicen inversiones en ellas, fue el motivo por el cual decidieron delegar esa facultad a la DGI por un tiempo determinado y en situación de emergencia económica. A esto se deben las sucesivas prórrogas cada diez años desde el momento mismo de su creación, tras ser tratado en el Senado de la Nación.

• El FMI le propone al gobierno que reduzca hasta llegar a su eliminación el llamado “gasto tributario”, que es el impuesto que no se cobra (monto de ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar exenciones, alícuotas reducidas, deducciones u otros beneficios impositivos). Por ejemplo, el Régimen de promoción de Tierra del Fuego, los bonos de crédito fiscal y de reducción de alícuotas en el Impuesto a las Ganancias para fomentar la innovación tecnológica, exenciones en el IVA (servicios de salud, transporte público y ciertos productos de la canasta básica alimentaria), las actividades agropecuarias, cooperativas o mutuales que tienen tratamientos impositivos diferenciales, etcétera.

• El FMI propone que se incremente la base de contribuyentes en el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría (trabajadores), para que alcance al 20% de los asalariados, como en 2019 (gobierno de Macri).

Los últimos datos de la Secretaría de Trabajo muestran que el universo de trabajadores registrados asciende a 12.878.900 personas, entre asalariados privados, empleados públicos, monotributistas, autónomos y trabajadoras de casas particulares. Aunque el informe no cuantifica cuántos nuevos contribuyentes deberían incorporarse al impuesto, volver a niveles similares a los de 2019 implicaría que no menos de un millón de trabajadores se sumen a los 999.500 asalariados que pagan el impuesto.

Con respecto a los monotributistas, el sistema nació para permitir “blanquear” parte de la informalidad laboral, aunque debería ser mejor fiscalizado para el caso de comercios y servicios que se disfrazan de monotributistas y no lo son, lo cual no significa que se incrementaría el pago del mismo en forma generalizada.

En síntesis

El FMI representa a las naciones más ricas, que son las que más aportan y que por ende tienen mayor poder de voto en las decisiones. Estados Unidos es el mayor aportante y el único país que tiene poder de veto. Detrás de esos países están sus grandes empresas, esencialmente financieras, y los planes de estabilización han sido para los países dependientes con un mismo esquema, que prioriza el ajuste económico y fiscal para garantizar el pago de los servicios de la deuda. Los gobiernos serviles lo adoptan como eje troncal de su política.

Así lo viene haciendo el gobierno de Milei, que el FMI pondera y al que a la vez le exige su profundización y generalización. Sin embargo, nada dice sobre su obligación de auditar en qué se invierten y/o cuál es el destino de los fondos que presta.

Dan recomendaciones y hasta critican la política monetaria de los empleados del JP Morgan en la Argentina, pero no dicen una palabra sobre el Balance Cambiario del BCRA, que en 28 meses de gestión Caputo-Bausili permitió que “Personas Humanas” –así se llama la cuenta– compraran 54.644 millones de dólares.

También guardan silencio sobre un dato publicado en el informe del Balance Cambiario del BCRA de abril de 2026 (publicado el 29 de mayo último), que dice textualmente:

“En abril, las ‘Personas humanas’ realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por U$D 2.292 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,5 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por U$D 2.727 millones), mientras que unos 750 mil vendieron (ventas brutas por U$D 435 millones). Además, registraron compras netas de divisas sin fines específicos por U$D 583 millones”.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).