Colombia, un país en concesión

 Susan Abad*

En su discurso de toma de posesión el 7 de agosto pasado, el presidente Juan Manuel Santos fue enfático al asegurar que en su gobierno serían cinco las locomotoras que halarían a Colombia hacia el progreso: vivienda, infraestructura, minería, agricultura e innovación. En opinión de expertos ambientalistas, en el caso de la minería, el correr hacia el progreso está dejando debajo de los rieles la sostenibilidad ambiental y cultural del país.

 

Colombia conserva las mayores reservas carboníferas de América Latina, además de poseer oro, plata, platino, esmeraldas, níquel, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y titanio.

“Esta riqueza, unida a las favorables leyes que rigen esta actividad, determina que en la actualidad el 40% del territorio colombiano está solicitado en concesión para hacer minería”, asegura a Noticias Aliadas Mario Valencia, de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME).

Las cifras oficiales confirman que la explotación de minerales es el gran negocio en Colombia. Autoridades de Comercio Exterior han revelado que más del 85% de la inversión extranjera en el país se encuentra en la extracción de minerales e hidrocarburos. Las estadísticas muestran que entre el 2002 y el 2009 la inversión en este rubro se elevó de US$466 millones a $3 millardos y las exportaciones crecieron de $2.8 millardos a $8.1 millardos.

“Las leyes priorizan sólo lo económico”, asegura Juana Díaz, vocera de la Oficina de Territorios y Biodiversidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “En el 2001 se reformó el Código de Minas con la ley 685 que resultó muy exitosa para las grandes empresas. Se pierde entonces la primacía de la propiedad estatal sobre los territorios mineros y la inclusión de elementos de protección ambiental y el reconocimiento de zonas artesanales mineras.

Asimismo, coloca unas exigencias que sólo pueden cumplir las empresas multinacionales en cuanto a infraestructura, a maquinaria y algo más grave aún, eliminó el requisito de licencia ambiental para la exploración”.

Grandes impactos 

Sin embargo, la bonanza económica “no concilia con lo ambiental y lo social y existen muchos otros costos que difícilmente pueden ser valorados. Se están extrayendo recursos naturales no renovables causando un gran impacto en el patrimonio colectivo de los colombianos. Se expiden los títulos mineros sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de calificación. Ha sido un sistema plagado de falta de visión y de irregularidades”, dice Juan Mayr, ex ministro del Medio Ambiente y asesor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

se está consolidando una inversión extranjera, especialmente en minería y palmicultura, que está relacionada con el desplazamiento forzado”, ha dicho Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). “Un 32% de las 280,000 personas desplazadas que se registraron en Colombia en el 2010 ocurrieron en zonas donde esas dos actividades económicas se han incrementado notoriamente”.

Y dentro de este marco, el gobierno tomó medidas —como iniciar visitas sorpresivas a las minas, caducidad de permiso por inseguridad, aumento de monto de multas y prevé la creación de la Agencia Nacional de Minerales— para regularizar a la pequeña minería, que según afirma es la mayor causante de contaminación, sega más vidas por su informalidad y se ha convertido en una nueva fuente de financiación para los grupos ilegales.

Sin embargo, Valencia considera que es una forma de sacar del negocio a estos mineros para entregar las concesiones a grandes empresas.“En Colombia hay más de 2 millones de mineros artesanales, a pequeña escala, que desde hace mucho tiempo han sobrevivido gracias a esta actividad, y el gobierno está tratando de quitarles ese sustento y entregar la explotación a los grandes proyectos mineros”, afirma. “De forma amañada ha ido metiendo en el mismo costal a la minería artesanal con la ilegal, entonces adquiere la autorización para perseguirlos por igual y allana el camino a las grandes transnacionales”. 

*Periodista de Noticias Aliadas, desde Bogotá

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